Tras la conmemoración de la firma de los seis años del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas Farc, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concluyó que el exsecretariado de las antiguas Farc sí aportó a la verdad y aceptaron su responsabilidad en los crímenes que les fueron imputados en el caso 01.

Después de diferentes recopilaciones de hechos, testimonios, pruebas y audiencias, la JEP por medio de una resolución determinó que Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Granda y Pastor Alape, están contribuyendo con la verdad sobre más de 21.000 secuestros perpetrados durante años en Colombia.

Frente a ese reconocimiento, todos los integrantes del exsecretariado podrán tener una imposición de sanciones de hasta ocho años por los diversos crímenes que cometieron, menos Granda, quien podría tener hasta cinco años, según la JEP.

Después de emitida la resolución, el Tribunal de Paz determinará cuáles sanciones le interpone a cada uno de los exmiembros de las Farc, también el tiempo y qué tipo de sanciones deberán cumplir, las cuales no serán privativas de la libertad.

Las sanciones estarán relacionadas con proyectos restaurativos-reparadores, que los mismos comparecientes presentaron ante la JEP. En medio de esas sanciones también podría haber restricciones de movilidad.

¿Afectaría a los firmantes?

Actualmente dos de los miembros del exsecretariado de las Farc hacen parte del Congreso de la República y se desempeñan como senadores: Julián Gallo y Pablo Catatumbo, a quienes el Tribunal de Paz deberá definirles cómo se distribuirán para cumplir con las sanciones, según lo explicó Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

“Sobre la participación en política, la norma es clara que la decisión la toma la sección con reconocimiento del tribunal en su sentencia en primera instancia, la Sala hizo una serie de consideraciones que están en la decisión, entre esas se incluye que la participación en política es parte de las garantías del acuerdo final de paz”, expresó Lemaitre.

La magistrada aseguró que el tribunal escuchará a los comparecientes de las Farc y a las víctimas para definir aspectos sociales, políticos y económicos con relación a la compatibilidad del cumplimiento de las actividades y, al mismo tiempo, su participación en el Congreso.

Eso sí, la magistrada de la JEP recordó que la participación política de los exmiembros de las Farc está garantizada y se firmó en el acuerdo de paz, por eso no tendría cambios. Es importante recordar que las antiguas Farc, ahora partido Comunes, tiene diez curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.“La pregunta es la compatibilidad de la sanción con la participación en política, es decir, de las actividades concretas que van a tener unos horarios y unos lugares con las actividades que desarrolle cada uno de los comparecientes. La sanción debe ser afín con los procesos de reincorporación”, expresó la magistrada Lemaitre.

¿Suficientes sanciones?

El debate se ha centrado en si las sanciones que interponga el Tribunal de Paz serán suficientes para reparar a las víctimas.

Para el analista político y en temas de paz Alejo Vargas, las sanciones que se interpongan no deberán ser evaluadas en si serán suficientes o no, teniendo en cuenta que finalmente fue lo que se negoció y estipuló en el acuerdo de paz firmado entre las partes.

“Eso no es un tema de si se considera suficiente o no, es que fue el acuerdo que hubo en La Habana y lo que en su momento se firmó, de eso siempre habrá discusión, debate, así como para algunos ningún tipo de pena es suficiente, para otros es mucha pena, en eso no hay discusión porque fue lo que se acordó y el tipo de penas que se acordaron”, expresó Vargas.

Por su parte, el analista y docente Jorge Munevar coincidió con Vargas y aseguró que ese fue uno de los sacrificios a los que se tuvieron que someter los colombianos con los acuerdos firmados.

“Esas penas están acordadas dentro del proceso de paz que realizó el Estado, entonces incumplir eso no tiene sentido. En todo proceso de paz, si se quiere negociación hay que sacrificar penas, algo se tiene que hacer, y el sacrificio está en eso, pero en términos de la estructura política y en el desarrollo de un país es lo mejor que se puede hacer”, expresó Munevar.

Y reiteró el analista: “La primera parte de la reparación es reconocer y hablar sobre el tema de las víctimas, secuestros, asesinatos, desapariciones, y demás. Puede calificarse de impunidad, puede ser, pero hay que mirar las cosas en contexto con lo acordado. El Estado debe ser leal a los acuerdos que se han establecido”.

¿Tendrían que dejar las curules?

Para el analista Alejo Vargas, sería innecesario que se abandonen las dos curules, debido a que es el derecho político que tuvieron los firmantes de las Farc en el acuerdo.

“Ellos tienen como parte del acuerdo el derecho a la representación política, otra cosa es que, si ellos quieren, el partido Comunes podría eventualmente cambiar los representantes por un tiempo mientras se cumple parte de la pena, pero no es porque se les obligue, justamente lo que está acordado es que mantienen la posibilidad de la representación política”, expresó Vargas.

Por su parte, Munevar aseguró: “El tema de que pierdan las curules sería un mensaje raro después de que un Estado pacta procesos de paz, pues no cumple con sus acuerdos, si se va a consolidar y a trabajar la paz como la plantea el presidente Gustavo Petro deben consolidarse esos procesos”.

Frente a la decisión de la JEP, la excongresista Ingrid Betancourt, también víctima del conflicto armado, aseguró: “Las sanciones deben ser restaurativas para la sociedad, no simbólicas, y para ser restaurativas deben ser ejemplarizantes de manera a que se desincentiven estos crímenes”.

El abogado y docente Juan Ospina manifestó: “La decisión de la JEP es el resultado de múltiples esfuerzos (JEP, víctimas y comparecientes). Está claro que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado. Los responsables deben satisfacer los derechos de las víctimas”.

El excongresista del Centro Democrático, Ernesto Macías, afirmó: “Ninguna sorpresa, todo fue calculado: la JEP “condenará” a Timochenko y su “secretariado” a 8 y 5 años, con “restricción de la libertad”, pero no irán a la cárcel. Y todos sus crímenes quedarán perdonados. Se confirma la impunidad total”.