Los lahares que sepultaron Armero en noviembre de 1985 y que enmarcaron esta tragedia entre las tres más devastadoras en la historia reciente de la humanidad, debido al alto número de víctimas y las cuantiosas pérdidas materiales que provocó, partieron en dos la historia del desarrollo económico del Departamento y de Ibagué.

La Ciudad Blanca o la Capital Algodonera de Colombia, como era conocida esta población por sus extensos cultivos anegados por las aguas del distrito de riego del río Lagunilla, era uno de los centros agropecuarios más productivos del interior del país y uno de los municipios más importantes del Tolima hacia mediados de los años 80.

Los interrogantes acerca de qué habría sido del desarrollo económico del Departamento si Armero no hubiera sido sepultada con el potencial de sus más de 25 mil habitantes desaparecidos o fallecidos, además de las tres mil 500 hectáreas de tierras productivas perdidas, son imposibles de responder.

Sin embargo, la historia de los últimos 30 años indica que más allá de la pérdida de esta pujante población, el proceso de apertura económica iniciado por el país en los años 90, y la crisis económica ocurrida en 1998 y 1999, que coincidió con la finalización de los estímulos tributarios que se crearon a raíz de la tragedia, golpearon muy fuerte la economía de la región.

Inclusive, hoy podría pensarse que la alta tasa de desempleo y la baja industrialización que registra Ibagué, además de la reducida participación de la economía tolimense en el PIB nacional (apenas un 2.4% en 2014 según el Dane), podrían ser resultado de estas coyunturas.

Así las cosas, los análisis efectuados por economistas, historiadores y representantes de gremios de la región, demuestran que es ingenuo pensar que los indicadores económicos que presenta el Departamento en la actualidad son del todo un resultado de la desaparición de Armero, aunque claro está: el Tolima no volvió a ser el mismo después de perder la Ciudad Blanca.

La economía quedó a medio despegar

La catástrofe de Armero, que fue anunciada una y otra vez, no puede ser vista como un mal necesario, y más con la manera desconcertante como perecieron sus más de 25 mil habitantes (ver Lo que el lodo se llevó).

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y el Seccional luego de ocurrida la tragedia generaron una reactivación de la economía regional que venía de capa caída incluso antes de la tragedia (Ver las Exenciones).

Según cifras recopiladas por el Centro Regional de Estudios Económicos (Cree) del Banco de la República, la participación del PIB departamental dentro del PIB nacional en 1982 apenas fue de 3.2%. Al cierre de la década de los años 80 fue de 3.1%.

Treinta años después, la participación del Tolima es del 2.4 por ciento, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aunque aquí hay que resaltar que la metodología del Dane cambió en las últimas dos décadas, por lo que estos resultados no son comparables.

Asimismo, la pérdida de participación del Departamento en el contexto del PIB nacional en los años 80, se explica por su bajo ritmo de crecimiento, indica el análisis. En ese sentido, el incremento promedio del PIB departamental fue de solo 2.1% anual durante esa época.

Solo se logró superar esta situación en 1987 y 1989, cuando se obtuvieron tasas de 6.8% y 7.1%, respectivamente, “atribuibles en gran medida al efecto de las exenciones tributarias y arancelarias otorgadas por el Gobierno nacional” que constituyeron los primeros síntomas de la reactivación económica.

Incluso un aparte del Compendio de Historia de Ibagué, que cita las incidencias de la Ley 44 de 1987 (que incluyó a Ibagué en las mencionadas exenciones), señala que sin estas medidas un desarrollo económico como el generado luego de la tragedia, “hubiera requerido de un lapso superior a medio siglo”.

Los indicadores que corresponden al periodo 1987 - 1990, precisa el estudio ‘El sector industrial del Tolima: aproximación histórica, estructura y dinámica’, demuestran que aumentó la inversión de capital en sociedades efectuada ante las Cámaras de Comercio, así como el número de trabajadores afiliados al desaparecido Instituto de Seguros Sociales.

Las exportaciones también crecieron y se diversificaron, por efecto de la aparición de nuevas ramas en la industria local. Como el área licenciada repuntó en los sectores industrial, comercial y residencial, la actividad edificadora se expandió, mientras que el consumo de energía eléctrica creció a un ritmo superior del registrado en los años anteriores.

