Los Consejos Municipales y Departamentales de Desarrollo Rural (Cmdr y Cddr) son figuras de la institucionalidad rural, agropecuaria y pesquera del país que, teniendo un marco legal vigente (ley 101 de 1993), cuentan con gran potencial para ser espacios de coordinación territorial de todo a lo que atañe a la ruralidad colombiana.
Como sucede con muchas normas legales, sus predicamentos son consistentes y coherentes, pero su desarrollo institucional resulta mínimo y precario. ¿Cuántos Cmdr y Cddr están operando efectivamente en los 11.222 municipios de Colombia y en los 32 departamentos del país? ¿Cuántos Cmdr y Cddr están soportando las actividades cotidianas de las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural departamentales? ¿Cómo estas instancias de concertación y participación dan insumos desde la misma base de los territorios a esa otra instancia consultiva para el Gobierno nacional que es el Consejo Nacional de Secretarias de Agricultura Consa? ¿Cómo es la articulación de los Cmdr y Cddr en nuestro departamento?
Responder esas preguntas llevan a una segura conclusión: existen a nivel municipal, departamental y nacional, grandes retos por asumir en el desarrollo institucional de esta figura legal.
Hablar de desarrollo rural con enfoque territorial, provisión intersectorial de bienes públicos a los territorios rurales (educación, salud, cultura, seguridad, saneamiento básico, vivienda, electrificación, conectividad, asistencia técnica y extensión rural, sostenibilidad ambiental, vías, formalización laboral, formación para el trabajo, formalización empresarial, bienestar familiar, recreación y deporte, organización comunal, entre otros), promover el diálogo social anticipatorio a la protesta social y elaborar planes de desarrollo con enfoque territorial Pdet, buscar la priorización de zonas más afectadas por el conflictos Zomac y buscar concertaciones entre pequeños, medianos y grandes productores rurales, promover la acción solidaria entre la economía campesina y la economía agroindustrial, recurrir a diversas figuras de ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio como son las Zidres, los Resguardos Indígenas, Zonas de Reserva Campesinas, Consejos Comunitarios, son todas ellas acciones que hacen urgente, necesario y prioritario que el Gobierno nacional, con todos sus ministerios y agencias estatales, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la cabeza y el liderazgo de todas sus entidades y agencias adscritas, en trabajo concertado con alcaldías y gobernaciones, tengan funcionando de manera coordinada la totalidad de estos espacios de participación y materialización territorial de la política pública de desarrollo rural antes que termine el 2019.
Legalidad también es desarrollo institucional de la ley y las leyes en estos asuntos y materias ya existen. La necesaria reingeniería institucional que requiere la ruralidad colombiana, su racionalización, se puede hacer al mismo tiempo que se ejecutan los diversos instrumentos que promueven las diferentes agencias estatales implicadas en el desarrollo rural, y claro está, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus agencias adscritas liderar el tema, pero ningún de las otras autoridades sectoriales se puede marginar de los retos de la ruralidad colombiana.
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