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Se acabó el año y como suele ser recurrente, muchos recibieron el 2023 disfrutando de un espectáculo de pirotecnia o quemando pólvora, a pesar de que en estas festividades, dicha actividad fue fuertemente combatida por parte de la Alcaldía municipal, con el objetivo de prevenir quemados y velando por el bienestar de los animales y mascotas. Sin embargo, según la Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi, en el proceso, las autoridades habrían cometido ciertos excesos que pueden terminar repercutiendo en el erario.
Y es que, si bien el decreto 0704, expedido el jueves 27 de octubre del 2022, en el que se prohíbe la manipulación, fabricación, transporte y venta de pólvora, se contemplan unas excepciones, Carlos Carvajal, presidente de Fenalpi, denunció en conversación con EL NUEVO DÍA, que existiría una persecución contra los negocios legalmente constituidos y que, por ley, pueden comercializar con la pirotecnia.
¿Se les fue la mano con la pólvora?
Contrario a lo que se suele pensar, en Colombia la pirotecnia no es ilegal, sino que, por el contrario, tiene un estatus de legalidad técnica, de acuerdo con la reglamentación establecida por la ley 670 de 2001 y el decreto 4481 de 2006, las cuales establecen los parámetros técnicos para definir los productos pirotécnicos y fuegos artificiales que están (y no están) permitidos.
“Lo que la ley hizo, inteligentemente, fue decir: este es un negocio riesgoso como otros, pero lo podemos regular, reglamentar y profesionalizar para evitar accidentes. Razón por la cual ya no encontramos esas ferias de ‘polvoreros’ que se daban hace 30 años en los que había un bombillo colgado, sin extintores y con mercancía regada”, afirmó Mauricio Méndez, administrador de Pirotécnicos El Vaquero.
En contravía a lo que establece la ley, Méndez considera que en Ibagué, las autoridades se han extralimitado e impedido que se realice una pirotecnia legítima y segura, argumentando que conforme a la sentencia C-790 del 24 de septiembre de 2002, el Gobierno local no está, ni estaba en su momento, facultado para prohibir la venta y distribución de estos artículos.
Según el empresario, la Secretaría de Gobierno estaría subvirtiendo la jerarquía normativa, al ir en contra de la ley 670 de 2001 y el decreto 4481 de 2006, en el momento en que, en respuesta a un derecho de petición, la entidad consideraba que no era viable que este tipo de negocio funcionase, pese a estar permitida tal actividad (con sus excepciones).
“Para este despacho no es coherente, viable, ni obligatorio acceder a la solicitud de expedición de un acto que autorice la venta, distribución y almacenamiento de pólvora (...) principalmente por la corresponsabilidad del municipio en la protección de integral de los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general, al igual que del hábitat, la fauna y demás seres sintientes”, se puede leer en el documento, con firma del secretario de Gobierno, Miltón Restrepo.
Para Fenalpi, aquello constituye una falta grave, pues la competencia de las autoridades, más allá de que quieran evitar los casos de quemados y los daños a los animales, no puede exceder la simple adopción de medidas para garantizar que estos establecimientos cumplan con unos parámetros de seguridad.
“En el caso de Ibagué, vemos que la ley no funciona para estos funcionarios públicos, que creen que están en una república independiente y que pueden atropellar a las personas que se dedican a esta actividad de una manera responsable y segura”, aseguró Carvajal.
¿Indemnizaciones?
El presidente de la Federación advirtió a los ibaguereños, que algunas de las acciones adelantadas por la Alcaldía en el marco de su lucha contra la pólvora ilegal, podrían carecer de ‘piso jurídico’, precipitando que, en un futuro, se inicien acciones legales en las cuales el municipio deba responder con recursos públicos.
En ese sentido, con base a las presuntas arbitrariedades cometidas contra establecimientos comerciales habilitados por la ley para vender pirotecnia, de comprobarse que dichas acusaciones tienen fundamento y que los negocios sufrieron un daño en su actividad, la Alcaldía deberá desembolsar onerosas cantidades de dinero por los perjuicios causados.
