La lucha que emprendieron las comunidades del oriente para defender el Bosque de Galilea de las intenciones extractivas de una petrolera, dejó a un lado un conflicto ambiental por titulación de predios. Lograda la declaratoria de Parque Natural Regional, los esfuerzos se centran ahora en aclarar cómo más de 16 mil hectáreas terminaron en manos de privados.

Por ello, recientemente se desarrolló una rendición de cuentas de la Universidad del Tolima en la que salieron a flote temas neurálgicos que desde hace tiempo vienen generando zozobra y preocupación entre los habitantes.

Aunque el alma máter entregó respuestas, estas no generaron total tranquilidad y sumó nuevos interrogantes, motivo por el cual varios de los asistentes pidieron a las ‘ìas’, tener en cuenta los hechos denunciados para que desde sus competencias profundicen en lo que está sucediendo con 16 mil hectáreas del Bosque de Galilea, hoy Parque Natural Regional.

 

El escenario en el que se expusieron una serie de irregularidades fue el Polideportivo de Villarrica, lugar al que llegaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, ambientalistas, ciudadanos que por décadas han vivido en la vereda Galilea y zonas aledañas, asimismo, directivos de la UT, delegados de la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, estas dos últimas instituciones como apoyo de las comunidades.

En el espacio que fue moderado por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, se puso sobre la mesa varias situaciones que conllevan a concluir que en la actualidad gran parte de ‘Galilea’ fue titulado irregularmente a privados hace más de 20 años y que se están haciendo negocios que generan un alto rendimiento económico a espaldas de los villarricenses.

 

El rompecabezas

Desde la Red de Vigías Defensores del Bosque de Galilea y Territorio se explicó que organizaciones campesinas, ambientales, veedurías, ONG aliadas e instituciones académicas, se unieron para conformar un comité promotor de la convocatoria de rendición de cuentas, para hablar sin rodeos sobre los mantos de dudas que lamentablemente, envuelven uno de los patrimonios ambientales más importantes del Tolima y el país.

En la agenda se incluyó la donación de predios que están ubicados al interior del Bosque y que fueron recibidos por la Universidad del Tolima entre el 2003 y 2016, el relacionamiento del alma máter con las empresas privadas que aportaron los terrenos y la socialización de los proyectos que tiene la UT en Galilea, entre ellos, conservación de ecosistema y Redd +.

 

Según la indagación hecha por las comunidades, veedores y red de vigías, con el paso de los años las bondades ambientales del ‘Galilea’ terminaron siendo aprovechadas por personas foráneas que no tendrían ninguna conexión territorial, en percepción de la Red se terminó fortaleciendo empresas, ya que se permitió un esquema “de negocios verdes que no son otra cosa que la privatización del Bosque y grandes beneficios económicos que representa el proyecto Redd +, Fundación AMÉ y UT”, se expuso desde la Red de Vigías.

Parte del meollo es conocer quiénes y cómo se donaron miles de hectáreas, sin tener en cuenta que cientos de ellas correspondían a familias de colonos que las tuvieron por décadas y que en su momento intentaron legalizar, pero desafortunadamente no lo lograron por el conflicto armado y las barreras propias del sistema.

Sobre este punto, desde la Universidad del Tolima se explicó que de acuerdo a documentos de archivo, el 19 de agosto de 2003 se estableció el acuerdo 007 mediante el cual se autorizó a la dirección universitaria “aceptar hasta 16 mil 700 hectáreas”.

Por su parte, Andrés Bedoya, secretario General de la UT, agregó que la decisión que tomó el Consejo Superior de la UT, (CSU) además de contar con un acuerdo, también, generó un acta en la que se plasman las conversaciones del tema abordado.

Puede leer: Mapa Galilea A0 Propiedad de la tierra v3

Para este caso, la sesión de ese 19 de agosto se hizo en el despacho del entonces gobernador del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en consenso con los miembros de este órgano superior se optó por recibir las más de 16 mil 700 hectáreas.

