Hace más de cinco años el Servicio Geológico Colombiano, SGC, entregó un informe sobre la evaluación de riesgo físico por movimientos en masa del casco urbano en Villarrica, por ello, se empezó hablar de un reasentamiento en un área menos vulnerable.  

Pasado el tiempo y tras varias gestiones, se logró que la nación destinara $8 mil millones para la construcción de un centenar de viviendas.

Y aunque la meta era tenerlas listas en marzo de este año, algunas inquietudes surgidas en terreno impidieron cumplir con lo anunciado. Mientras que algunos habitantes se preguntan qué pasó con el proyecto, otros viven con la angustia de tener sus casas agrietadas.

Los otros estragos del invierno

En los últimos dos años el departamento afrontó una compleja temporada de lluvias, lo que ocasionó que diferentes poblaciones tuvieran que afrontar inundaciones, deslizamientos y bloqueos viales. Para el caso de Villarrica el invierno aumentó la humedad por lo que los  habitantes empezaron a notar un mayor agrietamiento en las paredes y pisos de sus viviendas.

Algunos lugareños comentaron que con el paso del tiempo se nota más desmejoramiento en las estructuras del casco urbano, asimismo, que aunque hay zonas como el barrio Miraflores en el que la problemática no es tan neurálgico, si viven los días con preocupación porque las grietas cada vez son más profundas.

En consideración de los habitantes la remoción en masa y los altos niveles de humedad, jugaron en contra, por lo que sus hogares se mantienen en un latente riesgo. Otros ciudadanos señalaron que además de las condiciones topográficas, al municipio se le suma otra situación atípica y es el alcantarillado, estructura que es obsoleta y es vista como deficiente para lo que necesita en la actualidad la población.

Además de esto, otros factores que influyen en el barrio Miraflores es que las aguas lluvias no son correctamente direccionadas, por lo que se termina represando y desencadenando a su vez mayor inestabilidad del terreno, “si los gobiernos nacional, departamentales y municipales no hacen algo muy probablemente el problema será muy pesado”, opinó una habitante.

Siendo conscientes del riesgo en que está el municipio y que no se puede plantear grandes inversiones por parte del Estado, la comunidad pide que por lo menos se canalice aquellas áreas en donde el agua lluvia se acumula, pues por más que intenten sanar las grietas, estas vuelven a aparecer, “sino canalizan todo esto se va a seguir dañando”, agregó la lugareña.

Otros testimonios hacen referencia a que en el último año las paredes y pisos se ‘reventaron’ más, por lo que tuvieron que ‘amarrarse el cinturón’ para reducir los gastos al interior del hogar y poder hacer resanes a modo de mitigación.

“Como no hay alcantarillado, como no hay obras de mitigación ese movimiento de la tierra se siente más y afecta las infraestructuras”, así estén bien hechas.  

Contrato suspendido 

Una de las labores que vienen adelantando las entidades de gestión del riesgo es el proceso para trasladar de forma paulatina el casco urbano a un área menos vulnerable, sin embargo, algunas personas comentaron que es un proyecto que se sigue viendo lejano, pues el terreno elegido para empezar el reasentamiento, al parecer, cuando llueve con fuerza se inunda.

Señalaron que hubo momentos en los que los trabajadores que están en el área haciendo labores de excavación y alistamiento, tuvieron que parar en varias ocasiones.

A lo que hacen referencia los habitantes es al proyecto que se desarrolla actualmente y con el que se busca construir 106 viviendas para reubicar mismo número de familias.

En este proceso las priorizadas son las que residen en barrios como Obrero, alrededor de la quebrada El Botadero o aquellas cuya estructura está por colapsar.

Para lograrlo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas contiguo al barrio Higinio Patiño, para levantar las primeras construcciones que harán parte de la ‘Nueva Villarrica, por lo que el Gobierno nacional dispuso de más de $8 mil millones para lograrlo.

Según la información publicada en el portal de contratación pública Secop I, para esta obra se hizo una invitación a quienes estuvieran interesados en desarrollar la propuesta en dos fases. La primera consistió en la elaboración de los estudios, diseños técnicos a detalle de las unidades, obras de urbanismo, obras complementarias e intervenciones necesarias para garantizar la funcionalidad del proyecto. Para esta labor se destinó un poco más de cuatro meses.

Y la segunda fase consiste en la ejecución del proyecto, construcción y legalización de las soluciones de vivienda y desarrollo del urbanismo de acuerdo con los estudios técnicos, diseños, licencias y permisos.

Teniendo en cuenta que la Ungrd es el ejecutor, en julio de 2021 se hizo la invitación a cotizar a diferentes constructoras, finalmente, hubo un único oferente por lo que la responsabilidad de la ejecución quedó en manos de la Unión Temporal Dyas Villarrica 2021 conformada por las empresas Diseños y Construcciones Dyco S.A.S. con una participación del 55 % y Asfaltemos S.A.S. con el 45 %. El contrato de las fases I y II ascendió a los $8 mil 522 millones 867 mil 816. Mientras que la interventoría tuvo un valor de $606 millones 710 mil 076 y quedó a cargo de la Unión Temporal Intervilla HR.

La idea propuesta en ese entonces fue crear viviendas unifamiliares con un área mínima de 59,5 metros cuadrados, de un piso pero con diseños arquitectónicos y estructurales que brinden la posibilidad de ampliación por cuenta del propietario. La urbanización de arranque contará con siete manzanas que deberán estar a una futura área de incorporación, esto teniendo en cuenta que se busca, a largo plazo, ir trasladando las diferentes estructuras que hacen parte del casco urbano.

