Casi todos los analistas destacaron la movilización social como uno de los hechos más relevantes del año pasado. Se expresaron agricultores de distintas capas sociales y productos; empleados, médicos y demás profesionales de la salud; los empleados de la Rama Judicial, el magisterio y los obreros del petróleo y de las minas de carbón; mineros; usuarios de sistemas de transporte, de los acueductos y de la energía; transportadores urbanos y camioneros; ingenieros, indignados por su exclusión en la ejecución de obras públicas; ambientalistas y comunidades rurales- que se oponen a macroproyectos y a la gran minería- y comunidades urbanas contra planes territoriales que las expulsan de su residencia o que les imponen exageradas contribuciones; madres comunitarias del Icbf, bicitaxistas y mototaxistas; empresarios y trabajadores de calzado... No hubo día sin protesta.
Cada sector se manifestó alrededor de los problemas que más los afecta. El libre comercio agrícola e industrial, los TLC, las aperturas y el contrabando, con la competencia desigual que arruina a la producción nacional; las desmedidas concesiones -algunas ilegales- que se hacen a las multinacionales mineras y de los combustibles; las privatizaciones perversas y el establecimiento del ánimo de lucro en la salud, los servicios públicos y la educación; la estructura tributaria que recae sobre la población sin consultar su capacidad de pago; el favorecimiento descarado a grandes grupos y firmas extranjeras para la construcción de infraestructura; la persecución a la minería regional; el desconocimiento de derechos laborales y la carencia de un empleo digno; los exorbitantes precios, a favor de los oligopolios dominantes, de los medicamentos, las comunicaciones, la gasolina, el ACPM y los fertilizantes; Colombia se levantó indignada contra elementos que se presentan como esenciales del Estado santista.
Hay ahora una nación que se ve impelida a movilizarse en tanto sabe que, de no hacerlo, podría perder la fábrica, el negocio, el empleo, la parcela, el derecho a la vida o los últimos residuos de un mínimo bienestar. Tal actitud contrasta con los publicitados indicadores oficiales que, como está comprobado -y para los funcionarios por una paradoja incomprensible- no reflejan la realidad de la calle o del hogar sencillo o las penurias de las empresas o de las actividades excluidas del círculo de privilegios.
El 2014 no estará exento del “fantasma” de la protesta; los llamados al apaciguamiento social o a la cooptación mediante la “consolidación de un verdadero centro progresista”, como sugiere Gabriel Silva, serán infructuosos mientras se insista en dañar a las mayorías con políticas públicas cuyo favorecido prioritario sea el capital extranjero, no parece ya haber espacio para la conciliación entre el afán desmedido por las altas tasas de ganancia de los magnates y “las aspiraciones populares”.
Finalmente si, como algunos, la terminación del conflicto no es para “llevarnos al cielo, sino para sacarnos del infierno”, cabe preguntar si la verdadera salida del Abismo se franquea -para decenas de millones- si se persiste en los derroteros económicos y sociales vigentes. Con seguridad que no, es incontrovertible.
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