El personero de Ibagué, Isaac Vargas, informó que pidió la ayuda de los magistrados de la Corte Constitucional para aclarar si la tutela procede para restituirle las casas invadidas en Nueva Castilla a sus reales adjudicatarios.

Todavía faltan más de dos centenares de casas por ser desalojadas, pero la mayoría de beneficiarios de las mismas, a diferencia de otros que ya recuperaron su inmueble, no ha recibido un fallo favorable a las acciones interpuestas.

“Acudimos considerando que no puede existir una inseguridad jurídica,  Colombia es un Estado de derecho y no podemos pensar que hoy un juez falle de una manera, mañana otro togado falle de otra y así sucesivamente”, dijo. El representante del Ministerio Público expresó que quien ha decidido a favor de las personas vulneradas es sometido a “acciones penales y disciplinarias”, y restricciones en sus interpretaciones.

“Esto hace que deba pronunciarse de fondo el ente que custodia la Carta Magna, en este caso la Corte Constitucional. “De ahí que hemos pedido al doctor Mauricio González Cuervo en audiencia que nos concedió en Bogotá, en compañía de otros magistrados, que nos direccione a través de la sabiduría de la Corte, que en sala de revisión analicen varios de los casos”, finalizó Vargas.  

¿Demandados?

 Al respecto de las acciones interpuestas por defensores de los invasores en contra de los jueces que han fallado a favor de los reales adjudicatarios del proyecto, y la posibilidad de que esto generara temor entre los togados, el Personero dijo que ese es “el rumor” que existe.

“De que hay ciertas prevenciones, como quiera que algunos abogados han interpuesto denuncias penales o acciones disciplinarias. Por eso para evitar que se siga en un limbo, pedimos la aclaración”, afirmó. Al respecto de qué pasará con las casas invadidas mientras se resuelve la viabilidad o no de la tutela para estos casos, comentó que seguirá el “Vaivén” de los fallos.

“Unas tutelas se ganan otras se pierden, y se obtienen dos (casas) la Policía tiene que ir a rescatarlas. “Le estamos diciendo a la comunidad del sector que más temprano que tarde los inmuebles serán recuperados, que se los entreguen a la Administración municipal y a los niños, ancianos, personas en discapacidad y madres cabeza de familia que han luchado durante cuatro años para conseguir el dinero que pagan en una cuenta de ahorro programado (necesaria para el desembolso del subsidio)”, acotó.  

 Ibagué, en riesgo

En firme seguiría el proceso sancionatorio que habría iniciado el Gobierno nacional contra la Administración local en vista del posible fracaso de los proyectos de Vivienda de Interés Social en la Ciudad.

De llegarse a declarar el siniestro de los planes, se le prohibiría a Ibagué acceder a nuevos subsidios para casas de interés social y prioritario durante varios años, lo cual sería catastrófico en términos económicos y sociales para la población pobre, más cuando existe un déficit de vivienda que superaría las 30 mil soluciones.

Isaac Vargas señaló que el mes en curso era la fecha límite que el Gobierno nacional mencionó en su ultimátum. “Con las acciones interpuestas y las diligencias adelantadas confiamos en que se prorrogue el plazo para que Ibagué no sea sancionada tan duramente como se pretendía hacer”, aseveró.