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Para la última semana de diciembre, el Departamento de Función Pública, dirigió una circular a todas las entidades estatales anunciando el fin de los contratos por prestación de servicios a nómina, contrataciones que solo se realizarán hasta abril de 2023.
En primera instancia, el documento emitido causó gran revuelo al interior de las distintas entidades públicas del país, ya que gran parte de su fuerza laboral se nutre de esta modalidad de empleo.
Pronunciamiento del alcalde
En medio de unas declaraciones para la emisora local Alerta Tolima, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado expresó su inquietud con respecto al tema en cuestión.
El burgomaestre señaló que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponían, y por el contrario, en el documento se daba por sentado los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar los procesos de formalización laboral.
Hurtado manifestó que esto no pasó, porque en ningún momento se adelantó la coordinación con las alcaldías ni las gobernaciones u otras entidades públicas, para dicha concertación.
Otro de los puntos tenidos en cuenta por Hurtado en su reclamo, fue que la imposición de realizar dichos procesos de formalización laboral en un lapso de 4 meses, se hacía imposible en la medida de contar con las apropiaciones presupuestales correspondientes.
El trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas, ya había sido surtido y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas e imponía una carga imposible de ejecutar
Esta posición se dio de forma conjunta entre las alcaldías pertenecientes a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Extrañeza desde el Ministerio de Trabajo
Aunque el cometido del comunicado se basaba en brindarle garantías a los trabajadores estatales, una voz de advertencia se sintió desde el Ministerio de Trabajo, a cargo de Gloria Inés Ramírez, quien a través de una carta con destino al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández Andrade, describió que el plazo presupuestado era inviable.
Ramírez le recalcó a Fernández Andrade que la circular No. 100-005-2022 no contó con una previa articulación de las normas que allí plantea acerca de la forma de contratación, y esto dificultaba la gestión para realizar el proceso de nóminas.
La ministra explicó que no se hicieron estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral y tampoco se calcularon las apropiaciones presupuestales correspondientes, “el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa”.
Un nuevo plazo
La propuesta de la jefe de cartera laboral se basó en que para el presente año, las entidades tuvieran una primera fase de formalización laboral que brinde especial atención a los auxiliares técnicos y personal asistencial.
Pide que se den estudios técnicos de cargas laborales que respondan a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades de cada entidad”, pero sobre todo, que el Ministerio de Hacienda diga que hay viabilidad presupuestal.
Dato
Al momento que se envió la circular el Departamento de Función Pública, ya los alcaldes habían aprobado con anterioridad los presupuestos para la vigencia 2023, razón de peso por la que no se previeron los nuevos recursos para el cumplimiento de lo pedido.
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