En el documento conocido por esta redacción, se precisa que “la Cooperativa Galilea ofreció la donación de una extensión de terreno aproximada de 16 mil 700 hectáreas, denominada Hacienda Galilea ubicada en la vereda Tres Esquinas municipio de Villarrica conformada por 219 predios”, asimismo, se señala que están registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar.

Dicho aporte fue aceptado con objetivos científicos y se acordó que la Facultad de Ingeniería Forestal debía presentar un proyecto de manejo, además, se indica en dicha acta que la donación “tiene carácter incondicional para la Universidad, es decir sin contraprestación onerosa y de otra parte libre de hipotecas o cualquier otro tipo de gravamen”.

 

El documento está firmado por los entonces presidentes del CSU, Guillermo A. Jaramillo, y el secretario General, Héctor Villarraga Sarmiento.

Cabe recordar que en la sesión también estuvieron presentes Jesús Ramón Bulla, quien era el rector en ese momento; Alfredo Sarmiento Narváez, representante del Ministerio de Educación; Edgar Machado, representante de los exrectores; José Herman Muñoz Ñungo, representante de las Directivas Académicas, Félix Salgado Castillo, representante de los profesores y Fabio César Vivero, representante de los Estudiantes.

Según el acta, la presentación del proyecto mediante el cual la Cooperativa Galilea ofrecía la donación estuvo a cargo de Rafael Vargas (Q.e.p.d.) como decano de la Facultad de Ingeniería Forestal, en su exposición explicó que los terrenos constituían una “reserva natural de enorme riqueza como bosque primario, único por sus características en la zona andina”.

Asimismo, contó que a ese momento la Universidad ya había entregado un proyecto de manejo a Colciencias y que el propósito fundamental era que “la Empresa Bienes y Concesiones S.A., logre vender los predios, con el incentivo contemplado en el artículo 125 del Estatuto Tributario, para ser donados a la Universidad”.

A lo que hace referencia dicho artículo es que los empresarios tras adelantar donaciones podían beneficiarse de deducciones tributarias.  

 

Y aparecieron los propietarios foráneos

Otra de las preguntas puntuales de la comunidad fue ¿Cuáles predios tiene en la actualidad la Universidad, dónde están ubicados y qué porcentajes comparten con empresas y entidades públicas o privadas dentro del Bosque?

En este punto los funcionarios de la UT respondieron que de las 16 mil 700 hectáreas distribuidas en 219 predios, actualmente, han recibido 75 predios “de los cuales 51 de ellos están donadas en un 100 por ciento a la institución y 24 están compartidos en la figura de común y proindiviso (es decir copropiedad)”. En total la UT tiene 144 escrituras.

Según relación conocida por las comunidades y EL NUEVO DÍA, el origen de los aportes de las más de 16 mil hectáreas proviene de G y J Ramírez S.A.

Entrando en detalle se tiene que empresas como Holcim Colombia, supuesta propietaria, entregó 31 Ha – 4,858 M2 en 2003 a través de escritura de la Notaría 19 de Bogotá; Hyundai Colombia Automotriz S.A. tenían los lotes 16 y 21, que donaron en un 100 % entre el 2005 y 2006.

En el listado también aparece Challenger S.A con un predio de 41 Ha, 8.179 M2 entregadas en 2005, Nissan S.A. 37 Ha 1.382 M2 aportados también en 2005, de la misma forma, se relaciona una propiedad en conjunto entre Motores & Máquinas S.A. Motorysa, Isvi Ltda, Incolbestos S.A. de la cual entregaron el 80 % entre el 2006 y 2007.

Como si fuera poco, aparecieron con propiedades en Galilea, ladrilleras, urbanizadoras, vendedoras de materiales para construcción, ferreterías, inclusive una aerolínea chárter, igualmente, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, entidades de salud, consorcios metalúrgicos, una tienda de moda, entre otras.

