Varios centenares de personas protestaron en Homestead, una ciudad agrícola al sur de Miami, contra la Ley migratoria SB 1718, que entró en vigor el pasado 1 de julio en Florida, y para defender la contribución de los inmigrantes a la cultura y la economía de este estado.

La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, quien incumpla lo establecido en la nueva Ley, incurriría en pena de multas y pérdida de la licencia operativa del establecimiento.

Por tal motivo, más de medio millar de personas, de todas las edades y en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía con banderas y carteles alusivos a una ley estatal que es considerada la más dura contra la inmigración irregular de todo EE.UU.

Después de escuchar a diversos dirigentes comunitarios y religiosos y presenciar la actuación de grupos folclóricos, los participantes iniciaron una marcha por la ciudad, una de las muchas de Florida en las que se escuchó a los inmigrantes pedir que se frene la vigencia de la ley y se protejan sus derechos.

“Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, la Florida se cae”, dijo Antonia Catalán, una activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que ayuda a las mujeres inmigrantes en el sur del estado.

Catalán, que también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes promovidas ir el gobernador Ron DeSantis, estuvo desde temprano en la plaza donde se hizo la concentración con el lema “Libertad para todos”.

La activista mexicana sostuvo que existe “pánico” entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, al contrario que otros muchos que han puesto rumbo al norte para trabajar en estados como Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur.

“Ahora que entró en vigor la ley no quieren salir de sus casas”, señaló Catalán, quien dijo haber invitado a unas personas a sumarse a la marcha, pero le dieron un “no” como respuesta.

La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.

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