Con la llegada de Gustavo Petro al poder, múltiples reformas y actos legislativos han empezado a tramitarse a través del Congreso de la República. Desde sus primeros debates en campaña, los primeros atisbos de sus reformas más polémicas y estructurales entraron en el radar de los colombianos que apoyaron su propuesta política. 

A propósito de la culminación del primer periodo legislativo del Congreso el pasado 16 de diciembre, mucho se ha deliberado en las diferentes esferas políticas sobre los trámites que, poco a poco, ha ido concretando el Presidente, de la mano del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

En lo corrido de 2022, el Gobierno ha logrado tramitar la reforma tributaria, la ‘Paz Total’, la creación del Ministerio de la Igualdad, la puesta en marcha de los ‘Diálogos Regionales Vinculantes’ y la revisión del Presupuesto General de la Nación, además de algunos avances en la reforma política y la reforma rural integral del Acuerdo de Paz.

Ad portas de comenzar el 2023, el presidente Petro tiene ‘en remojo’ otros proyectos legislativos que también podrían incidir a profundidad en las regionales, al margen de los debates que puedan acaecer en su consolidación.

En ese sentido, para el próximo año se espera que se concreten las reformas a la salud, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la justicia, reforma a la educación superior o Ley 30 y la eliminación o transformación de la Procuraduría.

La gestión del Congreso

Desde su llegada a la Presidencia, la estructura política del Pacto Histórico se ha concentrado en tramitar los proyectos que, en el próximo cuatrienio, jugarán un papel importante para sacar adelante las propuestas políticas de Gustavo Petro.

Y no es un hecho menor, toda vez que múltiples críticas han aterrizado sobre su gestión y la manera en la que el Congreso ha estado tramitando, según analistas y opositores políticos, todo lo que el Gobierno ha estado necesitando, en tiempo record y con buenos resultados en términos de mayorías, lo anterior hilado al ‘frente amplio’ que ha acompañado durante los últimos meses al Presidente.

En diálogo con el analista político, John Mario González, expresó que si en algo le ha ido bien al gobierno Petro ha sido en su agenda legislativa, la cual la calificó como una “verdadera aplanadora. 

“Es usual, por ejemplo, que los gobiernos batallen con una reforma tributaria hasta el fin de las sesiones ordinarias e incluso en sesiones extraordinarias. Pero en el gobierno Petro se aprobó casi dos meses antes”, añadió González.

‘La tributaria’ generó opinión en su momento entre los legisladores de la región, luego de que semanas atrás, se cuestionara la asignación que tuvo el Tolima frente al presupuesto del próximo año, el cual sería supuestamente ‘subsanado’ con el recaudo de la reforma tributaria, toda vez que el mismo solo tuvo un incremento del 9,3 %.

Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, apuntó que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad alrededor de las reformas en curso. 

“Tienen la responsabilidad de evaluarlo y encontrar una respuesta institucional democrática y que favorezca el fortalecimiento del Estado. No se pueden avanzar en reformas que tengan tintes personalistas”, apuntó.

Y refirió: “Sobre la reforma política, comparto el criterio que ha sido expresado por parlamentarios de partidos políticos minoritarios, donde advierte el gran riesgo que padecen. El esfuerzo de algunas colectividades de mantenerse vigentes, en contra de las grandes estructuras, es necesario trabajarlo para no limitarlos”.

A su vez, Reyes le cuestionó a la reforma el tema de los financiamientos, toda vez que “uno siempre quisiera es que hubiera la menor interferencia externa posible, sin embargo, en este proyecto de ley no ataca ese asunto. Dice que los partidos podrán ser financiados por el Estado pero no ataca el origen de los financiamientos ‘de dudosa procedencia’”. 

Frente a la próxima reforma tributaria, Reyes contempló para el próximo año: “La nueva reforma tributaria territorial se presentará en el primer semestre del año entrante para los departamentos y municipios, la cual aspira a organizar su sistema tributario. 

“Somos conscientes de que es necesario fortalecer estos entes por los gastos tan rígidos, pero estudios realizados por expertos planteó que el impuesto de industria y comercio debería eliminarse por unos nuevos impuestos de rentas para las entidades territoriales”.

Y apostilló: “Desde hace muchos años el país está necesitando un nuevo sistema tributario que ayude a disminuir inequidades y disparidades interdepartamentales. Si no se logra, no vamos a poder avanzar en términos de desarrollo”.

Por otra parte, para González, el inconveniente es que el grueso de los proyectos de la agenda legislativa del gobierno son errados y representarán un desgaste o un retroceso en varios frentes para el país. 

“Ejemplos de ello son la reforma política. Allí no hay absolutamente nada que vaya a conducir a un mejor encauzamiento institucional de la política. La lista cerrada, que en realidad lo que se pretende es que sea bloqueada, no pasará más allá del sexto de los ocho debates de la reforma constitucional porque simple y sencillamente no permitiría la reelección de la mayoría de los actuales congresistas”, precisó el analista.

Otro tópico que causó malestar, trae a colación la consolidación de la figura de los ‘voceros de paz’, la cual ampara a todos los manifestantes que terminaron con en líos judiciales durante el Paro Nacional de 2021, asunto que generó ‘agruras’ políticas entre sectores de oposición.

“Otro ejemplo es el desgaste político al que ha sometido al país con las facultades para la liberación de los detenidos de la ‘primera línea’ incorporados en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, o Ley de orden público. Una ley que normalmente es de un trámite sencillo, de facultades para acercamientos de paz, el gobierno la ha convertido en una gran discusión política con el escuálido resultado de la liberación de apenas siete detenidos. 

“Es que en realidad el Gobierno no tiene facultades para más sin quebrar el Estado de derecho”, expuso González.

Y añade sobre otro ‘neurálgico’ proyecto: “Habría que mencionar el apoyo a un proyecto como el uso recreativo de la marihuana con el argumento de los potenciales ingresos económicos de dicha ‘industria’, como si no hubiera más actividades productivas para realizar. 

“Un apoyo del Gobierno a una iniciativa sin estudios clínicos serios, pues no es lo mismo fumar marihuana a los 25 que a los 14 años. El consumo de marihuana en una edad menor a los 20 años destruye el chip de la memoria y una persona sin memoria queda con una utilidad en la vida muy reducida”.

Los ojos sobre el 2023

En cuanto a las reformas ‘pendientes’ para el próximo año, todo indica que habrán opiniones divididas, tal y como sucedió con los proyectos de ley ya tramitados. Finalmente, para González, lo que viene será un “retroceso que significará lo que ha delineado o anunciado el gobierno en materia de salud, que implicará un retroceso de 30 años; o lo que también ha delineado el gobierno en materia de reforma pensional. Insisto, es un Gobierno con mucha capacidad política, que está gozando todavía de la luna de miel, pero con una agenda legislativa con malos diagnósticos sobre los verdaderos problemas del país”.

Al cierre del periodo ordinario, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que le solicitó al gobierno convocar al Congreso de la República a sesiones extras desde el 7 de febrero para empezar a discutir reformas claves.

“Le he pedido al presidente Petro que cite sesiones extras a partir del 7 de febrero para aprobar las reformas sociales, promesas del mandato del Pacto”, señaló Barreras, quien recordó que espera el trámite de la ley sometimiento y las reformas laboral, pensional y de salud, que anunciado el gobierno llevará al Congreso.

El periodo ordinario de sesiones del Congreso en el primer semestre del año va del 16 de marzo al 20 de junio, pero para 2023 se deberá estudiar y votar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que debe citar a extras.