Los predios fueron registrados mayoritariamente en notarías de Bogotá, igualmente, aparecen de Floridablanca (Santander), Cali (Valle del Cauca), Medellín, Girardota, Bello, Retiro (Antioquia) Mosquera y Chía (Cundinamarca). Las entregas de los bienes se hicieron entre el 2003 y 2016.

Sobre este tema, el secretario General de la UT explicó que en 2007 a través del acuerdo 043 del 30 de octubre se hizo una modificación al acuerdo inicial 007 de 2003, que consistió en establecer que los donantes eran la Cooperativa Galilea y otras empresas.

Puede leer el Relación de las donaciones a la UT.

Tras esta respuesta de los directos, varios de los asistentes en sus intervenciones expresaron rechazo a la supuesta titularidad que dicen tener privados sobre el Bosque de Galilea, “porque se dice que hay una titulación de 16 mil hectáreas en Galilea, cuando casi la mayoría de los habitantes que somos de aquí de Villarrica, nacimos acá y tenemos nuestro asentamiento acá, sabemos que en Galilea si hay cinco o seis escrituras, no hay más”, expresó un habitante y pidió copia del listado de bienes junto a los Certificados de Libertad y Tradición.

A lo que el hombre hace referencia es que si se compara la cantidad de tierras en Galilea con la escrituración que tienen los colonos, esta última es mínima, por lo que se evidencia una falta de análisis de propiedad.

De otro lado, el actual presidente de la Mesa Directiva del Concejo, expuso que es necesario determinar a quién le están girando los beneficios económicos que surgen de los predios en cuestión, también, hizo referencia a que un campesino para que le titulen las tierras debe tener mejoras con vivienda y cultivos.

“Y hoy veo con gran asombro que aparecen según las palabras de ustedes mismos (Universidad), 144 títulos quizás en unos terrenos en donde ni siquiera hay cultivos de pancoger”, asimismo, cuestionó si la totalidad de propietarios le pagan impuestos al Municipio.

Por ello, solicitó a la UT enviar copia de la documentación de los predios con el fin de adelantar un debate de control político al interior de la Corporación. Desde la institución académica se respondió que por parte de ellos han pagado los impuestos a Villarrica.

 

‘Negocios verdes’

Por su parte, la representante a la Cámara, Martha Alfonso, aunque no asistió envió como delegado al abogado Rafael Negrete, quien es integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo.

El profesional le transmitió a los asistentes y a las directivas de la Universidad los interrogantes de Alfonso entre ellos “¿Por qué de las 16 mil 700 hectáreas ofrecidas en donación por la Cooperativa Galilea y otras empresas a la Universidad del Tolima, esta solo terminó con 3 mil 277 Has? ¿Qué pasó con las otras 13 mil 423 hectáreas?, las respuestas reposan en los documentos del caso, los predios están en manos de la Fundación AMÉ a través del Fideicomiso Fondo Ambiental que se ha dicho de paso, no se conoce quiénes o quién son sus beneficiarios”.

Pero la representante Alfonso fue más allá y mencionó que los predios actualmente son utilizados para hacer bonos de carbono en “perjuicio de la propia Universidad y la comunidad del Bosque de Galilea”.

Apreciación que hace porque en 2018 la UT manifestó mediante un oficio la intención de participar en el proyecto bonos de carbono, lo que le permitiría a futuro acceder a beneficios de acuerdo a la fracción correspondiente de predios que le habían donado.

No obstante, en el documento se habría precisado que la propiedad completa de créditos de carbono como por ejemplo, Reducciones Certificadas de Emisiones, CERs, o Reducciones Voluntarias de Emisiones, VERs, u otro tipo de pagos por servicios ambientales, serían transferidos a la Fundación AMÉ, entidad que sería libre de “transferir esos créditos de carbono a un comprador”.

También se dejó que el valor neto que surgiera de la venta de los créditos de carbono producidos en terrenos de la propiedad de la Universidad del Tolima se compartiría en un  50 % con AMÉ.

Asimismo, se expuso que sería más dignificante para la institución incluir a las comunidades del Bosque de Galilea en los proyectos direccionados a generar beneficios.

