La vocera de Acnur, Adriana Buchelly, reveló ante la Corte Constitucional que en el 2011 un total de 23 instituciones educativas de Medellín fueron declaradas en situación de riesgo por las llamadas fronteras invisibles establecidas por grupos armados.

Esto generó ?el retiro de muchos estudiantes y el traslado de los que decidieron quedarse hacia otras zonas de la ciudad?.

Para el primer semestre de 2011 se tenía el registro de 21 estudiantes y 40 docentes amenazados en diferentes comunas de Medellín y 14 estudiantes fueron asesinados.

?Sólo en seis instituciones educativas, 965 estudiantes se retiraron después de haber sido amenazados o que alguno de sus compañeros de clase fuera asesinado?, dijo Buchelly.

De acuerdo con la mujer, las tácticas de reclutamiento de los grupos violentos deben monitorearse constantemente debido a la dinámica de esos mismos grupos.

En este escenario, los entornos establecidos para protección se convierten en medidas netamente temporales ?puesto que los mismos grupos identifican rápidamente estos escenarios y se adaptan fácilmente para penetrarlos?, dijo al referirse a internados, escuelas deportivas y grupos juveniles.

Desplazamiento y asesinatos

Buchelly reveló que entre 2010 y noviembre de 2011 cerca de 40 mil personas se desplazaron de los municipios en donde el Ministerio del Interior desarrolló programas de protección.

Incluso, dijo, ?en algunos de ellos se presentó un incremento en las cifras de desplazados si se compara con lo registrado entre el 2008 y el 2009?.

Buchelly señaló que siguen sin ser claros los criterios de análisis de seguridad para la población desplazada y puso como ejemplo que en los 115 municipios involucrados en los procesos de retorno se han presentado en el periodo 2008 a 2011 ?más de 250 mil personas desplazadas?.

Acnur reveló que en ese mismo periodo de tiempo se produjeron al menos 7.400 asesinatos de personas desplazadas.

Es esos 115 municipios además, dijo, se han presentado múltiples casos de heridas por minas antipersonas y todavía hay presencia activa de grupos irregulares y, por tanto, de sus métodos de financiación: cultivos ilícitos y minería ilegal.