El autor del proyecto, el senador liberal, Alejandro Carlos Chacón, explicó que esta es una ley que está fundamentada en crear una estrategia de alerta para cuando un menor de edad es declarado como perdido por parte de sus familiares, para que de esa forma se actúe a tiempo y poder encontrarlos.

“Esta ley va ser un éxito de este Congreso, le va a dar la oportunidad a los niños, a los familiares, a sus padres, a aquellos que tengan su custodia de reportar la pérdida de un menor”.

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Chacón resalta que al reglamentarse la ley, se deberá máximo en una hora recibir en los celulares la alerta con la información que han dado sus padres o sus cuidadores o por las entidades pertinentes, “para poder bajo el principio de solidaridad todos nosotros los colombianos tener información que en el sector donde nos encontramos, en ese momento en esa zona geográfica se acaba de perder un menor conociendo su foto, conociendo la información de él, autorizada por sus padres y que algunos de nosotros puede ayudarle a esos padres”.

El senador además indicó que este mecanismo ya se encuentra en otros países y Colombia le faltaba empezar a hacer uso de la tecnología. “Agradecemos al Bienestar Familiar que ha estado muy pendiente del trámite de la ley, a la Policía Nacional que ha ayudado a construir esta ley”.

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Recordó que en la discusión fue clave el apoyo del Partido Mira que ha estado siempre atento a estos temas de la infancia. Este proyecto ya se había tramitado pero se hundió en la Cámara porque era ley estatutaria y no tuvo los tiempos que requería.

Esta ley es en nombre de la niña Sara Sofía Galván, quien desapareció en Bogotá a finales de enero de 2021. Según identificaron las autoridades, la menor de 23 meses de edad, fue desaparecida por su propia madre quien además la asesinó, por lo que fue condenada a más de 40 años de prisión por un Juez de la República.

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La ley precisa que un sistema web de la Policía en el cual la ciudadanía podrá reportar información relevante sobre niños desaparecidos. Los datos serán recibidos por la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de fronteras, para prevenir que los menores sean sacados del país.