 

Voces del territorio

Enir Bermúdez es una joven villarricense que exaltó el trabajo hecho por la comunidad, las veedurías y los docentes de universidades que vienen apoyando el proceso, indicó que es necesario encontrar respuestas, pues quedó en evidencia que hace 20 años al momento de recibir las donaciones el alma máter no hizo las verificaciones del caso. “Villarrica necesita una respuesta, necesita saber en qué se han aprovechado esos terrenos, en qué los podemos aprovechar como comunidad y cuál va hacer el trabajo de ustedes (UT) para repararnos”.

Agregó, que una forma de resarcir la ausencia que ha tenido la institución en esta parte del Tolima, es brindar opciones educativas para los jóvenes, que aunque tienen el anhelo de seguir formándose no lo pueden hacer por temas económicos.

A su turno Norida Ramírez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuatro Mil indicó que se habla de miles de hectáreas en manos de privados, pero se desconoce si pagan impuestos al Municipio, pues paradójicamente en zonas aledañas a Galilea los habitantes carecen de vías y acceso a la educación.

Igualmente, participó Fidel Tovar de la vereda Galilea, indicó que en su niñez vivió los estragos que dejó el conflicto allí. En la actualidad está satisfecho por el trabajo mancomunado que logró parar a una multinacional petrolera, también, tiene un sentimiento de engaño pues se desconoce totalmente qué está pasando con los recursos que generan los bonos carbono y en dónde los están invirtiendo.

De la misma forma, señaló qué va a pasar con el Plan de Manejo Ambiental, pues a hoy no se sabe si la finalidad va orientada a las comunidades o a las empresas.

Fabio Londoño integrante de la red de vigías coincidió que en este tema no se puede hablar de ‘borrón y cuenta nueva’, pues es un conflicto que existe y debe solucionarse, hizo referencia a que todo lo ocurrido con los predios fue a las sombra del conflicto armado.

“Se hicieron todos estos negocios, todos estos chanchullos, porque para mí esto es un chanchullo”. Agregó, que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz el panorama cambió y que son las comunidades las que cargan en sus hombros la defensa del territorio.

Alfonso Tavera es un adulto mayor residente de Galilea, a su avanzada edad tienen intactos los recuerdos del conflicto armado en los 50’s, cuando era un niño, narró que tras seis décadas de vivir allí conoce cerca de 60 colonos y fundadores de Galilea.

“Yo estuve cuando se fundó la Junta de Acción Comunal en Galilea, que la hizo el exalcalde Luis Arazo Hincapié, en esa época no se conocía ninguna AMÉ y hoy en día AMÉ está sacando pecho como fundador de Galilea, cuando no es así, yo si tengo historia lo mismo que don Roberto Wolf (…) a dónde van a parar los derechos de los fundadores que deben ser reconocidos”.

Añadió que en esta época hay colonos que no tienen titulación de sus tierras, pero no por su irresponsabilidad, sino por parte de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales que nunca los apoyaron para lograrlo. “Cantidad de colonos murieron de viejos pidiendo la titulación de las tierras y el Gobierno no les quiso titular”.

 

Fragmentos de memoria imposibles de ignorar

De otra parte, Jorge Orlando Pérez indicó que indiscutiblemente un ingrediente del conflicto armado en el país es la tenencia de tierra, asimismo, mencionó que cuando a una persona ya sea jurídica o natural “le regalan algo” debe indagar en su origen y en por qué el interés de entregarlo, situación que no ocurrió hace 20 años.

“Es bueno que sigamos organizándonos y exigiendo verdades que nos expliquen realmente, por qué la Universidad del Tolima no se opuso a que le dieran esa licencia de explotación y exploración a esa multinacional, afortunadamente, eso (impedirlo) se logró”.

Otra de las intervenciones fue la de Leidy Arevalo integrante de la Veeduría de Gestión Pública y Ambiental del Bosque de Galilea, indicó que hasta el momento no hay un documento de la UT en la que se evidencia un desistimiento de acceder a las cerca de 13 mil hectáreas restantes que estarían a cargo de la Fundación AMÉ.

