Aunque la licitación de esta iniciativa está próxima a cerrar, la Procuraduría General de la Nación formuló el jueves una serie de observaciones frente a esta, teniendo como base la comunicación enviada por la Procuraduría Provincial de Ibagué, a la gerencia de dicha entidad.

Entre las observaciones está que al parecer no se realizó un examen acerca de las condiciones de oferta y demanda, así como de la situación organizacional de los posibles oferentes, para delimitar los requisitos sobre “capacidad financiera”.

De otra parte, se sugiere revisar el “índice de endeudamiento” exigido para habilitar una propuesta, teniendo en cuenta condiciones objetivas, de manera que no se limite la participación de las empresas o sociedades y se evite la posible violación a los principios de libre concurrencia, selección objetiva y planeación.

Asimismo, respecto de los requisitos para certificar “experiencia”, la Procuraduría Provincial de Ibagué recomendó revisar la exigencia de que cada contrato ejecutado se encuentre clasificado en dos códigos estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, requerimiento que posiblemente no corresponda a condiciones de objetividad.

Este organismo de control sugirió proceder a la revisión tanto del proceso como del pliego de condiciones definitivo, de manera que se garantice su ajuste a los principios de la Constitución Política y las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, advirtiendo que las recomendaciones efectuadas dentro del marco preventivo no implican de modo alguno la coadministración, aval o injerencia en las decisiones administrativas o jurídicas de Infibagué.