Cuando se recorren las regiones de Colombia puede constatarse que la agricultura - aunque sea sólo 6% del PIB nacional- es fuente de ingreso y empleo de decenas de millones de colombianos pero, así mismo, se verifica el divorcio entre esta realidad y los centros de poder y de decisión en Bogotá.
Es el caso de departamentos como Huila y Tolima, donde se hallan grandes territorios sembrados de café, plátano, mango, panela, aguacate, arroz y maíz soportando sus economías: los cinco primeros son 68% de los cultivos permanentes tolimenses y los otros dos el 90% de sus transitorios y a la vez -en ambas regiones- funcionan como multiplicadores básicos para el consumo y la demanda de otros bienes y primer factor del desarrollo regional.
Estudios del profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva Germán Castañeda, para analizar la economía huilense, que hoy es la mayor productora de café, muestran el siguiente cuadro: su contribución al PIB nacional es sólo del 1,8%; la pobreza monetaria se acerca al 50%; el ingreso de una familia de cuatro personas es inferior a $966.692 y está, junto con Chocó, La Guajira, Cauca y Magdalena, entre los cinco con mayor pobreza extrema. El desempleo pasa del 10% y la informalidad ronda el 50% y, en forma asombrosa, afirma que “el 10% más rico es dueño del 90% de la riqueza”. Solo la agricultura, la construcción y el sector financiero contribuyen a su economía, ya que la manufactura es inexistente.
En el caso del Tolima, la agricultura aporta 15 de cada cien pesos de su economía, que desde 2013, cuando acaeció la gran explosión del sector agropecuario, crece por debajo del promedio nacional. En Ibagué, el 88% de la población es de estratos Uno al Tres, y la pobreza cubre al 17% y al 33% en todo el departamento y, según la Cámara de Comercio, el ingreso por habitante es solo 70% del promedio nacional. El desempleo también se ubica sobre el 10% y en la capital departamental sube hasta 13%, mientras la informalidad es del 58%.
Los dos cultivos emblemáticos en Tolima y Huila, café y arroz, atraviesan un periodo crítico. Los caficultores cada vez presentan mayor pérdida de poder adquisitivo: en 1989, con el valor de una carga de café podían pagar 60 jornales o comprar 1250 kilos de fertilizante o 300 galones de ACPM. A contramano, en 2017, los $800 mil que reciben por igual volumen de grano sólo les alcanzan para pagar 32 jornales o adquirir 500 kilos de fertilizante o menos de 100 galones de Acpm. Sufren una caída a la mitad o a tercias en la relación de precios debido al congelamiento de la cotización internacional y la dependencia del cambio del dólar.
Para los arroceros la situación es peor. Entre febrero de 2016 y noviembre de 2017 el precio de una tonelada de arroz paddy verde cayó de $1’424.750 a $878.857, 40% menos en solo 20 meses. Todo fruto de importaciones -que en 2016 fueron de 332 mil toneladas y 395 mil en 2015 y cuya sustitución irónicamente era el fin del programa “Colombia Siembra”- en tanto la producción nacional, por ende, escaló de más de 2 millones de toneladas en 2015 a 2,9 millones en 2017. La sobreoferta, causada por dichas compras externas que han continuado, en este producto en el cual Colombia es autosuficiente, arruina a los cultivadores, muchos con costos por tonelada de $1’200.000 y que trabajan en tierras arrendadas.
La descripción anterior se puede sintetizar en que la agricultura que prima en vastas zonas del país, en medio de la indiferencia y quizá de las conjuras de los grandes poderes del país, es solo de subsistencia y amenaza ruina y las graves secuelas que ello implica generan paulatinamente un bache mayor entre ellas y las dos o tres principales ciudades. El agro debe retornar a niveles de rentabilidad que redunden en provecho y bienestar para Tolima y Huila.
La publicitada apertura de hace 27 años no solo no eliminó las diferencias entre metrópolis y el resto de Colombia: las agrandó. Esto debe corregirse y para hacerlo se requiere de visiones diferentes a las que han imperado con pésimos balances.
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