“Las donaciones no fueron de personas sino de empresas, pero empresas desconocidas de la región, ¿pero cómo llegaron?”.

Las dudas están acentuadas porque no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes están detrás de la Cooperativa Galilea, entidad que da origen a toda la problemática que gira en torno a las 16 mil hectáreas.

Otro de los testimonios escuchados fue el del señor Roberto Wolf, un adulto mayor de 90 años que nació en la vereda La Colonia y fue fundador de Galilea, traía consigo un listado de los colonos que residen en Galilea, documento que está conformado por cerca de 583 familias que ingresaron a la Mesa de Galilea a través de una formalización de predios que hizo por parcelaciones la Caja Agraria.

Recordó que en agosto de 1952 vivió los horrores de la guerra, en esa época su padre fue sacado de la casa y detenido por más de siete meses. “Cuando volví a La Colonia no encontré sino las piedras donde era la casa, los cabros, las bestias, todo se lo robaron”.

Este fragmento de la vida de don Roberto, hace parte de esa trágica historia que vivieron los villarricenses a causa de un conflicto bélico que se agudizó en 1955 cuando el Gobierno declaró como zona de operaciones militares, ocho municipios de Sumapaz. Este hecho originó desplazamiento y despojamiento del territorio.

De otro lado, la docente Aída Quiñones del departamento de Ciencia de la Información - Pontificia Universidad Javeriana-, dijo en su intervención que este es un tema que no se puede dejar sin resolver y así como se ha hecho en diferentes situaciones en el país, es necesario “desenterrar lo que ha pasado en el Bosque de Galilea”, agregó que se requiere un estudio serio de títulos que permita “precisamente esa verdad, esa justicia para reparar.

“Además, ustedes están viendo que posterior a eso ha habido unos proyectos de bonos de carbonos donde vinculan a la Universidad (del Tolima) con una Fundación AMÉ, tiene una fiducia que por el tema de fiducia opaca la información. Creemos desde el Departamento que es necesario que se haga ese ejercicio”.

A esta petición de estudio de títulos, se unió Armando Salazar, miembro de la veeduría sobre la Gestión Ambiental y Pública del Tolima quien expuso que si la UT hubiera hecho el estudio de títulos de las propiedades que le donaron en su momento, se habría podido encontrar la escritura que originó el mapa de loteo de 1997 y los linderos originales.

 

¿Quién conoce a AMÉ?

El nombre de la Fundación AMÉ sin ser del territorio, está presente en diferentes documentos al lado del de la Universidad del Tolima, por ello, el segundo bloque de preguntas de la jornada se orientó a la relación que hay entre ellas dos.

Se pidió a la UT que explicara la intervención del entonces decano de la Facultad de Ingeniería Forestal, Rafael Vargas (Q.e.p.d) pues en 2016 apareció como representante legal de AMÉ, entidad que terminó siendo propietaria de gran parte de los predios que nunca llegaron a la Universidad.

Sobre ello, la asesora Jurídica del alma máter dijo que tras revisar los archivos, desde la Dirección de Gestión de Talento Humano se señaló que Vargas estuvo vinculado con la UT entre 1994 y 2007 y luego regresó en 2008 hasta el 2014.

“Por tanto, las actividades que el señor Rafael Vargas haya hecho con posterioridad al 2014 o a la fecha en que se le haya aceptado la renuncia por parte de la universidad fueron actos particulares que él ejerció en nombre propio”.

Otras de las peticiones del comité promotor fue acceder a los documentos que estuvieran firmados por Vargas como decano o funcionario y que estuvieran relacionados con los predios donados.

El secretario General de la UT expuso que tras hacer una búsqueda en los archivos de la institución, no se encontró ningún documento de este tipo, no obstante, si hay 57 escrituras (fechadas entre el 2003 y 2007) en las que en calidad de decano de la Universidad, recibió los predios donados para su conservación.

