Jáder Zuleta, uno de los más importantes industriales del Tolima en el área de confecciones, anunció hace algunas semanas que su empresa CP Company cerraba sus puertas dejando desempleadas a otras 600 personas, muchas de ellas mujeres jefas de hogar, que se sumarán a las ya más de cuarenta mil que en Ibagué están desocupadas.
En tanto esa tragedia socioeconómica se vive, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Hacienda y en conjunto con algunos gremios del comercio y de los importadores, ha demandado ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que imponían un alza en los aranceles de Colombia -que ya rigen consolidados ante la OMC en 23, 18% para confecciones y 10,48% en textiles- hasta 37,9% con aquellos países con los que Colombia no tiene TLC y cuando el precio sea menor o igual a 20 dólares el kilo o una tarifa de 10% al valor declarado más 3 dólares cuando sea mayor.
Se refiere a naciones asiáticas, como China, Vietnam, Bangla Desh y otras que exportan prendas y textiles con niveles laborales y ambientales por debajo de los estándares internacionales mínimos permitidos con la anuencia de las autoridades comerciales colombianas. Hay que conocer que de 13 billones de pesos que los colombianos consumimos al año en ropa solo 7 son de producto nacional, 2 en mercancía con registro de importación y cerca de 4 son de contrabando.
A lo anterior debe agregarse que los costos de la energía y del crédito están muy por encima de lo que valen en los países contra los cuales competimos; esto es, que el denominado costo-país, que atañe al valor de los factores fundamentales de producción, coloca la capacidad nacional de competencia en condiciones de desventaja frente a muchas de las otras economías, a la mayoría. Insólito que el gobierno se dedique a sabotear las justísimas peticiones de los industriales de los textiles y las confecciones y no se esfuerce por corregir los males estructurales que les quitan competitividad.
Todas estas deficiencias se agravan en las actuales circunstancias de la economía mundial, de lo que han llamado “guerras” o “tensiones” comerciales, que no es otra cosa que la forma, con Estados Unidos a la cabeza y en forma arbitraria y a la fuerza, como se están moviendo los grandes poderes mundiales para sobreponerse en medio de una crisis de superproducción –que se manifiesta en casi todos los sectores- y que han llevado incluso a que reconocidas marcas globales hayan quemado decenas de millones de dólares de inventarios de prendas de vestir que no lograron colocar en el mercado. Mientras todo esto pasa, Duque persigue a sus propios empresarios. Insólito.
Por esto tiene toda la razón la Cámara Colombiana de la Confección cuando convoca a una movilización para el próximo 22 de agosto de empresarios, trabajadores y de la sociedad en general para refrendar públicamente la justeza de sus peticiones de adecuada protección y de duro cuestionamiento al gobierno que los dejó abandonados a su suerte y que los agrede sometiendo al aparato fabril a inicuas y asimétricas modalidades de competencia.
Razón tiene Jorge Enrique Robledo cuando dice que en últimas se trata de definir cuáles fábricas de las diversas mercancías -en el contexto global- van a cerrar y cuáles se mantendrán abiertas. Por lo visto, Iván Duque decidió que las colombianas serían cosa del pasado.
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