Álvaro Augusto Campos Martínez, economista del Cree y autor del estudio, explica que debido a las exenciones tributarias y arancelarias que dispuso el Gobierno con el propósito de reactivar la economía de la zona afectada, “la industria tolimense experimentó un período de auge entre 1990 y 1995”.

Esta mejora de los indicadores, se evidenció con la llegada y apertura de nuevas empresas en Ibagué y la modernización de otras ya establecidas, con las que se buscaba atender la alta oferta de mano de obra que se produjo debido a los centenares de desplazados y personas que quedaron sin hogar.

Según el experto, durante estos años creció la base industrial y se logró cierto grado de diversificación, sin embargo, este periodo que parecía avanzar hacia una época de vacas gordas fue muy corto, no perduró y la economía regional no alcanzó a despegar.

Los causantes de esta situación, explica Campos Martínez, bien pudo haber sido la crisis de 1998 y 1999, que golpeó muy fuerte algunas de las principales ramas industriales del Departamento, y la finalización de los incentivos fiscales creados a raíz de la tragedia de 1985.

Muchas de las empresas que se habían acogido a estos estímulos arancelarios y tributarios terminaron cerrando operaciones cuando el período de 10 años de exenciones finalizó. Una buena parte de estos capitales “golondrina” se trasladó a zonas del país donde también se establecieron estímulos tributarios como las Leyes Páez y Quimbaya en Cauca y Huila, los cuales se crearon para enfrentar la catástrofe producida por el río Páez en 1994.

El análisis, además indica que algunas compañías cerraron sus puertas y se marcharon de Ibagué al no obtener los resultados económicos previstos.

Una reactivación económica agridulce

La desaparición de Armero modificó una buena parte del esquema territorial del Tolima. Guayabal, una población ubicada a escasos kilómetros del caso urbano sepultado se convirtió en cabecera municipal y acogió una parte de los sobrevivientes de la tragedia.

Entre tanto, un alto porcentaje de los afectados se dirigió a Ibagué originando la segunda gran migración del siglo XX a esta ciudad, la cual había registrado un incremento en el número de sus habitantes unas tres décadas atrás, como efecto de los estragos que generó la violencia bipardista en varias zonas rurales del Tolima.

Con el propósito de otorgar oportunidades a los sobrevivientes, se incentivó la llegada de nuevas empresas en los municipios del Norte del Departamento afectados por la erupción de 1985, pero esto no resultó como se había previsto y la inversión esperada no llegó.

La posibilidad de que se repitiera una catástrofe similar en estas poblaciones incidió de manera negativa en la confianza de los inversionistas, por lo que el grueso de las nuevas empresas se concentró en Ibagué, que de manera posterior, se agregó a la lista de municipios beneficiados por las exenciones.

Un informe de la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT) señala que Ibagué se benefició con la llegada de más de 130 unidades fabriles, entre las que se destaca Cementos Diamante, Fábrica de Textiles del Tolima, Fibratolima S.A., Gaseosas Ibagué, Gradinsa, Industrias Aliadas, entre otras compañías.

“Las exenciones tributarias en su momento propiciaron un trabajo proactivo de salir a buscar inversionistas que trajeran capital productivo para el sector industrial del Departamento”, dice María Cristina Lara, gerente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi Tolima.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Ibagué informó que en 1988 el número de empresas de carácter industrial registradas en la capital del Tolima se triplicó, en comparación con las sociedades inscritas en 1986.

Durante 1988 se registraron 708 sociedades. De estas, cerca de un 30 por ciento (200 empresas), eran de carácter industrial, mientras que en 1986 solo un 10.1 por ciento del total de sociedades registradas eran industrias.

Asimismo, las cifras reseñadas por la ADT y la Andi, indican que las inversiones durante el periodo de exenciones alcanzaron los 700 mil millones de pesos de la época, y estaban representados en terrenos, obras civiles y maquinaria. Además, se calcula que los empleos generados pudieron alcanzar los 24 mil, entre directos e indirectos.

Se calcula también que el 50 por ciento de las nuevas empresas correspondió al sector textil. Alimentos y bebidas participó con el 20.47 por ciento. Y se destacaron los subsectores de hilado, tejido y acabado de textiles, así como la producción de aceites y grasas vegetales.