En cuanto al interrogante de si existen vínculos, acuerdos o convenios entre UT y AMÉ, la asesora Jurídica explicó que en su momento la institución académica, hizo “acercamientos con Fundamé en correspondencia al proyecto de conservación, restauración del Bosque de Galilea y esto nos llevó a que en 2018 se suscribiera una carta de intención, con el ánimo de que todos los beneficios que se pudieran recibir con ocasión de los bonos de carbono, fueran reinvertidos en Galilea en la proporción de los predios de los cuales es propietario la universidad”.

Enfatizó que hasta el momento solo se cuenta con la carta de intención y que no se tiene ningún proyecto financiado por la Fundación AMÉ.

En medio de la audiencia salió a relucir el nombre de la empresa Ecocarbono S.A.S. Zomac, que tendría, según portal de registros empresariales, su domicilio en Villarrica y se dedica a la silvicultura, actividades forestales y apoyo a la agricultura.

Con dicha entidad, la UT en el momento tiene un acuerdo de conservación que se firmó en julio de 2020 y con la finalidad de conservar el Bosque de Galilea.Se aclaró que hasta la fecha no existe ningún proyecto financiado por Ecocarbono.

En esta parte de la audiencia los asistentes preguntaron qué ha hecho la Universidad con los predios donados entre el 2003 y 2020 para la preservación del Bosque de Galilea, en este punto funcionarios indicaron que las tierras están dispersas al interior de Galilea, la tarea ahora es empezar a ubicarlos a partir de los datos que están en las escrituras.

Jhon Jairo Méndez, vicerrector de Investigación, Creación, Extensión y Proyección Social de la UT, explicó que durante los últimos años se han hecho prácticas, investigaciones y descubrimientos de nuevas especies. “Nosotros estamos conservando, es el compromiso que adquirimos, ahora tenemos una nueva dinámica y es la apuesta de las propuestas que venga de ustedes para nosotros y de nosotros para ustedes. También la declaratoria de reserva”.

En medio de las intervenciones se generó una nueva duda, pues aunque la Universidad reitera que no tienen ninguna relación establecida con AMÉ sino solo una intención, al parecer, en algunos documentos aparece el nombre del alma máter en proyectos con la Fundación.

Desde Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente se explicó que AMÉ utilizó la carta de intención que hizo la UT en 2018 “dentro de la formulación del proyecto Redd para decir que está vinculada a la Universidad del Tolima dentro del proyecto como beneficiaria, y las verificaciones que se han venido dando posteriores a ese momento que han sido en 2019 y 2021 indican que tantos los procesos de declaración del área protegida como las actividades de investigación y demás acciones, también, son parte del proyecto”.

En esa medida para la delegada de Minambiente existe una posibilidad que Fundación AMÉ está haciendo uso de acciones que adelantaron otras entidades para reclamar los certificados de reducción de emisiones (bonos de carbono), lo que llevaría a que desde 2010 “se han reclamado resultados con actividades que la Fundación no ha hecho”.

El vicerrector Méndez indicó que tras esta información lo que les queda es ir a preguntarle a AMÉ que se ha hecho con el nombre de la UT y en qué están trabajando, por lo que indicó que los citará a una mesa de trabajo para conocer en qué están, todo ello será consultado con las comunidades.

Juan de la Cruz Perdomo, miembro de la veeduría del Bosque de Galilea indicó que desde hace años vienen consultando sobre la Fundación con la UT y la respuesta fue la misma, que no existía y ahora se conoce lo expuesto por el Ministerio.

Pero las sorpresas del día no pararon ahí, pues desde la veeduría se expuso que Ecocarbono está dirigida por Luz Ángela Palacios que también hace parte de AMÉ. Según un video publicado en el portal Youtube, Palacios fue invitada a un evento para hablar sobre el proyecto Redd+ Bosque de Galilea que viene adelantado con la Fundación y Ecocarbono.

