El Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco resolvió una tutela, en primera instancia, en contra de la Administración del Municipio, a la que obliga entregar a Lohi SAS, la maquinaria incautada el pasado 3 de agosto, situación que fue materia de escándalo y que generó un enfrentamiento entre la mandataria local, Carolina Rodríguez, y el exsenador Mauricio Jaramillo, por el paso de estos equipos a una explotación minera y por una presunta presión por parte del dirigente liberal contra la mandataria de Cambio Radical.

Lo que vino después fue otro enfrentamiento público entre Éver Navarro, secretario General de la Gobernación y Carmen Sofía Bonilla, directora de Cortolima, por el hecho de que aparezca una licencia ambiental para un particular en esta zona, proceso que no se socializó ante los interesados.
    
Acción
Pues bien, el representante legal de Lohi SAS en Ataco, Rigoberto López, instauró una acción pública de tutela buscando que se respetara el derecho fundamental al debido proceso, pues la concesión HF5-113 y la licencia ambiental expedida por Cortolima, mediante resolución 4344 de diciembre de 2010, a nombre de Elsy Pacheco de Ospina, no solo eran legales, sino que la compañía como operadora de la concesión estaba legalmente facultada para ingresar la maquinaria.

Se conoció que la alcaldesa Rodríguez, el 27 de julio de 2011, expidió permiso para instalar en el área de servidumbre, a favor de Lohi SAS, cuatro postes de luz, un transformador y realizar las conexiones eléctricas de alta tensión, y más adelante sacó la resolución 442 del 9 de agosto revocando esta actuación, lo que llevó a López a pedir, dentro de la tutela, que se actuara frente a este acto administrativo.

A su favor
La Administración municipal alegó a su favor que no podía conocer la concesión HF5-113, porque eso sucedió en un Gobierno anterior.

Adicionalmente, indicó que la concesión y la licencia solamente le fueron notificadas el 11 de agosto de 2011 de manera oficial.

Rodríguez, se amparó en el decreto 0133 de enero de 2011 expedido por la Gobernación que prohíbe el paso de esta maquinaria en atención a los problemas de maquinaria ilegal en la zona.

Sin embargo, en esta oportunidad, el Juzgado Promiscuo de Ataco resolvió tutelar el derecho fundamental al debido proceso accionado por Lohi SAS; esto significa que desde el 25 de agosto, la mandataria contaba con 48 horas, para entregar los equipos incautados por la Policía, que consisten en dos excavadoras de cadena con brazo monoloc y cazo de mil 600 centímetros cúbicos, marca Kotmastu PC 340.

Para Mireya Ariza, representante general de la empresa y miembro del Tribunal de Garantía del Partido Liberal, quien le pidió el favor a Jaramillo de interceder por la maquinaria ante Rodríguez, “el argumento esgrimido por la administración municipal en cabeza de su alcaldesa ha quedado sin fundamento alguno, toda vez que el citado decreto 0133 se refiere es al transporte de maquinaria ilegal y en el caso que nos ocupa ello no ocurre puesto que existe el referido contrato, licencia o permiso ambiental”

La realidad señala que el polémico proyecto minero de Pacheco y Lohi SAS cuenta con la maquinaria, pero no con la energía eléctrica todavía ni con el permiso de servidumbre, pues el Juzgado sostuvo que la tutela es improcedente para resolver este último aspecto, por lo que aconsejó a los querellantes resolver esto ante otros mecanismos judiciales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

De todas maneras, el Municipio puede apelar la decisión ante una segunda instancia para resolver definitivamente esta situación.