El senador Robledo explicó el papel de la firma de abogados, Brigard & Urrutia, en el acaparamiento de más de 40 mil hectáreas en Vichada por el grupo Riopaila-Castilla. Ese bufete fue clave en 2010 en la estructuración de dicho proceso, que viola las leyes agrarias existentes desde 1961, la Constitución del 91 (artículo 64) y sentencias de la Corte Constitucional sobre la función de los baldíos en los fines del Estado Social de Derecho. Brigard & Urrutia lo presenta en su página web como un caso exitoso de uno de sus socios, el doctor, Francisco Uribe Noguera. 

La respuesta del embajador en Washington, Carlos Urrutia, no deja satisfechos ni siquiera a sus “exsocios”; en tanto, al excusar su participación en ese disparate con que “vendió las acciones que le pertenecían” apenas fue nombrado en 2013, indica que los responsables deben buscarlos allá y nada con él. Ello, no obstante, que Urrutia siga apareciendo en la foto de presentación de dicha empresa. (Ver. http://www.bu.com.co/index.php/nuestrafirma/historia).

La asesoría legal, en el capítulo inmobiliario y de agroindustria, consistió en el conocido “cómo hacerle esguinces a la Ley”, un delito. Ya se sabe que las 27 SAS creadas, con el doctor Uribe Noguera como único accionista de todas ellas, es, ante la prohibición legal de acumular más de una UAF, la forma de comprar por separado de a 1.300 hectáreas cada una, para un globo total de más de 40 mil. 

Otras empresas como Inverbosques lo han hecho y tal parece que este es el modus operandi implantado por distintos fondos de inversión, nacionales y extranjeros, que han entrado en el ilegítimo terreno de la usurpación de baldíos.

Fuera de esto, está por conocerse: ¿Quiénes fueron los vendedores? ¿Uno o varios?; Igualmente, no es claro si -además de la ilegalidad manifiesta- existen otras razones para perfeccionar el negocio en España y consolidar el proceso de acumulación en Luxemburgo una vez esas SAS fueron colocadas, al final, bajo control de un holding en este paraíso fiscal.

Porque una cosa son los pasos que se dieron para transferir los títulos y otra el recorrido del flujo de dinero. ¿De dónde provino? ¿A quién se le pagó? ¿Cómo se registró la operación ante las autoridades de impuestos? (¿Ya la Dian hace la pesquisa respectiva?). Aunque se evidencian  evasiones tributarias, puede pensarse  hasta en lavado de activos y, finalmente, ¿Fue ésta la única “asesoría” de tal tipo de Brigard & Urrutia o es un producto en serie?

Por ahora, faltando mucho, es evidente la violación a la legislación agraria vigente pero además surgen nuevos interrogantes cuyas respuestas el doctor Urrutia y sus “exsocios” tienen pendientes, muy relevantes.