A la par de la generación de empleo se adelantó un proceso de capacitación de los trabajadores para su adaptación a las nuevas industrias. La maquinaria que ingresó con cero arancel, como parte de las disposiciones adoptadas luego de la tragedia, requirió de la formación de mano de obra calificada en la ciudad.

Pero esta dinámica que parecía prosperar no se sostuvo y los cambios en el manejo de la economía nacional ocurridos durante el gobierno del presidente César Gaviria, en el cual se adoptó medidas conducentes a un mayor grado de apertura e internacionalización, comenzó a dejar de lado en forma definitiva el modelo de sustitución de importaciones que funcionaba en el país.

Análisis como los del Cree, indican que “sobre la pérdida de importancia de la industria en la estructura económica nacional y regional influyó la avalancha de importaciones que se produjo durante la primera etapa de liberalización de la economía”.

Y agrega que los bienes de consumo que entraron a competir con la producción nacional “propiciaron que el PIB industrial del país redujera su crecimiento de 4.2% en 1990 a -8.4% en 1999, año en el cual, como es sabido, la economía colombiana experimentó la mayor recesión de su historia reciente”.

Esta situación no tardó en afectar Ibagué. De las 780 industrias que se inscribieron en la Cámara de Comercio para acogerse a la exención de impuestos declarada a raíz de la tragedia de Armero, en el Tolima solo quedaban 25 a junio de 1998, año en el que el país atravesaba una de las peores crisis económicas de la historia.

Entre 1997 y 1998, se calcula que al menos 20 grandes industrias con operaciones en Ibagué cerraron y medios escritos locales y nacionales informaron de una “estampida de empresas”, causada, según los registros de la época, por la crisis del sector de la construcción, los altos costos financieros y, ante todo, los efectos de competir con los productos importados.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio citadas en el Compendio de Historia de Ibagué y en los Ensayos de Economía Regional del Banco de la República, a mayo de 1999 solo 19 industrias creadas a partir de la Ley 44 de 1987 estaban activas en Ibagué. En la actualidad, quedan menos de cinco.

Se recuerdan las liquidaciones de la procesadora de hierro Trefila, la Cervecería Ancla y la productora de aceite vegetal Gradinsa. Otras compañías como Cartones Troque Tolima, Proco Andina, Pastas El Dorado y el Molino Tolima figuran entre las que cerraron definitivamente sus puertas hacia 1998.

La clausura de estas empresas coincidió con la crisis de 1998 y 1999, que tuvo impacto mayor en la región, de acuerdo con el análisis ‘Evolución y estructura económica y social del Tolima 1980 - 2002’, elaborado también por el Cree.

Esta investigación señala que mientras que el PIB nacional cayó 4.3% en 1999, en el Tolima este descenso fue del 5.7%, y lo peor estaba por venir. En 2000, cuando el producto aumentó 3.1% en el país y pareció recuperarse, en el Tolima apenas alcanzó un 0.9%.

“Estos hechos sentaron las bases para el deterioro de algunos indicadores en los primeros años del nuevo milenio, tal como ocurrió con el desempleo y el subempleo, que colocaron a Ibagué en el primer lugar al registrar las mayores tasas de las 13 ciudades encuestadas por el Dane, con lo cual se inició un proceso de deterioro de la situación económica y social” del Tolima, asegura el estudio.

Pero si la industria regional resultó afectada al cierre de los 90, el sector agropecuario de la región también registró un descenso significativo en sus tasas de crecimiento a comienzos de esa década.

La apertura de la economía colombiana, el deterioro de la rentabilidad en la mayoría de cultivos; la creciente importación de maíz, arroz y algodón; la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas; la revaluación del peso y las alteraciones climáticas, entre otras razones afectaron este sector, precisa el Cree.

El área cultivada comenzó a reducirse a principios de los 90, en contraste con la trayectoria creciente que registró entre 1981 y 1989, al pasar de 298 mil 134 hectáreas a 408 mil 307 hectáreas. En 1990 comenzó a reducirse hasta llegar en 2001 a 349 mil 48 hectáreas, lo que representa una caída del 14.5%.

¿En qué quedó la reactivación?

