A pesar de que las movilizaciones en el país han disminuido desde el anuncio del Comité del Paro, de suspender temporalmente las actividades, se siguen presentando varias protestas y actos de violencia en ciudades como Cali y Medellín.

No obstante, en ciudades como Bogotá, los actos de vandalismo y en contra de la fuerza pública se han intensificado a un punto exponencial, e incluso solo en esta semana fallecieron los jóvenes Cristhian David Castillo y Jaime Alonso Fandiño, ocurridos en las localidades de Usme y Suba, en medio de la manifestación.

Según el más reciente informe de la Procuraduría, en el marco de la protesta se están realizando 217 acciones disciplinarias a funcionarios públicos por hechos relacionados a las jornadas de protestas, de las cuales 190 son contra integrantes de la fuerza pública. De estas, solo cuatro son investigaciones disciplinarias formales, es decir, que el resto son preliminares.

Estas investigaciones, contra los integrantes de la fuerza pública, son por hechos presentados el primero de mayo en las protestas ocurridas en el municipio de Sosiego, Cundinamarca, en donde resultó lesionado el joven Brayan Fernando Niño Araque, quien falleció.

La otra investigación formal es en la Procuraduría Regional de Santander, por presuntas irregularidades en la captura de un ciudadano identificado como Johan Sebastián Moreno Castro. La siguiente se está adelantando en la ciudad de Cali, en donde se indaga sobre la actuación del cumplimiento de las funciones del patrullero Alexis Alegría, en hechos ocurridos en la estación El Diamante.

Así mismo, se investiga lo ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando siendo las 4:00 de la tarde, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP), comunicó que, según información ciudadana, en el sitio de Jardín Plaza del barrio Ciudad Jardín de Cali, había personas heridas con arma de fuego.

En este caso se investiga el uso excesivo de la fuerza y la omisión de la captura de los agresores que se encontraban con armas de fuego disparando en contra de la comunidad.

Según información entregada por la Policía, en las últimas horas, se registraron 45 actividades con una participación aproximada de 9.255 personas, incluidas 29 concentraciones, 12 bloqueos y 4 marchas.

Así mismo, las acciones de vandalismo dejaron como resultado en Bogotá, 2 estaciones de transporte masivo vandalizadas, 1 cajero vandalizado y 4 semáforos destruidos. Mientras que en Pitalito (Huila), se realizaron actos vandálicos en la Alcaldía Municipal La Chapolera. En Manizales, Caldas, también quemaron una motocicleta de la policía.

En ciudades como Cali y Bogotá, el director General de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, aseguró que los daños ocasionados por el vandalismo son millonarios, “donde hubo ataques a la Policía y una arremetida contra bienes públicos y privados que afecta los derechos de muchos ciudadanos y que obedece únicamente a acciones delincuenciales, no a ninguna reivindicación o protesta”.

Aún hay afectaciones en Neiva, en donde atacaron en las últimas horas una iglesia, en Cali atacaron dos CAI, en Pasto, fueron atacadas la Registraduría y la Dian, mientras que en Bucaramanga fue atacado un cajero y una empresa de mensajería. En Bello Antioquia fueron atacados tres tractocamiones en disturbios.

Para el general Vargas, lo que está ocurriendo obedece a “actos de violencia dirigidos de manera sistemática, organizada por delincuentes que quieren causar daño a bienes públicos y a bienes privados”.

¿QUÉ OPINAN LOS ANALISTAS?

Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política, aseguró que el fenómeno que se está presentando en el país, ha desvirtuado la verdadera protesta social.

“Esta es la evidencia de que la manifestación y el descontento social se estaban instrumentalizando con fines de usar la violencia como medio de acción política, por eso hay sectores que no condenan ni rechazan esta violencia, sino que simplemente la siguen justificando, porque en esa medida generan inestabilidad y le quitan la legitimidad al Gobierno y claramente mantienen el estado de zozobra, para justificar una agenda política”.

Ochoa asegura que los intereses que se presentan en este momento en relación a las manifestaciones son políticos y también tienen influencia de grupos armados al margen de la ley.

