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Cualquier Estado debe lidiar con un problema que comprende el manejo de la enfermedad, la preservación de la salud y los determinantes sociales implícitos en ellos.
Sería necio contradecir que nuestro sistema de salud privilegia el manejo de la enfermedad con desmedro del de la salud, y que si bien es cierto que hemos avanzado en materia de equidad al contrario de lo que ha sucedido con educación y vivienda, es verdad que subsisten barreras de acceso, problemas de calidad en la atención, ineficiencias, desperdicios, encarnizamientos terapéuticos, corrupción en el manejo de los recursos e información deficiente que impide una vigilancia y un control adecuados.
Estos hechos incontrovertibles son los que hacen necesaria una reforma que es compleja y sabiendo que no existe un modelo a imitar, pues Costa Rica o Cuba que tienen índices de salud excelentes, tienen grandes deficiencias en la atención de la enfermedad, y Estados Unidos, a pesar de gastar más del doble de su gigantesco PIB, muestra indicadores muy malos en salud y una inequidad en la atención propia del tercer mundo. Modelos que han intentado un mejor equilibrio, como el de España o el del Reino Unido, atraviesan por una crisis que se refleja en largas listas de espera, desmotivación en su talento humano e insostenibilidad financiera.
Además, nuestros hábitos de consumo son contrarios a los propósitos de salud, nos enferman, y no habrá recursos suficientes en país alguno para pagar el manejo de las enfermedades con tecnologías cada vez más costosas.
La ministra Carolina Corcho está estructurando una propuesta de reforma necesaria y bien intencionada y que pasa por el manejo transparente de los recursos financieros y la mejora de las condiciones de los trabajadores de la salud. Habrá que discutir, concertar… pero acompañar y avanzar.
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