A los efectos generados por las políticas de liberalización, la crisis económica y la finalización de los estímulos tributarios que marcaron la década de los años 90, se suma las decisiones adoptadas por los gobiernos nacional y seccional a partir de 1986, con el propósito de reactivar la economía afectada por la catástrofe.

El papel de la Corporación Resurgir, creada por el Gobierno nacional para reconstruir Armero a partir de millonarios recursos que provinieron de organismos nacionales y otros extranjeros, generó críticas por varias razones, entre ellas por la lentitud de la ejecución de los dineros, el número de damnificados que fueron asistidos y la pertinencia de las ayudas otorgadas a estas personas.

“Faltó diligencia para ponerla en marcha (reactivación), pues hubo mucha demora en la aprobación de las normas en el Congreso y cierto desgano del Gobierno nacional, en buena parte porque la presión regional no fue lo suficientemente efectiva”, afirmó Silverio Gómez, periodista económico y expresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Y agregó que “en eso no ha cambiado para nada nuestro Departamento: el director de Resurgir fue una persona de afuera y no le dolía la región”.

Por otra parte, frente a lo que quedó de la reactivación económica que se registró luego de la tragedia, María Cristina Lara afirmó que más de dos décadas después “quedaron inversiones muy importantes para la región”.

“Hay que recordar que gracias a ese ejercicio se adelantó el proceso de modernización de la planta que tiene hoy Cemex, Industrias Aliadas, y sobrevivieron mucho tiempo empresas como Fibratolima, Fatextol, Grupo Concalidad, toda una cantidad de compañías que de todas maneras tuvieron un auge que se vio registrado en el comportamiento económico del Tolima”.

Sin embargo, Silverio Gómez aseguró que para la reactivación “hubo un esfuerzo, pero con el paso de los años se fue evaporando y hoy no es exagerado decir que no hay nada”.

“Sectores como la industria textil y la agroindustria no prosperaron. Solo se rescata el esfuerzo de los confeccionistas que han logrado sobrevivir pese a la antropofagia de algunos rentistas vinculados a actividades que generan muy poca riqueza. La crisis de los 90 golpeó muy duro al Tolima y la apertura con revaluación tampoco ayudó”, agregó.

Con respecto a la actualidad económica del Tolima, a las cifras de bajo crecimiento del PIB y el alto desempleo e inflación que registra Ibagué al cierre de 2015 se suma un avance aún limitado en materia de competitividad.

Según el Índice de Competitividad Departamental (ICD) adelantado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aunque el Departamento está relativamente bien en términos de infraestructura e instituciones, se muestra débil en capital humano y más endeble aún en ciencia y tecnología.

Las cifras, que corresponden a 2015, señalan que junto a Valle, el Tolima es una de las regiones que no presentan cambios significativos y que por ahora no tiene el desarrollo suficiente para salir del grupo ‘Medio’ en el escalafón conformado por los 32 departamentos.

Frente a esta realidad, María Cristina Lara opina que “es preciso que Ibagué pueda diseñar e implementar rapidamente herramientas económicas en lo relativo a los beneficios tributarios que permitan generar condiciones de competitividad a la ciudad, para atraer inversión productiva”.

No obstante, reconoce que “hay que generar condiciones de competitividad”. Según ella, las nuevas inversiones empiezan con incentivos tributarios, pero continúan y se sostienen en el tiempo si existe una oferta de mano de obra calificada, un ambiennte propicio para la inversión, estabilidad jurídica para las empresas desde lo tributario y desde el ordenamiento del territorio.

También explica que son claves la sanidad y la continuidad en los servicios públicos: suministro de agua, tratamiento de aguas residuales, acueducto y acantarillado, así como “generar un ecosistema propicio para la innovación y la creatividad que permitan realmente dar ese salto que nuestra ciudad necesita”.

Y añade que Ibagué requiere de una mayor dinámica económica y necesita generar valor agregado a los productos que son bien pagados como los del sector agrícola y que tienen un potencial enorme desde el punto de vista de la transformación, como en el caso de los productos frescos.

“Estamos proponiendo a los nuevos mandatarios que se establezca una meta en la que Ibagué y el Tolima sean responsables del 10 por ciento de los productos frescos que consume Bogotá. Pero esto requiere de inversión privada fuerte, por lo que para movilizar esos recursos hay que generar unos incentivos que permitan volver atractivos Ibagué y el Departamento”, dice.