“Claramente en el país los que siguen en las calles son grupos de violencia organizada, o sea, esto no es un ciudadano descontento, eso es lo que hay que diferenciar, hay una línea, que es cuando se inicia la violencia y cuando eso pasa, los que actúan violentamente son grupos organizados… mantener desde el 28 de abril hasta la fecha, casi 2 meses, grupos organizados llevando a cabo ataques sistemáticos y de terrorismo, pues eso requiere financiación”, dijo.

Además, agregó que no descarta la presencia de grupos armados, “acá nunca se ha tenido en cuenta las estructuras urbanas de las Farc y el ELN, eso es un tema que por ejemplo en la mesa de la Habana no se puso nunca en consideración… Ahora lo que vemos es que hay células de milicia”, aseguró el analista.

Ochoa aseveró que es “ridículo” pensar que se trata de ciudadanos inconformes, las personas que están en la calle y que además la policía está actuando de manera legítima, “ellos actúan de la forma que tienen que actuar, si hay un irrespeto a los derechos humanos se tiene que investigar, pero la obligación de las autoridades es actuar de manera inmediata y protegiendo los derechos humanos de todos”.

Aseguró que la desinformación en torno a lo que está ocurriendo es clave y que por eso la justicia tiene que investigar a profundidad los hechos.

Distinto piensa Mayra Ortiz, profesora universitaria y miembro del sindicato Utrau, pues, para ella, los actos de vandalismo y violencia que se están desarrollando, tienen que ver más con la falta de organización de las personas que se encuentran en las calles.

“En este paro hay algo muy particular, el brote de violencia que se ha producido tiene unas raíces muy profundas y que salieron a la luz producto de las condiciones que vive el pueblo colombiano. Los jóvenes son los que más están en las calles… Lo que vemos es que dichos jóvenes no están organizados en ningún grupo estudiantil y están por fuera de partidos, simplemente son jóvenes que no tienen posibilidades”

Añadió que “todos esos jóvenes tienen muy poco nivel de politización, son personas que se cansaron y se sumaron a las manifestaciones, pero al no tener organización, aumenta la violencia. Como no hay organización, allí hay de todo, están los que no están de acuerdo con las formas pacíficas y es el que rompe todo a su paso”, aseguró la educadora.

Para Ortiz, hay muchos jóvenes que siguen realizando manifestaciones de manera adecuada y legítima. “Es muy sesgado decir que las personas que permanecen en la calle tienen una connotación política… Si bien es cierto que hay sectores organizados, ese no es el sector mayoritario, a mí me llama la atención cuando le echan la culpa a Petro, ya quisiera él tener ese poder”.

Además, dijo que hay muchos jóvenes que permanecen en las calles, porque el Comité del paro no los representa.

Entre tanto, Kenneth Burbano, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, aseguró que hay que tener en cuenta varios factores.  

“Primero, hablando de Bogotá, es una ciudad con más de siete millones de habitantes, donde conviven personas de diferentes partes del país y con múltiples problemáticas, eso hace que las personas no se sientan representadas por los voceros o representantes del paro e igualmente las posibles alternativas de abordaje de los conflictos sean disímiles”.

Dijo que “no se puede identificar violencia con manifestaciones ni con la protesta social. Los hechos de violencia asociados con delincuencia e inseguridad hacen parte de la delincuencia, que debe ser contrarrestada por la policía, la Fiscalía y los jueces. Pero la violencia también proviene del uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía”.

Burbano aseguró que hay situaciones de estigmatización social y particulares utilizando armas, lo que dificulta aún más la situación actual.

Sobre este panorama, cabe mencionar que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró en una reunión con la representante en Colombia de alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), que la mayoría de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Colombia no han tenido alteración en el orden público.

Ramírez reveló que se han registrado en el país 12.057 movilizaciones, de las cuales, según datos oficiales, ha habido 1.553 casos en donde se ha necesitado la intervención de la Fuerza Pública.

“Esto nos muestra, entonces, que el 88,5 % de las protestas en Colombia se han desarrollado de manera pacífica, y cuando se desarrollan de manera pacífica, no se necesita la intervención de la Fuerza Pública”, señaló la funcionaria.

Sin embargo, la vicepresidenta dejó en claro que la intervención de la fuerza pública seguirá existiendo, si en el marco de las manifestaciones se presentan hechos vandálicos, bloqueos o cualquier acto de violencia, “pero con respeto a los derechos humanos”.