En su exposición habló que la propuesta ambiental está en 16 mil hectáreas ubicadas en Villarrica y que corresponden al Bosque. Aseguró que se han hecho varias estrategias y programas como la apicultura y guardabosques

La mujer resaltó que la alianza que tiene con la Universidad del Tolima, la “llena de orgullo” pues se genera investigación científica y capacitaciones, igualmente, comentó que se han generado varios descubrimientos de nuevas especies. 

Desde la Universidad Nacional se expuso que la UT tiene una gran responsabilidad en indagar en los orígenes de los predios para poder sanear diferentes situaciones con la comunidad. Hizo un llamado a revisar los errores que se cometieron en el transcurso de 20 años, igualmente, dio a entender que años atrás la institución académica recibió predios que solo beneficiaron a grandes empresas con la exención de impuestos y ahora es una fundación la que está sacando provecho.

Mientras que desde la Universidad Javeriana se expuso que en documentos está plasmado que existe un programa de compensación de emisiones y conservación del Bosque de Galilea AMÉ que se sustenta en los lotes de la Fundación y de la Universidad del Tolima.

Igualmente, sale a relucir Asoprobosques como el encargado de diseñar el esquema de donación de las áreas para la UT con el fin de que personas, empresas o instituciones se convierten en benefactores que apoyan financieramente la investigación y la conservación de uno de los últimos relictos boscosos andinos de la cordillera oriental.  

 

La lucha continúa

Desde la Red de Vigías Defensores del Bosque de Galilea y Territorio junto a Asojuntas, se explicó que llegaron a la audiencia tras una ardua búsqueda de información y recibir respuestas incompletas por parte de la Universidad del Tolima.

Recordaron que desde que se estaba trabajando en la declaratoria ambiental, existían un sinnúmero de dudas que terminaron quedando a un lado ante la premura de proteger a Galilea de los intereses extractivos.

“Sin embargo, con la continuidad del tiempo nos encontramos que hay más y más vacíos de información y no transparencia en cuanto a la gestión y acciones que han tomado tanto la Universidad del Tolima y Cortolima”, dijo una de sus integrantes.

Agregó, que hay indicios de que personas ajenas al territorio están usufructuando el Bosque mientras que los habitantes de la zona pasan diferentes necesidades, estigmatizaciones y violencias.

Y en lo que respecta al territorio indicó que la tenencia es de toda la vida, pues existen personas que corresponden a la tercera generación de familias que llevan décadas como poseedores. “Siempre escuche a mis abuelos que buscaban la titularidad de sus predios pero no lo lograron”.

Al preguntarles si conocen la Fundación AMÉ, las personas consultadas dijeron que en las veredas y sectores aledaños a Galilea la desconocen totalmente.

Por su parte, Armando Salazar Ariza, integrante de la Mesa Ecorregional de Sumapaz Oriente del Tolima y Huila, al igual que miembro de la veeduría sobre la Gestión Ambiental y Pública del Tolima, comentó que fue positiva la audiencia, porque la comunidad conoció de voz de la UT varios datos, que hasta el momento eran rumores.

Explicó que parte de toda esta situación parte de 1998 cuando se dispuso de una parte de la Hacienda Galilea, luego se parceló y entregó predios a la Cooperativa Galilea empresa cuyos propietarios serían una familia que está relacionada con Asoprobosques, Fundación AMÉ y Ecocarbono.

Recordó el capítulo de 2011 cuando la Dian investigó a varias empresas que se ahorraron miles de millones de impuestos porque compraron predios de Galilea a precios exorbitantes aunque su valor era mucho menor, los cuales terminaron siendo donados a la UT. Este hecho generó un escándalo mediático, aunque a la final no se supo en que concluyó dichas investigaciones.

Salazar Ariza indicó que coincidencialmente en 2010 se reglamentó en el país los proyectos Redd+, por lo que los predios que debían llegar a la UT terminaron en un fideicomiso administrado por la Fundación AMÉ.

