Es lo que pasa en El Quimbo, central que construye Emgesa en el Alto Magdalena y que afecta siete municipios huilenses. El proyecto cuesta cerca de 900 millones de dólares para generar 400 megavatios, apenas 3% adicional al sistema nacional, que tiene capacidad de 14.420, con un área de embalse de 8.557 hectáreas.   

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), según reportes de acceso público, tiene el 51% de Emgesa y el resto es del grupo italo-español, Endesa. A su vez, la mayoría accionaria de la EEB la mantiene el Distrito Capital. Por lo prescrito en el acuerdo del Concejo de Bogotá, que transformó las empresas de energía, la gestión recae en la multinacional europea.

La opinión está asombrada con las irregularidades institucionales para imponer, a como de lugar, este macro proyecto. El Ministerio de Ambiente, aunque sea de su arbitrio citarla o no, se eximió de efectuar la Audiencia Ambiental donde la comunidad presentara objeciones a la licencia ambiental otorgada aún contra la opinión de la Contraloría y la Procuraduría ambiental. Inexplicablemente, para el mayor desvío del Río Magdalena no se escuchó a la ciudadanía.

El presidente Santos, por su parte, declaró de utilidad pública 35 mil hectáreas adicionales facultando así a Emgesa para expropiar tierras cuando los propietarios se nieguen a transarlas al valor impuesto. En ese caso, y en el de áreas de compensación, no reconoce valores comerciales y tales reparaciones, que para la agricultura deberían hacerse por el tamaño de una UAF (aquí equivalía a 50 hectáreas), se hacen en parcelas de cinco. Los pescadores del sitio y los de aguas abajo antes que recibir garantías para laborar en condiciones iguales o superiores, según se ordena constitucionalmente, han sido reprimidos como se ve en el famoso video que registra miles de reproducciones.

La energía que producirá El Quimbo no será exclusivamente para el mercado interno sino que se proyecta a los externos, exportando de esa forma el agua. El Quimbo, además de ser zona franca y gozar de contrato de estabilidad jurídica, conlleva ganancia adicional y segura, conocida como cargo por confiabilidad, incentivo que significa hasta el 60% del valor bursátil de la energía, es negocio de “burro amarrado”.

Basta agregar que tanta arbitrariedad contra miles de humildes familias rurales, reforzada por la acción abusiva de la fuerza pública, como es costumbre desde las épocas de la United Fruit Company, a favor del más fuerte, tiene una ventaja adicional: el presidente de la Junta Directiva de Emgesa, José Antonio Vargas Lleras, es hermano del ministro del Interior. Así cualquier atropello corre para privatizar los ríos.