El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, en entrevistas concedidas a la revista Semana y a Daniel Coronell (La W), reveló que recibió instrucciones de Olmedo López para entregar grandes sumas de dinero a los presidentes del Senado y la Cámara con el fin de, presuntamente, influir en la aprobación de las reformas del actual Gobierno.
Al leer o escuchar tales develaciones se perciben diversas inconsistencias, con lo cual es factible deducir que no son ciertas esas acusaciones, o que, al menos, son confusas porque no se han desvelado aún en su completitud.
El principio de presunción de inocencia sigue primando a favor de los señalados por Pinilla, por lo que hay que poner en duda sus revelaciones, máxime si tenemos en cuenta que el presidente del Senado, Iván Name, se ha caracterizado por ser la voz más contundente contra posiciones del presidente Gustavo Petro o algunos de sus funcionarios, lo que hace inexplicable esa línea que le ha caracterizado en sonados discursos, y la imputación deshonrosa de haber recibido coimas para doblegar su voluntad y la de colegas congresistas.
Sin embargo, el derecho a analizar y opinar implica el de suponer también como posible que, al menos, las bases de lo revelado pudieran contener elementos veraces.
Si se parte de ese supuesto y con el tiempo se confirman como ciertas todas o al menos varias de esas imputaciones, la gravedad de los presuntos hechos resultaría en un rotundo oprobio contra la institución del parlamento colombiano y, por supuesto, contra la figura del jefe del Ejecutivo y su gobierno.
El potencial de daño que tienen las revelaciones es impredecible. Podría inferirse que las elecciones de octubre fueron espurias, o que las aprobaciones o no de las reformas por quienes han militado en la coalición de gobierno en el Congreso, han estado signadas, presuntamente, por cuánto se ha ofrecido o entregado no solo en puestos y contratos, sino también en dinero efectivo, para lograr los propósitos.
La ilusión es que se pruebe que nada de lo que ha mencionado Pinilla es cierto. Sería un verdadero trauma para la nación que se comprobara que el Gobierno optó por el camino de la negociación espuria de las conciencias de los congresistas.
Por supuesto, si esto se comprueba, también pudiera ayudar a comprender por qué hemos llegado al nivel de caos político y al decaimiento de la eficiencia en los asuntos que competen al Ejecutivo.
Sería doloroso, también, que se probara que los fondos para financiar elecciones o comprar los votos de los parlamentarios procedieron del contrato de los carrotanques para La Guajira. El Gobierno llegó a ese departamento a resolver problemas esenciales que en otras regiones no existen, a pesar de la riqueza que las regalías dejan a ese territorio.
Se requiere de justicia pronta e imparcial, pues la relación entre el Gobierno y el Congreso ha quedado sub judice.
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