En el Tolima ya se está volviendo parte del paisaje el maltrato animal, diariamente se conocen casos que muestran la inconsciencia y hasta la brutalidad, que puede alcanzar el ser humano frente a unos seres vulnerables que no tienen voz pero que son sintientes.

A la par de esta problemática, que dejó de esconderse y se volvió más visible gracias a las redes sociales, surgieron personas que se la ‘juegan’ diariamente por brindarle una segunda oportunidad a diferentes especies.

Un ejemplo de ello, es el Colectivo Animalista del Tolima, una organización que busca entregar apoyo a los activistas que trabajan por voluntad en diferentes municipios. Su fundadora y directora Holy Ann Machuca, contó que esta iniciativa surgió en febrero de 2020, con el propósito de brindar un soporte grupal entre animalistas y activistas.

“Empezamos a ver la necesidad que existía de poder tener un apoyo entre todos, generalmente era un activista que le tocaba solito en su territorio y a veces por las carencias que había en esa población, le tocaba buscar otra. No había apoyo entre los mismos activistas, no se conocían entre ellos.

“Entonces lo importante de esto fue lograr que se pudieran apoyar y de alguna manera asesorar en algunos casos que se han podido llevar en algunos municipios y que nuevamente llegan a otros”, explicó la también abogada.

En la actualidad, el Colectivo apoya a animalistas que hacen presencia 32 municipios del Departamento.

Veeduría departamental 

Además de ello, también existe la Veeduría Ciudadana para la Protección y Bienestar Animal del Tolima, Vepyba, que surgió con el propósito de hacer seguimiento a los recursos públicos que se destinan  en Ibagué para el beneficio de los animales, especialmente, de los que habitan en las calles.

Asimismo, se vela para que dichos dineros se inviertan de la mejor manera y se garantice una vida plena tanto para los perros y gatos que deambulan por la ciudad, como para los que están en el Centro de Atención y Protección Animal, Capa de la capital tolimense.

La directora del Colectivo agregó que el Capa tiene bastantes dificultades “hay cosas que están bajo la lupa, estamos con varias denuncias y derechos de peticiones”, que también han sido elevados a la Procuraduría Provincial de Ibagué, sin embargo, hasta la fecha no se conocen resultados.

Teniendo en cuenta que algunas de esas situaciones se replican en los municipios, la veeduría pasó a ser departamental y tiene como integrantes varios miembros del Colectivo. Ellos iniciaron la tarea de solicitar información a las Alcaldías a través de derechos de petición.

De esta forma, se busca “mirar qué tanta es la labor que está haciendo la Administración local y poderla corroborar con un precedente y saber hasta dónde van las acciones que están adelantando”.

La información requerida está ajustada a la Ley Quinta de 1972 que se relaciona con la creación de una Junta Defensora de Animales en los municipios, igualmente, basados en la Ley 2054 se piden datos sobre la creación de un lugar seguro y digno para los animales perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la policía.

También, se pide información sobre las actividades trimestrales de adopción, bimensuales de esterilización felina y canina, al igual que por el apoyo que entregan las alcaldías a refugios o fundaciones.

Y según la Ley 1801 de 2016 se busca conocer si el municipio consultado, cuenta con un sistema de información sobre animales abandonados, entregados en adopción y maltratados.

De la misma forma, se ofició a la Gobernación del Tolima, para lograr datos desde un ámbito departamental.

Con respecto a la conformación de las Juntas Defensoras de Animales en algunas ocasiones se crean por cumplir un requisito, pero no se tiene clara sus funciones, “crean unos estatutos que no tienen pies, ni cabeza, es copiar la ley y realmente esa no es la labor. Precisamente queremos con la veeduría corroborar esa información, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y si es como corresponde”, precisó Machuca.

Y lamentó que hay ejemplos en los que se hacen anuncios de protección animal pero solo quedan en un “show mediático”.

Panorama en el sur 

Edward Avilés Olaya, director de la Asociación de Jóvenes comprometidos con el Medio Ambiente con Visión hacia el Futuro, Ajocemavhf, narró que en Planadas hay preocupación porque arrojan de “forma cruel” distintos tipos de animales al río Atá.

Añadió que el trabajo es complejo con la Administración municipal, pues a pesar de enviar solicitudes por medio de oficios, hasta el momento no se recibe respuesta. Otra de las falencias es que allí tampoco se cuenta con un hogar de paso, ni con un servicio veterinario público eficiente.

Al igual que los casos anteriores, Ajocemavhf, no cuenta con disponibilidad presupuestal por lo que el sostenimiento de sus protegidos se hace con recursos propios y donaciones. En este municipio, además de los caninos y felinos, también, se vela por el cuidado de la fauna silvestre que está diariamente expuesta a la caza.

“Los casos de maltrato animal en el casco urbano de Planadas y en los corregimientos Bilbao y Gaitania son complejos, además del abandono, se ven perros con gusanos, se los están comiendo diferentes infecciones, sobrepoblación de perritas callejeras, no hay un control”, comentó Avilés Olaya. 

Falta de apoyo estatal 

María Yurany Vengas, directora de la asociación Gatikoz y Limo S.A.S, contó que en Ibagué se evidencian diferentes tipos de maltrato animal y que su labor va orientada al rescate de fauna silvestre en la zona rural y urbana.

Comentó que no es un trabajo fácil, pues hay momentos en los que no hay apoyo de entidades oficiales, “muchas veces como activistas tenemos que buscar recursos propios e inclusive realizar diversas actividades para poder pagar a un tercero y adelantar los rescates”.

Algunas de las situaciones detectadas tienen que ver con que los organismos que deberían responsabilizarse de los casos, no lo hacen de manera rápida, sino que deben iniciar trámites a través de oficios y documentos que terminan rotando al interior de una oficina y que difícilmente recibe una respuesta. 

Las comunidades son clave en el proceso 

Luisa Fernanda Castro Lozano es la creadora de la Fundación Voluntarios Animalistas por Rovira y narró que la idea surgió en medio del confinamiento de 2020, pues en este municipio hay un alto número de caninos que viven en las calles, por lo que su principal fuente de alimentación es lo que les arrojan de lugares como restaurantes y locales comerciales.

Por ello, en medio de una donatón de concentrado hecho en Ibagué, se logró conseguir ayuda para llevar a Rovira, la cual fue distribuida a través de comederos públicos ubicados en puntos estratégicos del casco urbano.

“La comunidad de Rovira lo vio bastante positivo, entonces nos motivamos aún más” y pasó de ser  acción esporádica a una iniciativa más organizada, “la comunidad básicamente es la que nos ha colaborado y sobre todo en el sostenimiento de la Fundación”.

Agregó, que la población no cuenta con un Centro de Bienestar Animal o un lugar donde se pueda  garantizar el servicio de la urgencia veterinaria.

“Hacemos el rescate y nos ponemos en la tarea de buscar el dinero, hace poco con alcancía en mano me fui local por local, se logró una colecta bastante significativa, sin embargo, aún tenemos deudas por saldar porque son muchos los casos que ocurren en Rovira”, precisó. 

Lucha diaria 

Por su parte, Harold Pico del refugio animal Dejando Huella, comentó que en Flandes sigue la problemática del abandono y maltrato, igualmente, mencionó que aunque la Alcaldía tiene un contrato para atención veterinaria solo funciona medio día. 

Actualmente tiene bajo su protección 90 perros y 30 gatos, por lo que diariamente debe salir a buscar 40 kilos de comida, meta que logra gracias a las personas de buen corazón.