 

UT pedirá cuentas

Jhon Jairo Méndez Arteaga, vicerrector de Investigación, Creación, Extensión y Proyección Social de la UT, dijo que se siente satisfecho con la rendición de cuentas pues permitió que la institución le ‘pusiera la cara’ a la comunidad para explicar el papel que juega en el Bosque de Galilea, por lo que una de las primeras tarea es establecer un plan programático de intervención en el territorio.

Reiteró que aunque en 2003 se alcanzó a hablar de más de 16 mil hectáreas tan solo se llegó a un poco más de 3 mil que están dentro del polígono que fue declarado como Parque Natural Regional, “la Facultad de Ingeniería Forestal ha venido haciendo un ejercicio de investigación con los estudiantes. El compromiso que tenemos con la comunidad es que nosotros vamos a trabajar para la comunidad desde la Universidad con diferentes actores”.

Otro de los compromisos es establecer una mesa técnica de predios para despejar dudas sobre un posible traslape con tierras que están en posición de los colonos y revisar el antecedente de las donaciones, “la Universidad no tienen ninguna intención de sacar a la comunidad de ese territorio, queremos brindar un apoyo con el Consultorio Jurídico”.

 

Para evitar que se repita este tipo de hechos, una propuesta del alma máter es crear un comité técnico que revise las donaciones para indagar en su procedencia junto a las comunidades.

Y en lo que respecta a la Fundación AMÉ reiteró que en 2018 se presentó carta de intención para el proyecto Redd+ y participar en la venta de bonos de carbono para lograr recursos que permitieran financiar trabajos de conservación.

“Quedamos de socializarlo con la comunidad, en eso llegó la pandemia, no lo pudimos hacer. Ahora adquirimos el compromiso de hacer una mesa técnica con estas entidades para que nos digan qué han hecho, junto con el Ministerio de Medio Ambiente aclaramos la situación y definimos qué pasa.

“Si hay recursos que han captado en nombre de la Universidad procederemos a reclamarlos. La Universidad no ha recibido un solo peso”, hasta el momento.

 

El trabajo comienza

Tras un arduo debate por dos días, la rendición de cuentas dejó varias conclusiones que fueron aprobadas por las partes participantes. Entre ellas está, adelantar una reunión extraordinaria del Consejo Superior de la UT en el que se aborde como tema único el Bosque de Galilea y Redd+, en este espacio participaran delegados de los habitantes y del comité promotor de la audiencia.

Desde las comunidades se hará una solicitud para que la UT desista del acuerdo que fija la sesión de los créditos de carbono, asimismo, se pedirá un estudio de títulos de los predios de la Universidad, la Fundación y las empresas.

Igualmente, se hará una mesa de seguimiento que estará a cargo de Minambiente sobre el cumplimiento de las salvaguardas de Redd+ que incluye derechos territoriales, participación, transparencia de la información y distribución de los beneficios justos.

Asimismo, se trasladará este caso a las Contralorías General y Departamental para que se investigue a funcionarios públicos de la UT y Cortolima.

Finalmente, se hará una “solicitud de pronunciamiento público de la Universidad asumiendo la omisión de responsabilidades, la falta de transparencia y desistimiento de las afirmaciones sobre presencia de actores violentos en Galilea”.

En este tema se tendrá en cuenta el Acuerdo de Escazú pues brinda el derecho de participación, acceso y transparencia en la información y justicia en procesos ambientales, igualmente, entrega herramientas para exigir respuestas oportunas de parte de las entidades y así lograr que las comunidades accedan a la información, comprenda qué está sucediendo y se vinculen en espacios de participación y decisión.

Cabe resaltar que en el caso de Colombia, el Acuerdo es el primer tratado de América Latina y el Caribe que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.  

 

Datos

- La jornada estuvo acompañada por delegados de la ONU, la Defensoría del Pueblo Regional, la Alcaldía de Villarrica, entre otras entidades.

- En palabras sencillas Redd+ es una forma de generar tasas de compensación de carbono, las empresas contaminan en un lugar del mundo y compran, por ejemplo, bonos en Galilea para reducir el daño.

 

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