En la petición, la mujer alegó que su integridad personal, honra e igualdad, se encuentran afectados por la negativa de las autoridades penitenciarias de autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Y, el Estado, en su momento, estimó que “permitir visitas íntimas a homosexuales afectaría el régimen de disciplina interna de los establecimientos carcelarios”.

Ahora, el Ministerio de Justicia anunció el acto de reconocimiento de responsabilidad, “teniendo en cuenta que para el Estado el derecho a la visita íntima y los DD.HH. de la población Lgtbi que se encuentra recluida deben ser garantizados y respetados en condiciones de igualdad”.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia señaló que “la protección de las personas que se encuentran privadas de la libertad no puede quedar desamparada, por eso uno de los principales objetivos de esta cartera es garantizar los derechos a la igualdad, identidad de género y diversidad sexual de los reclusos, especialmente de las mujeres y los sectores Lgbti”.

En ese sentido, se explicó que ya se hicieron modificaciones al Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión, numerado con la resolución 006349 de 19 de diciembre de 2016, “lo que demuestra un avance del Estado colombiano y en consonancia con lo dispuesto por las convenciones internacionales que el país ha venido ratificando en materia de Derechos Humanos”.

En el marco del acuerdo, Marta Álvarez desarrollará un programa de formación permanente al interior de las cárceles para promover el respeto de los derechos de la población Lgtbi. Este se realizará en las cárceles de Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín.

En el evento se hará el lanzamiento oficial del libro ‘Mi Historia la Cuento Yo’, y asistirán el general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec; Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Marcela Sánchez, directora Ejecutiva de Colombia Diversa; Marta Tamayo, representante de la Red Nacional de Mujeres; y Marta Álvarez, peticionaria del caso.