El balance establece que en 2022 se verificaron 22 ataques y amenazas contra escuelas y maestros, atribuidos a grupos armados. Asimismo, el informe estableció que 10 escuelas fueron utilizadas con fines militares por las distintas partes en el conflicto durante 2022.

Tras este preocupante panorama, presentado en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia reiteran la necesidad de que las escuelas en Colombia sean lugares protectores y seguros para niñas, niños, adolescentes, docentes y la comunidad educativa en general. Además, solicitan de manera urgente que se pongan en práctica los compromisos acordados en la Declaración de Escuelas Seguras, a la que se han adherido 118 países, incluido Colombia.

Otro reporte, presentado por las Escuelas Seguras del Consejo Noruego para Refugiados, encontró que en 2023 cerca de 7.500 personas fueron afectadas por eventos ocurridos en instituciones o en camino a ellas. De ellas, 7.026 fueron niños y niñas en ocho departamentos del país. Estas cifras representan un incremento del 18% frente a los casos reportados en el mismo periodo de 2022.

El Consejo Noruego para Refugiados, Save the Children, La CID y UNICEF aseguran que todos los ataques que se produzcan contra las escuelas en Colombia y el mundo atentan contra el acceso al derecho fundamental a la educación, al igual que otros derechos de la infancia, como la protección, nutrición, la participación, el desarrollo de su personalidad, de sus capacidades y aptitudes, recreación, entre otros.

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“Lo más importante en la reconstrucción de la paz es sacar a los niños y los espacios educativos del conflicto. Más que un llamado es una súplica para que al menos nuestros niños puedan tener tranquilidad en sus espacios de aprendizaje”, aseguró una autoridad educativa del Cauca.

Las organizaciones que trabajan por la infancia reiteran su llamado para que el tema de la niñez, incluyendo el reclutamiento y uso de niños y niñas, la violencia sexual, así como los ataques a escuelas y a la comunidad educativa, sea de discusión prioritaria dentro de los procesos de paz que ahora se adelantan con los diversos grupos armados.

Igualmente, piden que dentro de verificación del cese al fuego se priorice las graves violaciones a los derechos de la niñez, se tenga en cuenta la voz de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los espacios de participación previstos por las negociaciones.

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