Según reseña, “el ente de control busca establecer si ha habido deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado, si se han generado retrasos en desarrollo del contrato 159 de 2022 celebrado por Infibagué para modernizar las luminarias en la ciudad, y si en la ejecución del bilateral suscrito por la anterior administración con similar objeto, se han incumplido las condiciones de calidad pactadas para garantizar el buen funcionamiento de las luces instaladas”.

Según se expresó, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con la intención de identificar e individualizar a los servidores públicos que pudiesen estar comprometidos y “establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado”. 

Cabe destacar que la ciudad en la actualidad padece serias deficiencias en el alumbrado público, hechos que la comunidad ha denunciado y que han quedado en evidencia en varios recorridos que ha hecho EL NUEVO DÍA. 

Los contratos

El contrato 159, al que hace mención la entidad del Ministerio Público, fue suscrito en julio del 2022 y arrancó su ejecución en septiembre de ese mismo año. 

En dicho contrato se hace una inversión de $45.273 millones y se busca realizar la modernización a todo costo en tecnología LED del alumbrado público en la zona urbana de Ibagué, según las indicaciones del que haga el Instituto.

El contrato está a cargo de la Unión Temporal Ibagué Moderna conformado por Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S. e Internacional de Eléctricos. Se prevé que el contrato culmine el próximo 28 de junio. 

El otro proceso contractual que se indaga, es el suscrito por la administración del exalcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo con la empresa Celsa S.A.S. para cambiar las luminarias de sodio a tecnología LED. Sobre el mismo, el hoy gerente de Infibagué, Felipe La Rota, ha dicho que existe un lío judicial en el que se piden alrededor de $7 mil millones por perjuicios al contratista, esto por la mala calidad de varias luminarias que perdieron su intensidad o simplemente dejaron de funcionar. 

Recientemente el mismo ente de control le formuló cargos a la entonces gerente del ‘Infi’, Yolanda Corzo, pero en esta oportunidad porque presuntamente incumplió con las exigencias y factores de selección y calificación establecidos en el pliego de condiciones, lo cual determinaría un posible rechazo a la oferta que en su momento hizo Celsa.

Dato

- La entidad pretende establecer si existen falencias y retrasos en los contratos celebrados en el actual y anterior gobierno.

- La modernización del alumbrado público es una de las metas del plan de gobierno de Andrés Hurtado. 

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro! 

Lo invitamos a seguir leyendo aquí 

https://digital.elnuevodia.com.co/library 

MÁS NOTICIAS 

- Lo último que se sabe del hombre electrocutado por un cable de alta tensión en Ibagué

- Denuncia: ‘Escobitas’ no entran a varios barrios de la Comuna Siete pero les sigue llegando el cobro