Por su parte, Guillermo Espinosa asegura que “el emprendimiento en la región se mueve en la medida en que la competitividad de esas empresas se mantengan en los sectores”. Él considera que el Tolima ha identificado los sectores en que es competitivo y en cuáles sectores las nuevas empresas podrían perdurar en el tiempo.

Resaltan el café, los cultivos de cítricos y la ganadería en el sector de la agroindustria. Y agrega que “se ha trabajado en tres grandes sectores: café, salud y turismo, en los que podemos crear empresas más duraderas porque tenemos más elementos competitivos importantes, que nos asegurarían su estabilidad, mucho más allá de los periodos de exenciones puramente tributarias”.

Las exenciones  

En 1985 el Gobierno nacional expidió el decreto 3830 de 1985, que definió una serie de exenciones tributarias y arancelarias que fueron ampliadas de manera posterior con la Ley 44 del 1 de diciembre de 1987 y que incluyó a Ibagué como beneficiaria de estas medidas en 1988.

Se facilitó la importación de maquinaria debido a la eliminación de aranceles. Se exoneró a las nuevas empresas del pago del impuesto de renta y complementarios para los primeros 10 años de sus etapas productivas. Cabe recordar que estas nuevas organizaciones debían iniciar la fase productiva en un plazo no mayor de cuatro años luego de su creación.

Según el estudio del Ceer, el Concejo de Ibagué dispuso “exenciones por 10 años a los impuestos Predial y complementario, Industria y Comercio, y avisos y tableros, a través del Acuerdo 044 de mayo de 1988, para las empresas o microempresas industriales y hoteleras nuevas o existentes que ensancharan la producción y el empleo”.

Lo que el lodo destruyó 

De acuerdo con registros adelantados de manera posterior a la tragedia, se calcula la pérdida de unas tres mil 500 hectáreas productivas que fueron cubiertas por el lodo, que en total alcanzó los 100 millones de metros cúbicos, y que no solo afectó Armero, también a otras poblaciones como Chinchiná (Caldas), donde también murieron centenares de personas.

Al comienzo se calcularon las pérdidas en más de 50 mil millones de pesos de la época. En Armero quedaron sepultadas iglesias, la plaza de mercado, la Alcaldía, los comandos de la Policía, la Estación de Bomberos y la cárcel. 

Cinco bancos: Caja Agraria, Banco del Comercio, Banco Cafetero, Banco de Bogotá y Banco de Colombia.

De igual forma, cafés, hoteles, fuentes de soda, discotecas, balnearios, parques infantiles, una estación del Ferrocarril, al menos dos clubes, dos teatros y dos hospitales, uno siquiátrico y el Hospital San Lorenzo, uno de los mejores equipados de la región.

También se perdió el Museo antropológico e importantes instituciones educativas como los colegios Americano, La Sagrada Familia, San Pío, El Carlota y escuelas como la del 20 de julio, Jorge E. Gaitán, Concentración de niñas Dominga Cano de Rada, La Gaitana, El Jardín y Santofimio.

Un balance publicado en diciembre de 1985 en la revista Semana y que se basó en reportes de entidades oficiales, asegura que fueron destruidas al menos seis mil viviendas entre Armero y Chinchiná. Resultaron afectadas o destruidos unos 200 kilómetros de vías, que incluyen puentes y otras infraestructuras; cinco pistas de aterrizaje, maquinaria agrícola, una estación eléctrica y el distrito de riego del río Lagunilla.

De la misma manera, se calcula la pérdida de mil vehículos y más de mil millones de pesos de la época solo en depósitos bancarios. En el sector agropecuario, se indica que fueron destruidas 20 mil toneladas de sorgo, 13 mil de arroz, 300 de maní y 35 mil bultos de café (incluye el grano almacenado en Chinchiná).

En cuanto al sector ganadero, se considera que se perdieron unas 12 mil cabezas de ganado, entre las que estaban algunos de los mejores hatos de raza cebú de todo el país. Si bien las pérdidas de estos cultivos fueron altas, la cosecha cafetera de 1985 no se afectó ni el volumen de exportaciones, y no se presentaron problemas de abastecimiento de productos como arroz y sorgo.