En el marco de una respuesta de fondo, respecto a una denuncia en torno a la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de Armero - Guayabal, la Contraloría General de la República configuró, tras el análisis de información, visitas realizadas al proyecto y mesas de trabajo, un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de $7.659.722.568,45.

Según la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, el contrato de obra No. 128 de 2018, suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, y el Consorcio Acueducto TMS, representado por Mario Marque, en calidad de contratista, y que tenía por objeto la optimización del Sistema de Acueducto según el Plan Maestro de la población, no ha cumplido con su finalidad.

Esto, “debido a que los sistemas de conducción, planta de tratamiento y redes de distribución presentan inconvenientes en su desempeño y funcionalidad, que impiden lograr la optimización del Sistema de Acueducto según lo establecido en el Plan Maestro del Municipio y con ello beneficiar a la comunidad”, se expone en el oficio que conoció EL NUEVO DÍA.

Asimismo, el documento reseña aspectos generales e hitos del contrato, y presenta el estado actual de las estructuras del proyecto, sobre las cuales, cabe decir, veedurías como Auditoría Visible, a través de su presidente Orlando Sepúlveda, han advertido dificultades en reiteradas ocasiones.

Igualmente, se aclara que el proyecto, desde la respectiva viabilización, “no contemplaba la construcción de un nuevo desarenador ni una estación de bombeo”. A su vez, la radiografía efectuada parte de información suministrada por la Edat el 15 de marzo de 2023 y las visitas realizadas por la Contraloría General de la República entre el 15 y 17 marzo y el 24 y 27 de abril del presente año.

Por su parte, Sepúlveda resaltó que tal hallazgo es producto “de la gestión de las veedurías y líderes de Asojuntas y es una respuesta de fondo”. De la misma manera, recordó que la Contraloría dará traslado a la Procuraduría General de la Nación teniendo en cuenta que se evidencian conductas que deben ser investigadas conforme con su competencia.  

“Esta noticia es significativa, nuestros informes, derechos de petición, desde un comienzo los hemos compartido con todos los entes de control, ha sido resultado de un trabajo de cuatro veedurías durante casi cinco años”, apostilló el presidente de la veeduría Auditoría Visible.   

El pasado 23 de junio, se acordó la socialización, en 45 días, de un diagnóstico de la obra por parte de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. CAPTURA DE VIDEO / EL NUEVO DÍA

¿Qué se revisó?

Junto a registro fotográfico, y en cuanto a la bocatoma, se advirtió que las rejillas instaladas permiten el ingreso de material procedente de la quebrada, asunto que deriva en que mayor cantidad de material particulado ingrese hacia la estructura del desarenador.  

Además, conforme con el análisis, si bien las rejillas instaladas en la bocatoma del proyecto corresponden a las diseñadas, se apuntó que “para mejorar la funcionalidad el espacio entre barras debe ser menor”.

Por su parte, en el desarenador, estructura que comprende una placa en concreto, “en la cual la columna de maniobra va anclada mediante una platina que finalmente se fija a través de 4 pernos”, particularmente en una de las compuertas laterales deslizantes, una de las observaciones que afloró consiste en que para una adecuada función de cierre es necesario que la placa se encuentre fija a la estructura.

Con relación a la línea de conducción, para verificar su funcionalidad tuvo lugar un mantenimiento en la red, desde la bocatoma hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Así pues, se apuntó que en algunos tramos tal línea no “cuenta con las profundidades mínimas de instalación requeridas para evitar que esta se encuentre totalmente expuesta a daños asociados a desprendimientos y/o roturas, que puedan ser movimientos de tierra o rocas del sector”.

Adicionalmente, en un ejercicio de apertura de las válvulas instaladas en la red, se evidenció que pese a que estas fueron abiertas, en algunas de ellas la presión no era suficiente. De la misma manera, en las actividades de mantenimiento salió a flote que en las tuberías hay acumulación de aire.  

Respecto al caudal de llegada en la PTAP, medido a través de la regleta en el vertedero, correspondió a 55 L/s, en las visitas efectuadas por un profesional de la CGR, el 16 de marzo y 26 de abril. 

Sin embargo, advierte que en caso de cerrar la operación de la tubería de asbesto-cemento, el caudal de ingreso a la planta sería menor a 45 L/s, asunto que provocaría dificultades para el abastecimiento de la comunidad. 

Precisamente sobre el funcionamiento del medidor que se localiza en la PTAP, se reseñó que en las visitas este arrojó lecturas de 0 L/s pese al ingreso del líquido a la planta, incluso se evidenció lecturas negativas.

Además, la Contraloría puso la lupa en el acta final número 9 de recibo de bienes/obras con fecha del 19 de julio de 2021, donde “se evidencia en los ítems no previstos, unos diseños que fueron pagados a través de los ítems NP 5.8.26, NP 5.8.27, NP 5.8.28, NP 5.8.29, NP 5.8.30”.

No obstante, el órgano de control sostuvo que “en la información remitida por parte de la Edat, no hay registros que sustenten que dichos ajustes y diseños, debieron ser incluidos en el presupuesto a través de Ítems no previstos”.

Por último, precisó que los aspectos afectados corresponden a la bocatoma ($12.494.381,76); el desarenador ($7.534.194,19); la conducción ($3.210.703.230,62 ); planta de tratamiento ($681.366.600,34); cámara de cloro ($9.296.000,00) y redes de distribución ($3.738.328.161,54).

Versión del contratista

Como respuesta a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, el representante legal del Consorcio Acueducto TMS, según indicó la Contraloría, envió el 23 de junio de este año, vía correo, dos archivos.

En los documentos, conforme recopila el órgano de control, se trae a colación que la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Tolima inició un proceso de responsabilidad fiscal a través de un auto fechado el 12 de abril de 2023.

Así las cosas, se apunta que: “En gran medida, los hechos descritos en la observación que es objeto de respuesta mediante esta comunicación, están siendo materia de investigación en el mencionado proceso de responsabilidad fiscal N° 80732-2022-41579, actuación en la cual rendimos versión libre y espontánea por escrito, mediante la cual explicamos las razones técnicas que denotan la inexistencia de daño patrimonial en este proyecto, habida cuenta la ejecución satisfactoria e integral del objeto contractual”.

En ese sentido, el contratista expuso que “sólo puede existir una actuación respecto de cada hecho generador de responsabilidad fiscal, razón por la cual es menester que la observación que nos ocupa se remita al PRF N° 80732-2022-41579 que se surte en la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima”.

No obstante, el ente de control hizo hincapié que “los argumentos expuestos no desvirtúan lo evidenciado en las visitas realizadas por la CGR, frente a la operación y funcionamiento del sistema de acueducto del municipio de Armero-Guayabal y solo se limita a manifestar que por los mismos hechos la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la CGR, actualmente se encuentra adelantando un proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, esta situación no excluye la posibilidad de estructurar un nuevo hallazgo con incidencia Fiscal que por unidad procesal se pueda acumular en el proceso en trámite”.

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