“El municipio tendrá que pagar con los impuestos de los ciudadanos y, finalmente, si las cosas se hacen como dice la norma, se puede, también, repercutir contra el patrimonio de estos funcionarios, pues están haciendo una inobservancia de la ley”, aseguró Carvajal.
En esa misma línea, Méndez aseguró que ese escenario es el más factible, pues no es la primera vez que la Administración se enfrenta a demandas de este tipo, las cuales ya ha perdido, y puesto que “no se permite juzgar sobre lo que ya está juzgado”, lo más probable es que se les deba indemnizar.
Asimismo, Fenalpi advirtió que otra de las medidas que pueden causar ‘dolores de cabeza’, de cara al futuro, es aquella en la que se inmoviliza por un año, a los vehículos que transportaban una cantidad de pólvora superior a la permitida.
“Esos temas pasaron en Antioquia y Bogotá, pero jurídicamente no es viable. Ya hay jurisprudencia que lo respalda; y esas personas sufrirán un daño que repercutirá en el bolsillo de los ibaguereños (...) esto va a traer consecuencias, debido a que probablemente habrá quejas en la Procuraduría hacia estos funcionarios, por ese desbordamiento en sus acciones irracionales”, aseveró Carvajal.
Por un solo requisito de horarios que la Alcaldía no habría expedido, Pirotécnicos El Vaquero no pudo trabajar.
¿El enfoque adecuado?
Con todo y sus matices, con relación al tema de la pólvora, existen varios enfoques con respecto a cómo prevenir y aminorar los casos de niños quemados, accidentes por la mala calidad de los productos pirotécnicos y los perjuicios causados a los seres sintientes.
De acuerdo con el presidente de Fenalpi, a pesar de las loables intenciones de las autoridades, su enfoque no habría alcanzado sus objetivos, en particular en lo que respecta a los daños a la salud.
“Mientras más se castiga, más se estigmatiza y más se prohíbe la utilización de artefactos pirotécnicos, los quemados crecen. Eso no lo vemos solamente en Ibagué, sino que en otras regiones del país, también sucede.
“(...) En la capital del Tolima montaron un bloque de búsqueda, como si esto fuera la época de Pablo Escobar con narcotraficantes, sin tener en cuenta que las personas que se dedican a la pirotecnia, tienen registro en la Cámara de Comercio, documentos, certificados, uso de suelo y mucho más”, mencionó.
Y es que, si bien el bloque de búsqueda dejaba a diario importantes resultados, para Carvajal ello no fue suficiente para impedir que, a corte del 30 de diciembre, se registrara una cifra de 15 lesionados, de los cuales cuatro eran menores de edad. Un dato que preocupa, si se tiene en cuenta la densidad poblacional de la ciudad y el promedio a nivel nacional.
El mercado de la pólvora
Así las cosas, con las presuntas trabas al negocio legal, el gremio de pirotécnicos considera que el mercado negro de la pólvora fue el que abarcó, en buena parte, el transporte y la comercialización de la misma, pues como sucede con regularidad con aquellos productos que son prohibidos, (pero que siguen siendo demandados), se crearon mafias destinadas a suplir aquellas necesidades.
Sin embargo, según comenta Carvajal, ello resulta peligroso, pues no es posible determinar la calidad del producto y a quienes son vendidos, lo que es un ‘caldo de cultivo’ perfecto para incrementar los casos de quemados.
“Cuando se revisa las estadísticas, en las que se observa con qué se quemaron las personas, uno se da cuenta que se tratan de mechas, totes, martillos, tumba ranchos, matasuegras, culebras y cosas de ese tipo, los cuales se consiguen ilegalmente. (...) Donde nosotros hemos hecho presencia con marcas reconocidas, con los parámetros necesarios, se han ido reduciendo los índices de quemados y de accidentes”..
“Por ejemplo, en Ibagué, desde que estamos haciendo presencia (en los años que hemos podido trabajar), se ha reducido el número de quemados (....) nosotros en la tienda podemos hacer una trazabilidad de los clientes que compran, pues les hacemos firmar un compromiso diciendo que son mayores de edad, que no compran en nombre de terceros y que no van a hacer la reventa”, comentó.
