ARCADIO GONZÁLEZ ARDILA

BOGOTÁ, COLPRENSA

Se trata de una decisión que, jurídicamente, está obligado a acatar, pues el Presidente, al momento de posesionarse, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, jurídicamente, es casi nulo el margen de maniobra que tiene.

Es decir, el caso Petro se ha convertido para el presidente Santos lo que en su momento fue la segunda reelección para el expresidente Álvaro Uribe Vélez: una ‘encrucijada en el alma’.

No obstante, la cuestión es la incidencia política que implica “respetar la institucionalidad”, como el mismo Santos ha dicho que lo hará, teniendo en cuenta que en apenas seis meses buscará ser reelegido para un segundo mandato. He ahí el dilema.

La cuestión es la siguiente. El 9 de diciembre pasado, cuando se conoció la destitución de Gustavo Petro, el burgomaestre salió al balcón del Palacio Liévano a aupar a miles de sus seguidores en contra de la decisión del Ministerio Público.

En medio de arengas, Petro dijo a Santos: “Usted tiene que decidir si avala la decisión del Procurador o no”, y tres días después, en otra concentración en la Plaza de Bolívar, lo volvió a increpar: “el Presidente tiene que decir al país de qué lado está”.

Con la prudencia propia de su cargo, el jefe del Estado le respondió a los pocos días con varias declaraciones de prensa: “Tanto el Procurador como el Alcalde saben que no voy a tomar partido a favor de ninguno de los dos. Yo tomo partido es a favor de las instituciones y de las leyes”.

Sin ir más lejos, el viernes pasado, cuando se cumplió en la Plaza de Bolívar de Bogotá la gran concentración contra el Procurador General de la Nación, Petro volvió a insistir: “El Presidente tiene que decir si avala este golpe de Estado”.

Y esta semana, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno fijar “su posición sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas (por Petro)”, desde la Cancillería se informó que llegado el caso el Gobierno colombiano “las acatará”.

Empero, expertos consultados por Colprensa tienen opiniones divididas frente a la incidencia que tendría en sus aspiraciones electorales acatar o no el fallo de la Procuraduría o las eventuales medidas cautelares que pudiera dictar la Cidh.

Sin margen

de maniobra

Ahora, ni siquiera los jurisconsultos se han puesto de acuerdo en si el Presidente de la República puede o no desconocer el fallo de la Procuraduría, teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico de Bogotá, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la OEA.

El catedrático Juan Manuel Charry, por ejemplo, considera, más allá de lo que se diga, que al Presidente no le queda otra alternativa que acatar las decisiones judiciales, y que por lo mismo la incidencia política en su reelección “es muy poca.

“La incidencia electoral es muy baja, porque jurídicamente no puede hacer nada distinto a respetar la Constitución y la ley, y eso lo sabe todo el mundo”, sostiene el experto.

En ese sentido, al politólogo Ancízar Marroquín, del Centro de Altos Estudios para la Administración Pública, agrega que alrededor de Petro se ha venido conformando una especie de respaldo social, inclusive con participación de no petristas.

“Y eso genera un fenómeno político que no se puede desconocer. El presidente Santos tiene que evaluar muy bien la posición que asumirá frente a este tema”, afirma.

PETRO POR ALLÁ, SANTOS POR ACÁ

Otros observadores advierten que la suerte jurídica y política del alcalde Gustavo Petro nada tiene que ver con la del primer Mandatario.

Así, el exministro y constitucionalista Armando Estrada Villa prevé que cualquiera que sea el colofón del caso Petro, la reelección no se verá afectada.

“En un régimen presidencialista como el colombiano, es difícil ganarle a un Presidente en ejercicio. Y si Óscar Iván Zuluaga (el candidato presidencial uribista) llegara a repuntar en las encuestas, que no lo veo venir, los propios petristas lanzarían una campaña de apoyo a Santos, no porque lo quieran, sino porque ellos no quieren a Álvaro Uribe”, señala.

A su turno, el también exministro y exdiplomático Fernando Cepeda Ulloa agrega otro elemento de juicio: lo que él define como ‘el post Petro’.

“Jurídicamente, el presidente Santos no tiene más alternativa que cumplir las decisiones judiciales, bien de la Procuraduría o bien de la Cidh. Lo que lo puede afectar políticamente son las decisiones que pueda tomar después”, dice.

Se refiere a que si el fallo de destitución queda en firme, como parece que será, lo que tendría incidencia política es a quién nombra como Alcalde encargado.

“Si escoge a un petrista, por ejemplo el Secretario de Gobierno, Santos se ganará el aplauso de los petristas. Pero si nombra a un enemigo político de Petro se ganará el odio del progresismo. Ahora, si el Alcalde sale bien librado de la revocatoria (el 2 de marzo), habrá que ver a quién de la terna de candidatos hace el guiño”, explica Cepeda.

Las fuentes consultadas coinciden en que en lo estrictamente jurídico el Presidente de la República lo único que puede hacer es respetar y acatar las decisiones judiciales, pero políticamente tendrá que analizar muy bien cada movimiento que hará, pues hay votos de por medio.

Al respecto, el profesor Cepeda Ulloa recuerda que el jefe del Estado “ha cometido muchos errores políticos, y ahora que está repuntando en las encuestas no creo que se vaya a apresurar, poniendo en juego su propia reelección”.