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Dicho armamento está avaluado en $90 millones de pesos y fue decomisado por incumplimiento al decreto 2535 de 1993 artículos 85, literales F y K.
Al verificar el motivo de transporte de los revólveres, la Policía evidenció que pertenecían a una empresa de vigilancia de Cali, que había solicitado el permiso para movilizarlos desde Neiva hasta la capital del Valle; sin embargo, al constatar los permisos para el transporte de ese tipo de armamento, se dieron cuenta de que no cumplía con lo autorizado.
De igual forma, las armas no contaban con los salvoconductos vigentes para porte y tenencia, por lo que fueron puestas a disposición de la Policía Metropolitana de Ibagué.
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