Desde su surgimiento a mediados del siglo XIX, los partidos -por años el bipartidismo liberal conservador- existen como realidades políticas y sociológicas con mucho de sectarismo. Esto, por cierto, llevó a guerras civiles y a la llamada violencia liberal conservadora de mediados del siglo pasado. Los partidos funcionaron sin necesidad de reglamentación legal sobre avales, umbrales, directivas, suspensiones, votos programáticos en notarías, entre muchas otras “jaulas jurídicas” para la política.

Revive varios fantasmas la noticia sobre la apertura de investigación preliminar aparentemente por cohecho contra diecinueve representantes a la Cámara del Partido Liberal, derivada de las revelaciones de un informe de la W. Se podría asumir, a partir de lo dicho por el director del Fondo Nacional del Ahorro, que se trató de un intercambio de votos por puestos.

Ahora que el presidente de la República ha puesto de moda el concepto de “golpe blando” -en el fondo una referencia gaseosa en la que se mezclan factores de oposición inherentes a todo jefe de Estado, con decisiones que de manera independiente toma el Congreso y aun los jueces y fiscales de la República- es momento propicio para recordar los 70 años, que se cumplieron ayer, de uno de los golpes -ese sí de verdad- que llevó al general Rojas Pinilla al poder y cuyas consecuencias aún vivimos.

El vértigo de los acontecimientos de los últimos días -que han llegado al corazón mismo del poder- vuelve a facilitar la reflexión sobre el contenido, alcances y sentido de lo que llamamos genéricamente las “instituciones” y nuestro “sistema democrático”.

En un programa radial del domingo pasado, Roberto Pombo volvió a agitar la idea de pensar en cambiar el rígido régimen presidencial por uno parlamentario.

El artículo de The Economist con el llamativo título ‘Una ola de gobiernos de izquierda en la América Latina es una advertencia para el mundo’, actualiza la discusión sobre si realmente hay diferencias ideológicas y políticas en lo que a manera de estereotipo se conoce como izquierda y derecha.

La información suministrada por el gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, sobre combates entre el Ejército Nacional y grupos armados –no se sabe si disidentes de las Farc, el Eln u otros– no es la única noticia que nos hace recordar qué lejos estamos de alcanzar la paz, en toda la extensión del concepto.

La inconveniente y equivocada afirmación del presidente de la República en el sentido de que el fiscal General de la Nación es su subordinado, como si fuera un ministro de su libre nombramiento y remoción, sirve de catalizador para que vuelva a pensarse en la necesidad de replantear el sistema presidencial.

Por iniciativa de la Federación de Departamentos y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y con la coordinación del exconsejero de Estado William Zambrano, se han venido realizando en distintas universidades del país, entre ellas, el Externado, la del Tolima y la de Ibagué, una serie de foros para conmemorar los ciento sesenta años de la Constitución radical de Rionegro de 1863.

Como expresión del presidencialismo absoluto, una especie de monarquía que ha predominado en nuestro derecho público, el jefe del Estado siempre ha tenido la facultad omnímoda de nombrar y remover a sus ministros sin necesidad de dar explicación. Pero en tres ocasiones ha existido una especie de limitación al ejercicio de esa facultad.