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La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, acusó a cuatro personas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio y concusión; en un proceso que adelanta con relación al caso del desfalco a los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015.

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Los acusados, según sus responsabilidades individuales, son Jaime Humberto Rivera, representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015; Melissa Suárez Lafaurie, contratista; Luis Hernando Rodríguez, alcalde de Ibagué para ese entonces; Orlando Arciniegas Lagos, contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía y Leonardo Valero como asesor de la administración municipal.

Todo estaría relacionado con presuntas irregularidades en torno al contrato de obra pública No. 119 del 17 de abril del 2015, que tenía por objeto la contratación para la construcción, adecuación y /o remodelación de los escenarios del parque deportivo de Ibagué para dichos juegos y obras complementarias por un valor inicial de obra de $73.539.221.032. 

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En torno a este contrato surgieron una serie de irregularidades en las que cada uno desde su rol, habría contribuido a que no se ejecutara y se generaran pérdidas superiores a los 4 mil millones de pesos, dinero que hacía parte del anticipo del contrato en mención para ser destinado al cubrimiento de los costos iniciales en que debía incurrir la Unión Temporal para la iniciación de la ejecución del contrato, y que por ende tenían la calidad de dineros públicos, cuya administración y custodia estaba principalmente en cabeza de Rivera. 

Aquí, las víctimas directas fueron la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri).

Condena a 5 años de prisión

De otro lado, el mismo despacho logró una condena de cinco años de prisión contra el ex contratista Carlos Alberto Ramírez, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

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Los hechos motivo de esta sentencia, ocurrieron entre noviembre del año 2014 y mayo del año 2015 cuando, con otras personas, tramitó sin observancia de los requisitos legales el concurso abierto de méritos 01 de 2015 en provecho de una empresa llamada LKS SAS, el cual tenía por objeto interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para la construcción, adecuación, y/o remodelación de los escenarios del parque deportivo, y el concurso de méritos 02 del 2015, que tenía por objeto la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para la construcción, adecuación, y/o remodelación de las instalaciones de la Unidad Deportiva de la calle 42 con carrera 5° de Ibagué.

Así mismo se detectó un incremento injustificado en su patrimonio superior a los $34 millones de pesos.