La directora de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Adriana Guillén Arango, anunció hoy que el próximo 13 de noviembre presentará las pruebas y alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en el primer caso por el M-19, y en la que se ha dicho, hubo extralimitación por parte de la Fuerza Pública. 

De acuerdo con la directora, parte de la estrategia de defensa que va a presentar el Gobierno ante la CIDH consistirá en reconocer su responsabilidad parcial en estos hechos. “Esta responsabilidad la asumiremos en los casos donde el acervo probatorio demuestre que debemos hacerlo”, explicó Guillén. 

Según la funcionaria “la agencia ha revisado detalladamente caso por caso y tenemos claro hasta qué punto llegan las responsabilidades del Estado”. 

Sin embargo, Guillén aclaró que, sin importar las pruebas y alegatos que el Estado pueda presentar, la sentencia del tribunal internacional será condenatoria. “No hay que olvidar que 28 años después aún tenemos 11 casos de desaparecidos y eso solo ya es motivo de condena”, aclaró no sin señalar que “lo único que nos podría salvar de la condena sería que aparecieran los desparecidos”. 

LA ESTRATEGIA 

A pesar de esto, Guillén aseguró que la Agencia cumplirá su función minimizando los perjuicios al Estado por cuenta de la sentencia. “Por un lado, pretendemos mostrar los avances que ha tenido el Estado Colombiano en materia de atención a víctimas”, entre lo que se incluyen la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los mecanismos institucionales de atención a quienes quieran declararse víctimas del conflicto. 

El segundo punto de la defensa consistirá en mostrar lo que se ha hecho para indemnizar a los afectados. En el momento las víctimas piden cerca de 24 billones de pesos y “por orden del Consejo de Estado, nosotros ya dimos una indemnización a los familiares, entonces tenemos que hacer que la Corte vea esto y determine si es necesario dar más o no”, afirmó Guillén Arango. 

Después de concluir esta audiencia, la CIDH se tomará entre uno y seis meses para evaluar el caso y emitir un fallo. 

LA UNIÓN PATRIÓTICA 

Sobre el genocidio de los integrantes del partido Unión Patriótica, la agencia está volviendo a revisar el caso. De acuerdo con Adriana Guillén, “la idea en todos ellos es concertar con las víctimas una solución amistosa que respete sus derechos reivindicativos”. 

No obstante, si esto no es posible, será necesario llevarlo a instancias judiciales. “Frente a este caso, tenemos un problema y es que en el registro que teníamos inicialmente daba cuenta de 500 víctimas. Ahora vemos y son más de 5.000”, afirmó la directora. 

Acá también tendremos que revisar caso por caso para conocer a profundidad la responsabilidad del Estado. 

CIFRAS DE LA AGENCIA 

De acuerdo con las cifras presentadas por la agencia, actualmente existen 266.711 procesos que suman una pretensión de $191 billones de pesos. De estos, existe el riesgo de que el Estado pierda cerca de $102 billones. 

El informe que da cuenta de lo acontecido hasta el 30 de septiembre de 2013, muestra además que el período en que más se incrementaron las demandas fue entre 2011 y 2012, cuando hubo un súbito aumento del 39%, con respecto al año inmediatamente anterior. 

Según las cifras, las entidades más demandadas son: 

El Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, que tiene 99.499 procesos en contra, por un monto de 2,5 billones de pesos. 

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con 19.616 procesos en contra, por un monto de 302 mil millones de pesos. 

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con 17.668 procesos por un monto de 442 mil millones de pesos. 

La Fiscalía General de la Nación, si bien tiene 10.983 procesos en contra, la mayoría de ellos son por detenciones ilegales. Esas pretensiones suman 34 billones de pesos.