Yo sé que el alcalde estuvo mal asesorado por la oficina de la Secretaría de Gobierno, pero varias dependencias con las que nos reunimos, estuvieron de acuerdo con que era más fácil para ellos controlar las emergencias si se tuviera un sitio especializado donde se vende la pirotécnica
Mauricio Méndez. Administrador de Pirotécnicos El Vaquero.
¿Qué responden las autoridades?
Al conocer los cuestionamientos realizados, la Alcaldía municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno, salió a defender las múltiples acciones que se han realizado en estas semanas.
En primera medida, se aseguró que, bajo ninguna circunstancia, el municipio ha actuado en contra de lo que establece la ley, a la hora de supervisar el desarrollo de la actividad económica de distribución, venta y/o comercialización de pólvora, sino que se ha limitado a acreditar el cumplimiento de los requisitos generales que se encuentran establecidos.
“No es cierto que estemos limitando la venta de pirotecnia. Lo cierto es que si los establecimientos que pretenden desarrollar esta actividad no cumplen con los requisitos para funcionar y desarrollar su actividad económica, no lo podrán hacer, so pena de la imposición de medidas correctivas y sanciones establecidas.
“Desde este despacho continuaremos coordinando las actividades de vigilancia y control para que las autoridades competentes realicen la verificación del cumplimiento de los requisitos previos, y durante la ejecución de la actividad económica”, afirmó Milton Restrepo.
Así las cosas, fueron enfáticos en argumentar que cada una de las medidas realizadas tienen un sustento jurídico. En el caso particular de la inmovilización de los vehículos, se dijo que las autoridades de tránsito se han ceñido a la norma técnica NTC 3966 de Icontec y al código nacional de Tránsito, donde están establecidos los requisitos y las sanciones que ellos han realizado.
“Así las cosas, se tiene que las actuaciones de las autoridades, cada una en el marco de sus respectivas competencias, tienen todo el sustento jurídico y gozan de presunción de legalidad. Sin dejar de lado, además, que están enmarcadas en el cumplimiento de las obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, y principalmente, en la protección integral de niños, niñas y adolescentes, seres sintientes, y las normas de convivencia”.
Asimismo, para las autoridades fue difícil concordar con Fenalpi, con respecto a quiénes son los que se han tomado el mercado de la pólvora en la pasada temporada, pues según sus versiones, en muchos de los operativos, más allá de haber incautado artículos ilegalmente fabricados, casi la totalidad de los mismos corresponden a productos pirotécnicos fabricados y distribuidos por empresas legales.
“Causa gran curiosidad e indignación la doble moral de Fenalpi, cuando manifiestan que no se les ha permitido trabajar a las empresas legalmente constituidas, sin embargo, en todos los operativos que realizamos con las diferentes autoridades, la gran mayoría de pólvora que se incauta, sin exagerar, más del 90 %, es la fabricada y distribuida por empresas legales”.
“Esto, a pesar de que al verificar con el Gpad, en el municipio no se ha expedido autorización a ningún establecimiento para desarrollar ese tipo de actividades económicas porque no han acreditado el cumplimiento de todos los requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 670 de 2001 y el decreto municipal 1092 de 2017”, aseveró.
Además, con respecto a los cuestionamientos en materia de quemados por el uso de pólvora, el funcionario valoró que los resultados han sido positivos, toda vez que, según dijo: “no es cierto que hayan incrementado, por el contrario, los resultados en materia de prevención con respecto a 2021, presentan una reducción del 24 % en los casos de personas que desafortunadamente han resultado quemadas”.
Por último, puesto que con este primer puente del año se dan por finalizadas las festividades, Restrepo aprovechó para enviar un mensaje a toda la ciudadanía:
“Quiero llamar la atención y sensibilizar a todas las personas para que se abstengan de continuar con estas prácticas que afectan no solo la convivencia, sino que además ponen en riesgo y pueden afectar la integridad de NNA, seres sintientes, al igual que a las demás personas, vecinos y familiares que no les gusta la pólvora.
“Casos como el del menor de Ataco (Tolima), que perdió una de sus manitos a causa de la manipulación de pólvora, por la irresponsabilidad de los adultos, no se pueden volver a presentar; esto nos debe sensibilizar a todos, incluyendo a la Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi y sus agremiados”, concluyó.
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