El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira, declaró que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa vulneraron el derecho a la libertad y a la libre locomoción a dos muchachos que fueron acuartelados en el batallón de Infantería Rooke.

Según el abogado Erick Monroy Garay, quien llevó el proceso a nombre de las familias, lo que hizo fue instaurar la acción constitucional Habeas Corpus, argumentando que estos jóvenes fueron retenidos bajo su voluntad.

Añadido a este caso, la Secretaría de Gobierno y la Personería de Ibagué, citaron a los comandantes de reclutamiento de la Sexta Brigada para escuchar la defensa por las acusaciones de malos procedimientos en las ‘batidas’, donde se estarían vulnerando los derechos a los muchachos.

Y aunque esta reunión tenía que efectuarse en la mañana del martes, ninguno de los comandantes, tanto de la Sexta Brigada como del Batallón Jaime Rooke se hicieron presentes.

El fallo

Cuenta el abogado Monroy Garay, que luego de conocer el caso por parte de los familiares de los muchachos, y al esperar que pasaran 36 horas, decidió el pasado domingo, instaurar el mencionado mecanismo y fue hasta este martes, cuando un Juez resolvió permitir la salida de los ciudadanos.

“Los muchachos acuden a definir su situación militar, pero no a incorporarse, ahí encontramos que el Estado comete un error gravísimo, al tenerlos retenidos, les retuvieron los documentos, les exigieron cortarse el cabello o sino, no les dejaban ver a sus familias, les efectuaron torturas de tipo psicológico.

“Procedemos a instaurar esta acción constitucional ante un Juez de Control de Garantías y tres días después sale el fallo que da la orden de libertad a ellos; cinco en total han logrado quedar libres”, indicó Monroy.

El abogado añadió que lo que alegaron fue tener a los muchachos en contra de su voluntad, pues demostraron que ellos no querían incorporarse. “Ya tenemos varios familiares que empezarán a instaurar esta acción, pues son uno 140 jóvenes en las mismas condiciones”, dijo.

Llamados

Respecto al caso de la personería, Isaacs Vargas Morales, dijo que no es la primera vez que son llamados algunos oficiales del Ejército por estos casos de reclutamiento, y en todos no han hecho presencia a las respectivas citaciones.

“Hemos venido reiterando a los comandantes de la Brigada, para que tomen más atención a la sentencia C-879 de 2011, en tanto hay situaciones complejas, donde no se pueden hacer batidas y acá se está violando una serie de situaciones constitucionales”.

Aseguró el Personero, que pondrá en conocimiento de la Procuraduría, las violaciones de orden legal que estarían incurriendo en las Fuerzas Armadas, por la negativa a atender los llamados, pero antes solicitará una nueva reunión.

“La queja es porque se está violando disposiciones de carácter legal y manifestaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional”, puntualizó Vargas.

Malos tratos 

El personero informó que el Delegado en materia de Derechos Humanos entregó algunos reclamos, tras una inspección efectuada durante una jornada de reclutamiento:

“Los jóvenes son retenidos por más de 12 horas sin ningún alimento, le son retenidas las cédula de ciudadanía, se evidenciaron tratos humillantes, se refieren a los muchachos como desplazados, indios; los tratan de manera peyorativa y discriminatoria, coaccionan a los muchachos para que firmen un acta de buen trato, entre otras observaciones”.