Un sector del gremio de propietarios de vehículos de transporte público tipo buseta mostró su preocupación por la incertidumbre que asegura existe frente al proceso de compra de los vehículos de reposición por sobreoferta y del 100 % del parque automotor, según la tabla de venta y renta.

Según refiere la Asociación TPC Colectivo (ATPCI) los operadores definidos por parte de la Alcaldía para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) que está compuesto por tres empresas locales; Expreso Ibagué, Cotrautol y la Unión Temporal Movilizando a Ibagué, conformada a su vez por otras cinco empresas; Logalarza, Translain, La Ibaguereña, Flota Cámbulos y Toures Tolima, no tendrían el músculo financiero para hacer el proceso de reposición, por lo que por ahora no es claro cómo se hará la compra de varias de las busetas antiguas.

Tampoco de los vehículos nuevos que según exige el Conpes 4017 -que declara de importancia estratégica el Setp-, deben tener una capacidad nominal de 40 pasajeros, una autonomía de operación diaria de 250 kilómetros, incorporando estándares de bajas o cero emisiones y elementos que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida y cuyo costo, según los mismos propietarios, puede alcanzar los $800 millones.

“Ellos no tienen el músculo financiero, están contando con el capital de los propietarios, nosotros los inversionistas, porque si vamos a ver las empresas, no tienen parque automotor y ellos no pueden contar con lo que no tienen. Lo que nosotros queremos y lo que es más sano para la ciudad es que venga un inversionista con buen músculo financiero, compre los vehículos que hay y traiga vehículos nuevos. En últimas eso es lo que se quiere, prestar un buen servicio con buses nuevos y toda la tecnología que ello conlleva”, dijo Michael Cepeda, presidente de la Asociación TPC Colectivo. 

Jorge Cuéllar / EL NUEVO DÍA Michael Cepeda, presidente de la Asociación TPC Colectivo

Cepeda indicó que la Alcaldía le ha apostado a las empresas locales, sin revisar su capacidad económica para todo lo que se requiere a la hora de poner a andar el sistema, aun cuando aseguran tampoco cumplen lo dispuesto en el decreto 3422 del 2009, en el parágrafo en el artículo 15, que señala que las empresas deben “acreditar al menos el 70 % de capacidad transportadora mínima fijada en los actos administrativos o en los pliegos de licitación, de su propiedad y/o de sus socios”.

Asimismo, señaló que se le hicieron dos propuestas al Gobierno local; una para que les compren sus vehículos o en su defecto que se les permita entrar en la operación del sistema, no obstante, ninguna de las iniciativas, según dicen, habría caído bien. 

“Nosotros no creemos en el sistema, pero tampoco queremos ser una piedra en el zapato, que les estamos diciendo compren nuestros vehículos, cogen ustedes el parque automotor, quedan tranquilos con el negocio y nosotros quedamos tranquilos con nuestro capital. De hecho, es lo más sano, ellos con la disposición de los vehículos comprándolos pueden decir, sí tengo el músculo financiero para coger, chatarrizarlos y reponerlos por tecnologías nuevas, pero evidenciamos que los operadores no tienen dinero ni para sacar vehículos nuevos, ni para comprar los que ya están, ahora quieren implementar un sistema de recaudo, cuando el mismo gerente del ente gestor, habla que tenemos un déficit de $22 mil millones para implementar el sistema de control de flota y los operadores no tienen plata, entonces cómo vamos a hacer, eso es preocupante”, dijo Cepeda. 

Y agregó, “en últimas la ciudadanía va a llevar del bulto, si hoy en día no tenemos un sistema eficiente es por la Administración municipal y los operadores actuales, que han enfatizado en no mejorar la prestación del servicio, si bien es cierto que yo, como propietario, pongo mi vehículo, le hago las revisiones y mantenimientos que toca hacerle y pongo conductor, quien debe regular que se cumplan frecuencias y horarios es la empresa y en defecto la Administración municipal que debe hacer vigilancia y control”. 

El representante de la asociación indicó que lo que se quiere es que los propietarios lleguen a la quiebra, sigan trabajando con sobrecostos “y cuando se cumpla la vida útil del vehículo este se va y nos vemos, y eso no es así”. A su vez indicó que lo que quieren los propietarios es que se les respete el capital invertido. 

¿Vuelven los bloqueos?

Frente a la posibilidad de que se tomen vías de hecho como ocurrió en diciembre en donde la ciudad estuvo paralizada en materia de movilidad durante dos días, por el paro del gremio ‘naranja’, el representante de la Asociación sostuvo, “el inconformismo está, ellos se han encargado de que vaya creciendo y si los propietarios tenemos que salir a las calles, volvemos a manifestarnos, porque no pueden pisotearnos y pasar por encima de nosotros y cabe resaltar que le dimos el voto de confianza al alcalde con el acuerdo, que por cierto lo incumplió todo, para el próximo que se vaya preparando, no vamos a hacer acuerdos, tiene que haber una solución contundente”.

“Damos garantías”

En la emisora Ecos del Combeima, el gerente del Setp, César Yáñez, señaló que desde el Gobierno local se están dando las garantías y que por eso se han hecho reuniones con todos los interesados en el proceso, incluso por los propietarios de vehículos que aseguran no sentirse representados por la asociación. 

Yáñez señaló que parte del inconformismo de la Asociación radica en que no se le permite el ingreso, sino a un vocero y no a su equipo de trabajo completo, además porque se estaría solicitando que se haga una licitación para definir el operador y esto podría representar la pérdida de empleos en Ibagué. 

Asimismo, advirtió que los propietarios de la Asociación TPC Colectivo (ATPCI) pretenden que se les compren los vehículos al precio que ellos quieren y no al que está previsto.

“Yo quiero aclarar algo, estas personas no son de la ciudad, han venido de otras ciudades y es un tema complejo, lo que están solicitando es que se licite la operación y licitar la operación es dejar a más personas sin empleo en la ciudad y eso no lo podemos permitir. A ellos les interesa todo, pero ellos están peleando es porque les compren los vehículos, les propusimos si se quieren ir del sistema pues hagan un plan ‘cascada’, usted se quiere ir ya, si tiene vehículos que ya van a chatarrizar pues venga le compro el vehículo, y se enojaron, no les gusta eso, y adivine por qué, porque no van a poder vender el vehículo al costo que ellos están pensando. Una de las propuestas de ellos es, si usted tiene un vehículo 2021, pues cómprelo, pero como nos dieron cuatro años más de vida, pues cómprelo como si fuera 2005, por Dios, nosotros tenemos que cuidar los recursos públicos y esa es la idea, que ellos se beneficien también, pero no que se vayan a enriquecer con esto”, dijo el gerente del ente gestor. 

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