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En días recientes, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los delitos imputados incluyen toma de rehenes, homicidio, tratos crueles, desaparición forzada y violencia sexual, en el marco del Caso 01 que abarca todo lo relacionado con el secuestro,.
La magistrada de la sala, Julieta Lemaitre Ripoll, habló con esta redacción en donde compartió detalles y parte de la construcción histórica que logró concretar la JEP.
La Magistrada, fue la autora y líder del auto 001 sobre el secuestro, el primero de la JEP. Imputó por crímenes de lesa humanidad a ocho ex miembros del Secretariado de las Farc dentro de los cuales se encuentra Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en las Farc. Esa imputación ha servido como modelo de aproximación a otros casos de la JEP.
Precisiones sobre el secuestro
EL NUEVO DÍA: La Sala de Reconocimiento, imputó recientemente a los comparecientes involucrados en el Caso 01 sobre secuestro. El Tolima tuvo un importante aporte a la construcción del macrocaso, ¿qué apuntes puede compartir?
Julieta Lemaitre Ripoll: Esta es la primera imputación regional que hacemos. Lo que hace el macrocaso es, primero, contar el contexto de cómo llegan las Farc-EP al Tolima, porque la gente siempre piensa que se originaron en la región, lo cual es cierto, pero ellos salen del departamento en los años sesenta, y se van para el Cauca algunos, y otros para los ríos que bajan de la cordillera oriental.
Ellos regresan al Tolima en los años ochenta, diciendo que es su territorio. Lo que hacen antes es que tenían una unidad llamada La Móvil, que empezaron siendo treinta, un grupo de gente armada comandada por Manuel Marulanda, y a veces entraba al Tolima, como la vez que mataron a ‘Mariachi’, caso conocido por aquí, pero se regresaban.
E.N.D.: ¿Desde qué época hay registro de presencia de las Farc-EP en Tolima, según la JEP?
J.L.R.: En 1982, las Farc-EP toma la decisión de concretar un ejército agresivo, que buscaba la toma del poder. Ellos hasta ahí, tenían unos territorios los cuales defendían del Estado. Uno de los primeros sitios a los que ingresan es Tolima y forman los frentes 21 y 25.
Crecen lentamente en los ochenta, pero se consolidan en la década de los noventa con la creación del Comando Conjunto Central, que es principalmente el Tolima, con ‘pedacitos’ del Huila, Quindío, incluso de Cundinamarca por el Sumapaz. Se ubicaron principalmente en el suroccidente y suroriente del Tolima, en el Cañón de las Hermosas.
Al inicio del auto, contamos cómo fue todo su crecimiento, qué hizo ‘Adán Izquierdo’, la muerte de Jerónimo Galeano y cómo fue la confrontación con el Bloque Tolima de las autodefensas y el Ejército Nacional.
El Comando Conjunto Central se disuelve en el 2015, pero desde el 2011 empieza un gran declive cuando muere ‘Alfonso Cano’ y Jerónimo Galeano, que muere el mismo año. El gran impacto en el Tolima es el secuestro, porque a inicios de los noventa se alcanzan a financiar de la bonanza de la amapola, pero eso se acaba rápido y se quedan sin la plata que les aportaba las economías ilegales.
E.N.D.: ¿Cómo se financiaban si tenían las limitantes de no lucrarse del mercado ilícito?
J.L.R.: Hubo un poco de minería ilegal en Ataco, pero esa plata entraba directamente al secretariado de las Farc-EP. Los que estaban en el Tolima dependían principalmente de la extorsión y el secuestro.
Y ellos crean, lo que destaca la zona, la Comisión Financiera Manuelita Saenz que dependía directamente de Adán Izquierdo y Jerónimo Galeano, según la época, muy cercano con Alfonso Cano, y se dedican a sacar lo que llamaban ‘la nómina’, a identificar cuáles eran las principales personas, por sectores, que mayores ingresos recibían de la industria cafetera, arrocera y demás. Les ponían una cuota, y si no la pagaban, los secuestraban.
