Esa ley marcó un punto de partida en el país sobre la atención y reparación a las millones de víctimas que ha dejado la violencia, asistencia que hasta ese año no era atendida de lleno por el Gobierno nacional, y mucho menos por los Gobernadores y Alcaldes.

La nueva legislación le permitió al país entender que el problema de la violencia a no sólo era de miles de desplazados que mes a mes llegaban a las grandes urbes. Por el contrario, se convirtió en una política de Estado y que además tiene en la Corte Constitucional su más fuerte defensor que por medio de varias sentencias ha obligado al Estado a atender a estos colombianos.

Y contrario a otras leyes, está fijó un plazo de diez años y con metas concretas que el Ejecutivo cumpla con restituir a las víctimas. Hoy cuando ya se camina por el quinto año de aplicación hay muchos claros y oscuros sobre el cumplimiento de la misma.

Se ha hecho, pero falta

Una funcionaria que ha estado al frente de todo este proceso es Paula Gaviria, quien ocupa la Dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, labor que relativamente la tuvo que arrancar de ceros ante la falta de una verdadera institucionalidad que trabajara de forma unificada la tragedia social de los desplazados por la violencia.

Al llegar al quinquenio de la ley, Gaviria asegura satisfecha que hoy el país tiene una información completa de cuántas son las víctimas en el país, y que la reparación prevista por el Gobierno ya comenzó aunque es mucho lo que falta en las metas presupuestadas.

“Hoy está la institucionalidad, son 52 entidades que están articuladas en el Sistema Nacional de Víctimas, son más de mil mesas de víctimas trabajando de la mano de instituciones territoriales en política de víctimas, 140 puntos de atención que atienden a las víctimas, casi 20 mil diarias, 18 centros regionales que son la estructura mucho más grande”, explica la directora.

En cifras de atención, Paula Gaviria señala que ya se ha asistido a más de cinco millones de personas, en los diferentes servicios y ayuda humanitaria, mientras que en reparación “hemos logrado llegar a 590 mil víctimas del conflicto”.

Lo dicho por Gaviria es cierto, además de que ya existe una institucionalidad y los fallos de la Corte Constitucional a favor de los desplazados, el país ha empezado a entender que el lastre de la violencia se debe reparar pese a que la gran mayoría de los colombianos no han sido víctimas directas.

“Creo que hay un tramo por recorrer, que el país asuma que esto tiene que ver con todos. Un 14 % de la población fue víctima, pero un 86% no se ha visto afectado”, plantea Gaviria al analizar que cada vez se entiende mejor la problemática.

Desde ese año 2011 cuando entró en vigencia la ley se empezó a hablar de costo real de esa nueva legislación. En principio se habló de que serían más de 10 billones de pesos, pero posteriormente el Gobierno en un replanteamiento incluyó en una cifra redonda todas las asistencias que se le hacen a esta población.

“Una proyección inicial en 2011 fue de 4.5 millones de víctimas, el universo hoy con corte a marzo es de 7.8 millones, la proyección inicial fue de 55 billones de pesos, de los cuales ya se han invertido casi 35 billones de pesos”, explica la Directora de la Unidad de Víctimas.

Una visión crítica a este planteamiento oficial lo hace el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, quien considera que los alcances de la ley son muy buenos, pero que realmente se han quedado cortos en el cumplimiento y cubrimiento de las víctimas.

LA EXPECTATIVA DE PAZ

Esta quinta conmemoración del Día de las Víctimas se da en momentos que como nunca antes se había visto en el país, la negociación de dos procesos de paz con las guerrillas de las Farc y el ELN, los cuales tienen amplias posibilidades de llevar a que la terminación del conflicto sea una realidad.

Pese a ese momento especial, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advierte que “en honor a las víctimas es imperativo también afirmar que lamentableme nte las violaciones a los derechos humanos de muchos ciudadanos y ciudadanas en algunas regiones no cesan aún, y, por el contrario, se profundizan situaciones recurrentes que vienen afectando a comunidades enteras después de años y años.

Un caso puntual es lo que pasa en las zonas ribereñas del río Baudó, en Chocó, en regiones de Tumaco en Nariño, donde entre enero y marzo como resultado de enfrentamientos entre grupos armados organizados en las dos zonas, más de mil 200 personas han sido forzadas a desplazarse.

Acnur, igualmente, expresó su preocupación por que, en este momento de expectativa creciente de paz en Colombia toman vuelo las acciones violentas contra líderes de derechos humanos y de restitución en las regiones.

“En medio de una arremetida preocupante de homicidios contra líderes comunitarios, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, autoridades y líderes indígenas y afrocolombianos, Acnur hace un llamado especial a superar las causas profundas del desplazamiento forzado en las regiones que aún en medio de las negociaciones de paz siguen sufriendo las amenazas de actores armados ilegales y de otras múltiples faltas de garantía a sus derechos básicos, entre ellas las violencias de género”, señaló el organismo.

El director de Paz y Reconciliación, León Valencia, sostiene que es preocupante el silencio que ha mantenido el Gobierno Nacional en los últimos días ante la muerte de estos líderes regionales. Recordó las amenazas a una de las mujeres más emblemáticas en la lucha por los derechos de los desplazados y la restitución, Carmen Palencia, ante la falta de garantías para realizar su labor social y comunitaria.