Nueve postulados de Justicia y Paz, quienes participaron o conocieron de las cruentas masacres y muertes selectivas perpetradas por el extinto Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia, asistieron desde ayer al 'búnker' de la Fiscalía General de la Nación de Ibagué, con el deber de contar la verdad que dejó el conflicto interno en el Departamento. 

El compromiso judicial, que inició ayer, e irá hasta mañana viernes, fue histórico pues por primera vez los postulados estuvieron frente a frente con al menos 150 personas, en su mayoría campesinos, quienes reclaman verdad y reparación por la muerte de sus parientes fallecidos, desaparecidos y el desplazamiento del que fueron víctimas. 

El resarcimiento, que viene siendo adelantado por la Fiscalía 56 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Ibagué, a través de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, busca  también el perdón y generar memoria histórica sobre los hechos ocurridos desde finales de los años 90, cuando recrudeció la violencia con el surgimiento masivo del grupo de 'ultraderecha' en el Tolima.

“En el trabajo que ha hecho la Unidad Nacional de Justicia y Paz, viene elaborando la documentación de todos los hechos atribuibles al Bloque Tolima desde su existencia, que va desde el último trimestre de 1999 hasta el 22 de octubre de 2005... 

“Se está llevando a cabo la primera audiencia de incidente y afectaciones con 12 postulados que ya han sido objeto de la audiencia de imputación, la audiencia concentrada de legalización de cargos y aceptación”, dijo al respecto el delegado Fiscal 56 de Justicia Paz, Germán Villegas. 

Autodefensas antiguas asisten al proceso

Sobre el  proceso, que es asistido por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada Teresa Jiménez López, dijo a EL NUEVO DÍA que con estas versiones libres se espera, en primera medida, reparar a las víctimas y revelar lo ocurrido a lo largo y ancho del Departamento, tras la expansión del paramilitarismo por parte de la casa Castaño; además, explicó que estas versiones también buscan la reparación de las víctimas que dejaron los primeros clanes paramilitares, cuyo accionar comenzó a finales de los años 70.

“Estamos hablando de que antes de que llegaran los Castaño al Tolima ya existían grupos de defensa contra la guerrilla; es el caso de alias 'Urabá', quien asiste a esta audiencia (...) esta persona hacía parte de un grupo familiar que tenía esta tradición de autodefensa. Su familia y sus padres también tuvieron el título de autodefensas y, si no me falla la memoria en este momento, uno de sus hijos también está vinculado a Justicia y Paz por pertenecer a las Autodefensas”, indicó la Magistrada.  

Asegurado Ramón Isaza por 324 casos de lesa humanidad

El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó medida de aseguramiento en contra del máximo jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘Viejo’ o ‘Moncho’ por 324 casos de lesa humanidad atribuidos a ese grupo armado ilegal.

Durante la audiencia, que se realizó entre los últimos 23 de agosto y 23 de septiembre, Isaza aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por los delitos de desaparición y desplazamiento forzados, reclutamiento ilícito de menores y violencia basada en género, por casos de connotación.

Por estos mismo hechos, también están involucrados otras cuatro personas quienes fueron identificadas como Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, del frente ‘Ómar Isaza’; Luis Eduardo Zuluaga Arcila alias ‘Maguiver’, del frente ‘José Luis Zuluaga’; Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, del frente ‘Celestino Mantilla’, y Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, del frente ‘Isaza Héroes de Prodigio’.

Estas cuatro personas fueron imputadas por los delitos de prostitución forzada, esclavitud sexual, actos de terrorismo, detención ilegal, privación del debido proceso, violación de habitación ajena, toma de rehenes, tortura en persona protegida, tráfico de estupefacientes y simulación de investidura o cargo.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía logró realizar lo que se conoce como doble imputación, una en contra de las cuatro personas por el hecho de haber sido parte de ese grupo armado que cometió los delitos, y otra de forma individual por los 324 hechos en los que supuestamente participó cada uno.

Recuerdos de la masacre de Neme

Uno de las tragedias que más recuerdos generó la violencia es la masacre de Neme, en Valle de San Juan, cuando dos camiones cargados con al menos 100 hombres de las AUC encerraron a toda una comunidad y con lista en mano asesinaron a Cecilia Guarnizo, Hernando Canizales, alias el ‘Burro’ y dos menores de edad, familiares y amigos de Antonio José Bernate, alias ‘Tuquito’ o ‘el Tuco’, jefe de finanzas del frente 21 de las Farc.

Sobre este hecho, Gerardo*, un campesino de 55 años, recordó cómo los paramilitares lo encerraron junto con su esposa e hija en la escuela de la vereda, mientras que afuera se oían disparos y gritos de conocidos clamando piedad.

“Un martes 24 de abril de 2001 llegaron hombres en dos camionetas y nos encerraron en la escuela a unos, a otros se los llevaron y, a otros empezaron a buscarlos. A nosotros no nos maltrataron, pero había mucho miedo porque se escuchaba como la gente gritaba. Se llevaron maíz, animales y quemaron dos casas...“A las 6 de la tarde, cuando todo terminó , salimos y encontramos cuerpos tirados en fila, más abajo de la casa de la señora Cecilia”, expresó Gerardo*.

Una vez cometida esta masacre, y por miedo, Gerardo* y su familia salieron de Neme hacia Buenavista, en el Valle de San Juan, desplazados. Sobre este desplazamiento Gerardo* concluyó que la propuesta de los paramilitares era hacer parte de su ideal o morir. 

*Nombre cambiado