Según la denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, acusa a los líderes estadounidenses de espionaje mediante la supuesta implantación de un chip, que habría sido insertado durante la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

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De acuerdo con el documento judicial, la mujer alega que este dispositivo, controlado por inteligencia artificial, le permite a las autoridades de Estados Unidos monitorear sus movimientos y actividades cotidianas. Afirma tener pruebas físicas de la presencia del chip en su cuerpo y asegura que demostrará su existencia a través de un "examen de espionaje."

La demandante exige una indemnización de 50 millones de dólares, equivalente a más de 212 mil millones de pesos colombianos, por la presunta violación a su privacidad. Además, indica que en septiembre de 2024 envió un derecho de petición a la Casa Blanca, solicitando explicaciones, pero no recibió respuesta, lo que interpreta como un "silencio administrativo positivo."

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Este inusual caso ha generado sorpresa en el ámbito judicial de Ibagué y ha captado la atención del público, dado el contenido y las acusaciones presentadas. La demanda sigue su curso en los tribunales, mientras las autoridades colombianas y estadounidenses no se han pronunciado oficialmente al respecto.