Teniendo claridad en la ruta a seguir, según información expuesta en una valla informativa en Villarrica, el contrato inicio a ejecutarse el 29 de noviembre de 2021 por lo que se proyectó como fecha de terminación de las fases I y II el 15 de marzo de 2023, sin embargo, a tres semanas de cumplirse el plazo, solo se cuenta con la primera parte terminada por parte de la Unión Temporal, es decir los estudios y diseños.

EL NUEVO DÍA conoció que el contrato se suspendió hace cerca de cuatros meses porque en el análisis de suelos encontraron anomalías en el terreno relacionadas con la problemática por remoción en masa, esta situación obligó a adelantar un estudio más detallado, por lo que se está a la espera de los resultados.

Al consultarle el tema a la directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, recordó que en 2017 se conoció el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de Villarrica, desde entonces se empezó a trabajar en una serie de mesas técnicas lideradas desde la Gobernación del Tolima y que han contado con la participación de instituciones del ente nacional, por ello ante el cambio de mandato en Presidencia de la República, se procedió a socializar el trabajo adelantado con los nuevos funcionarios de la Ungrd, Invías y Ministerio de Vivienda, “para que nos tengan en cuenta en la estructuración del Plan de Desarrollo Nacional”.

Y en cuanto al estudio detallado de los suelos, informó que el “8 de marzo nos vamos a reunir todas las instancias. Como coordinadores citamos a una reunión para que nos cuentan cómo van los avances”.

Finalmente, la Directora recordó que en el camino además de gestionar la obra de las viviendas y hacer un trabajo articulado con la Ungrd, también se logró entregar dos hectáreas por parte de la Administración seccional al Municipio para crear la nueva sede del hospital La Milagrosa y una nueva institución educativa.  

Una latente espera 

En 2017 el SGC tuvo listo el informe de vulnerabilidad, entre los datos revelados estuvo que los daños más frecuentes evidenciados fueron grietas y fisuras por los movimientos en masa y las deficiencias en las construcciones. Igualmente, se señaló que el 99 % de las edificaciones estaban en vulnerabilidad alta, por lo que se pronosticó que la destrucción completa de varias de ellas se darían por la “acumulación de deformaciones a largo plazo”.

Y en cuanto la red de alcantarillado se explicó que es un sistema combinado de aguas lluvias y residuales que está en mal estado, entre la causas está la falta de actualización y de mantenimiento por más de tres décadas, lo que genera fallas en las conexiones de red, fracturas y fisuras en la tubería.

Luego a comienzos de enero de 2018 el SGC socializó el informe con diferentes entidades del Departamento y expuso que pese a que se podían adoptar varias intervenciones estructurales para bajar los niveles de amenaza como la construcción de caissons y pozos drenantes, el riesgo no desaparecería totalmente.

Además, las medidas en ese entonces llegaban a los $103 mil millones, ante la exorbitante cifra surgió el interrogante de si los entes de control y la normatividad existente, permitirían destinar recursos públicos en un municipio que está catalogado como de alto riesgo.

Por ello, se empezó a contemplar la alternativa de invertir en un reasentamiento paulatino y a largo plazo teniendo en cuenta las implicaciones económicas y sociales que conlleva la medida.

Desde entonces se procedió a adelantar  una serie de trámites y gestiones para que Villarrica estuviera en el radar de la Nación, pues hacer cualquier intervención o proyecto requiere de recursos con los que no cuenta el municipio, teniendo en cuenta que es de Sexta categoría.

Ahora los villarricenses esperan que la actual Presidencia, en cabeza de Gustavo Petro, mantenga el plan de hacer nuevas construcciones como las 106 viviendas, igualmente, están a la expectativa de que tanto cambiará el presupuesto inicial, ya que se sustenta en cifras de 2020, es decir, de hace tres años.

También, llaman la atención en que los problemas por remoción en masa debe ser prioridad en las nuevas administraciones de la región, pero que no se puede usar como ‘caballito electoral’ para obtener votos y hacer promesas que a la final quedan el aire y la preocupación de la comunidad en el total olvido.

Antecedentes 

Cabe recordar que la idea de trasladar el casco urbano surgió tras conocerse los resultados de Evaluación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Físico por movimiento en masa en el casco urbano de Villarrica en escala 1:2000 emitido en 2017 por el Servicio Geológico Colombiano. Dicho estudio incluyó el casco urbano, las áreas de expansión urbana y la suburbana.

En el documento se hace un recuento de los antecedentes del fenómeno, por lo que se menciona que el entonces Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, Ingeominas, determinó en 1993 una principal amenaza geológica surgida por “movimiento lento e imperceptible del terreno, evidenciando por signos de escalonamiento y grietas de tracción en el terreno, generando fisuras y deformaciones en las construcciones aproximadamente en un 50 % del casco urbano”.

Para esa época el agrietamiento ya estaba en el Hospital y la escuela, estructuras que fueron desalojadas años después, también se veía entre el cementerio y el puesto de policía, la carrera Segunda que conduce hacia el río Cuindecito.

La situación se fue extendiendo a diferentes sectores a raíz de un “desplazamiento de material debido a la saturación del suelo”.

Luego en 2013 la Alcaldía declaró la calamidad pública por el colapso total del sistema de alcantarillado de la zona urbana, en ese momento se mencionó averías en un 85 % de las casas del área urbana.

Un año después, la Gobernación del Tolima declaró la situación de calamidad pública en Villarrica, de esta medida surgió un convenio interadministrativo entre el SGC, Cortolima, Administración seccional, Ungrd y Alcaldía para hacer el estudio inicialmente mencionado.

Dato

- La situación de agrietamiento y vulnerabilidad está bajo el seguimiento y acompañamiento de la Procuraduría Regional del Tolima. 

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