Debido a la suspensión que Cortolima hizo a los trabajos de Anglogold Ashanti en Doima, la empresa minera decidió instaurar acciones legales contra la autoridad ambiental, según ellos, la resolución se fundamenta en imprecisiones. 

Para la multinacional, la autoridad ambiental utilizó normatividad no aplicable y datos falsos.  

José Gregorio Flórez, gerente de Asuntos Legales de Anglogold Ashanti, en diálogo con EL NUEVO DÍA, afirmó que la empresa se vio en la necesidad de interponer dichas acciones, porque ya se había solicitado la revocatoria directa a la resolución y no se había efectuado.  

“En esta, se había dejado claro que el fundamento que había hecho Cortolima no se ajustaba a la realidad y por el contrario no se ajustaba a las operaciones de Anglogold en Piedras”, comentó el profesional del derecho.  

Indicó que antes de que la multinacional ingresara al municipio enviaron una comunicación a la autoridad ambiental y le manifestó que se adelantarían trabajos hidrogeológicos con miras a la construcción de una infraestructura relacionada al proyecto de La Colosa.  

“Cortolima nos responde y nos dice que esa clase de actividades no requieren ningún tipo de permiso.  

“Ellos (Cortolima) aseguran después de una visita que  se hizo que estábamos haciendo perforaciones para el uso de agua y eso es un supuesto; no consultaron a pesar de que ya habíamos informado”, aseguró Flórez.  

¿Cuál es el delito? 

La demanda va dirigida al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y al jefe de la Oficina Jurídica, José Francisco Montufar.  

Los hechos los involucrarían en un presunto prevaricato por acción, que según el artículo 413 del Código Penal consagra la conducta punible, según la cual el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley incurre en esa sanción.  

Para el abogado de la multinacional, la denuncia tiene cuatro fundamentos básicos, el primero se relaciona con los permisos que estaba exigiendo Cortolima, pero estos,  no son aplicables para el caso de Anglogold.  

“La autoridad ambiental además expide una resolución con fundamento en un principio que se llama precaución, pero fue mal utilizado, ya que la ley exige un principio técnico, es decir,  con estudios”, aseguró Florez.  

Otro de los puntos que señala la multinacional, es que el EOT del municipio no permite la elaboración de esas actividades, pero citó uno que está derogado y estos no son aplicables a las actividades mineras.  

“Es un pecado grave por parte de los funcionarios de Cortolima; el último error que cometen es que dicen que la suspensión queda sujeta a una condición, cuando la ley dice que debe hacerse en tiempo”, puntualizó. 

En un breve comunicado  la Oficina de Prensa de Cortolima, dio a conocer que no hará eco a actuaciones mediáticas y solo se pronunciara por las vías jurídicas.

Delgado Peñón sale en defensa

En un comunicado, el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, dio a conocer su posición frente a la demanda. El mandatario explica que la institucionalidad que representa la Corporación frente a los deberes de conservar y proteger los recursos naturales, soportados en la ley, no pueden ser materia de discusión cuando se pretende en la denuncia que prevalezca el interés individual frente al colectivo.

Por esta razón, más los postulados que como Gobernador del Tolima ha hecho frente al medio ambiente de ser defensor a ultranza, reitera su apoyo a la labor realizada y a las decisiones amparadas en la Constitución y en la ley, dice el comunicado. 

Por último se hace claridad que se rechaza de manera tajante las conductas que pretenden distraer o mermar las competencias y obligaciones que ejercen las autoridades ambientales. 

E invita a todos los tolimenses a actuar con los criterios enmarcados en la Constitución y en la ley en materia de protección, precisamente de esos derechos colectivos de los cuales todos debemos gozar sin limitaciones, salvo los mismos que la ley impone.

Frente al pronunciamiento del Gobernador, la multinacional manifiesta “que es Importante resaltar que las acciones emprendidas en este caso no van contra la institucionalidad, sino en la defensa de ella. Las decisiones que tomó Cortolima se salieron del imperio de la ley”.

Se conoció además la denuncia instaurada a Félix Bonilla, opositor al proyecto en Doima, hecha por Rubén Darío Clavijo empleado de la multinaciónal y quien trabajó en la zona. 

Recuerde: 
El pasado 11 de marzo Cortolima suspendió las actividades de Anglogold Ashanti en Piedras por estar ejecutando, según la autoridad, actividades de exploración sin el  permiso que ordena el artículo 146 del decreto 1541 de 1978; según resolución 0433.