Lo que ellos cuentan es que la presión por conseguir dinero era mucho porque los otros bloques los alivia el dinero de las economías ilícitas. La gente que integró la Comisión Financiera Manuelita Saenz se movían estratégicamente por los pueblos, lo que derivó en la creación de una red de extorsión que era eficiente. Lo hacían en las zonas con presencia de industrias y en el eje Girardot - Melgar.
E.N.D.: ¿Qué información se tiene respecto a las víctimas?
J.L.R.: Tenemos un registro de una cantidad de hechos que las víctimas nos han contado y que nos aportan detalles. El número de víctimas aumentó a finales de junio, hay alrededor de 155 víctimas entre familias y afectados directos del secuestro.
En nuestra comprensión del secuestro, fue un crímen no solamente contra la persona secuestrada sino contra la familia. A veces los que vienen y participan son los familiares, sobre todo si la persona está muerta o desaparecida. Las familias tienen su propia historia de sufrimiento.
E.N.D.: ¿Qué le contaron las víctimas desde su posición?
J.L.R.: Las víctimas que vienen a intervenir en la JEP, son personas que tienen alguna pregunta que no les han respondido. Ahí lo típico que uno piensa es en la familia que está buscando su ser querido dado por desaparecido, pero cada familia tiene su propio proceso.
La mayoría buscan un alivio al sufrimiento, al recuerdo. Algunos quieren encarar a sus victimarios, otros quienes averiguar algún dato. Otros quieren que alguna autoridad judicial los escuche. Nosotros tratamos de entender qué quieren, y en la medida de lo posible facilitarlo. Nos sirve porque nos cuenta varias cosas sobre el secuestro que no registró la justicia ordinaria.
E.N.D.: Dentro de las sanciones propias que se hayan explorado para los diez comparecientes imputados, ¿qué pondrán a hacer a quienes acepten su responsabilidad?
J.L.R.: La propuesta que hizo el último secretariado, tiene la vocación de incluir a todos los mandos medios, pero eso lo decide el Tribunal. Hay una que toma importancia que es la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Generalmente, un paradero específico lo tienen quienes enterraron el cadáver.
Ese dato específico es difícil de encontrar, porque los jefes se enteraban únicamente del asesinato, pero no dónde estaban. Por eso es importante la labor de búsqueda que proponen como trabajo, que va desde las entrevistas hasta los soldados rasos sobrevivientes, para revisar dónde podría ser el terreno que guarda a los desaparecidos.
E.N.D.: ¿Habrá posibilidad de ver un encuentro entre las víctimas y los comparecientes?
J.L.R.: Una de las cosas que más le sugerimos al Tribunal. Hay dos tipos de encuentros, nosotros hacemos una diligencia al final donde se encuentran, porque todo el proceso nuestro es recibir los informes de la sociedad civil y del Estado, y pedir versiones a los comparecientes.
Ellos ven los relatos de las víctimas y rinden descargos. Luego se da la diligencia, entre víctimas y comparecientes, y dan sus opiniones frente a lo dicho por los comparecientes, en un acto público donde muestran sus posturas.
Con eso, llegamos a una conclusión y le decimos a los comparecientes lo que la Sala de Reconocimiento cree que pasó. Si ellos aceptan, habrá otra diligencia frente a las víctimas, donde deberán reconocer su responsabilidad y reconocer el daño que causaron. Los que no reconocen, tienen derecho a un juicio donde la pena es cárcel, a menos que prueben su inocencia.
E.N.D.: En sus palabras, ¿cómo cree que aporta los avances de los macrocasos en la implementación del Sistema Integral para la Paz en Tolima?
J.L.R.: En Tolima, judicialmente, he visto un conflicto que se pierde en las generaciones. Por ejemplo, el Bloque Central Tolima en parte lo forman las guerrillas liberales, los ‘limpios’, que sí se desmovilizaron con el Frente Nacional y se pelearon con las guerrillas comunistas.
Entonces los comparecientes que son de la zona dicen que son de un apellido y dan cuenta de historias en las que la gente comete crímenes, y también los que soportó su familia en retaliación. Creo que la forma de funcionar de la JEP, que es sacar a la luz todo, de pronto podría dar pie a una construcción de futuro donde no se hereden estas disputas.
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