Un gran revuelo ha provocado la publicación realizada por dos medios de comunicación alternativos, según los cuales funcionarios de la Universidad del Tolima habían filtrado los nombres de estudiantes al Ejército, en el marco del estallido social del 2021. Acusaciones a las cuales la institución salió a ‘dar la cara’ en conversación con El Nuevo Día.

La denuncia

El pasado 31 de enero, los portales ‘Tolima 7 Días’ y ‘La otra verdad’, realizaron respectivamente unas publicaciones en las que se señalaba a la Secretaría General, en cabeza de Andrés Felipe Bedoya, de haber comprometido la integridad de estudiantes que hacían parte del estamento estudiantil y que se encontraban vinculados a los programas de Ingeniería Forestal, Derecho, Artes Plásticas, Comunicación Social, Ciencias Políticas, entre otras.

De acuerdo con lo que se puede leer en dichos medios, los hechos se presentaron en el marco de las mesas de consenso, y de seguimiento de garantías que la administración universitaria había instaurado para atender el pliego de peticiones que los estudiantes exigían para garantizar, de esa forma, el buen desarrollo del semestre académico y la participación de los mismos en los espacios que se desprendían de la movilización social.

Sin embargo, según las versiones entregadas por un grupo de personas vinculadas al Comité de Estudiantes de la Universidad del Tolima, uno de los correos que contenía la información de dichas mesas y sus participantes, fue remitido a una postal adscrita a las fuerzas militares.

“Denunciamos ante la comunidad Universitaria que los correos en los cuales se compartía información respecto de las mesas (participantes, actas, grabaciones, etc.) eran enviados a un correo de tipo militar perteneciente a las fuerzas armadas (mensajeriadisoc@ejercito.mil.co)”, aseguraron a través de un comunicado de prensa.

Según la versión entregada por los portales, se habría comprometido la identidad de 200 estudiantes de la Universidad del Tolima, muchos de los cuales estarían vinculados a movimientos de impacto y transformación social al interior del campus.

Asimismo, otra de las acusaciones realizadas, pasa por asegurar que personas inescrupulosas habían alterado el archivo donde se encontraban las actas y grabaciones que emanaron de dichas mesas; documentos en los que, se asegura en dichos medios, se hallaba el compromiso de proporcionar al movimiento estudiantil el informe financiero de los contratos Tic’s y la información precontractual, contractual y documentos de ejecución de cada contrato en las fechas del año 2020 y 2021. 

“Al ingresar al drive en el cual se encontraban las actas y grabaciones producto de las reuniones se encontró que el acta número dos, había sido borrada de la carpeta de drive. (...) De igual manera, la grabación de la reunión que se realizó vía Google Meet también fue borrada de la carpeta de Drive. (...). El secretario General figura como responsable de la correcta y ética documentación y recopilación de la información producto de las extensas reuniones sostenidas entre diversos estamentos, por esta razón le responsabilizamos de la caída de las mesas”, aseguraron los estudiantes.

La UT responde

Ante dichas acusaciones, EL NUEVO DÍA pudo conversar con Andrés Felipe Bedoya, quien salió a desmentir varias de las acusaciones efectuadas en dichos portales, toda vez que las mismas, a pesar de haber sido realizadas por medios alternativos, han logrado escalar hasta la Consejería Presidencial para la Juventud, entidad encargada de asesorar al Presidente de la República, en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas orientadas hacia la población joven.

Bedoya empezó reseñando la mala praxis periodística de dichos portales, puesto que lo allí contenido, en sus palabras, es información deshonrosa, carente de veracidad y no corroborado por el redactor. “Si ha habido filtraciones, estas tienen que ver con mi nombre, el cual se encuentra expuesto públicamente, pues insisto en que muchas de las cosas allí contenidas, no son ciertas”, aseveró el funcionario.

De acuerdo con el secretario General, el correo enviado por dicha dependencia, y que fue remitido a una dirección de e-mail del Ejército, corresponde a una citación realizada para la participación de una de las mesas de trabajo, en cuyo contenido no se encontrarían nombres, sino los datos relacionados con la fecha, hora y enlace para ingresar a dicha reunión virtual.

Al cuestionar a Bedoya por el motivo por el cual se le hizo llegar dicha información a un correo institucional de las Fuerzas Armadas, este respondió:

“Desafortunadamente, como nosotros validamos los títulos de nuestros egresados, la Fuerza Pública nos pregunta si las personas han hecho una carrera en nuestra institución, por lo que tenemos toda una base de correos electrónicos. De esa forma, en el envío masivo de la citación, se nos fue esa dirección al momento de digitar la invitación. Percatados del error, se corrigió la situación”, aseveró.

A pesar de esto, quedaba en el aire si terceros ajenos a la Universidad del Tolima, una vez recibido el link, podían ingresar al encuentro y, de esa forma, tener información de los temas, las conclusiones y los participantes de dicha mesa, puesto que, como se mencionó, algunos de ellos eran estudiantes vinculados a los procesos de movilización social del 2021. A ello, el secretario contestó:

“La mayoría de correos a los que se envía información son institucionales, es decir, que son exclusivos para estudiantes, administrativos y profesores. En ese sentido, si en la reunión de Meet Intenta ingresar otra persona, a nosotros nos aparece un mensaje diciendo que esa cuenta no hace parte de la comunidad; ahí nosotros validamos y decidimos si se da o no el acceso. Así las cosas, ese día solamente se conectaron las personas habituales”, agregó.

Por último, con respecto a las actas y reuniones que fueron borradas, el funcionario manifestó que la carpeta de Drive en las cuales estas se encontraban contenidas, eran manejadas de manera conjunta por la Dirección Universitaria y los estudiantes, por lo que, según su versión, pudo haber sido cualquier usuario con acceso a la misma quien eliminó los documentos.

DATO

Bedoya asegura que no hay fundamento para asegurar que se vio comprometida la identidad de 200 personas.

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