Atendiendo la solicitud de la defensa del exsecretario General de Presidencia Bernardo Moreno, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Marlene Orjuela reprogramó para el próximo viernes 29 de julio la audiencia en la que tendrá que tomar una decisión acerca de si cobija o no con medida de aseguramiento a Moreno por las ‘chuzadas’.

En la mañana de ayer, los abogados Luis Guillermo Pérez y Reinaldo Villalba, defensores de la exsenadora Piedad Córdoba y del periodista Carlos Lozano, respectivamente, le solicitaron a la Magistrada que emitiera concepto favorable ante el pedido para encarcelar a Bernardo Moreno por su aparente responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de Derechos Humanos. 

Durante la audiencia los juristas manifestaron que existen pruebas suficientes para vincular a dichas acciones ilegales a Moreno, quien habría sido el “autor intelectual”, pues los informes que hacían los funcionarios del DAS se le enviaban a él directamente, por “el gran interés que tenía” en los movimientos y acciones de ciertos personajes que habían sido fijados como “objetivos políticos”.

Según los abogados, Moreno al ver que su nombre estaba apareciendo cada vez más en el naciente escándalo de las ‘chuzadas’ habría contactado, en 2009, a algunos exfuncionarios del DAS implicados en los seguimientos e interceptaciones ilegales para que no lo vincularan con esas acciones.

Como prueba fundamental presentaron una declaración juramentada del exjefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Lagos informando acerca de una reunión realizada en el Club El Nogal de Bogotá, en 2009, en la que se habrían reunido Bernardo Moreno y el abogado Rafael Martínez con el fin de presionarlo para que no se lo vinculara con el proceso judicial.   

En el documento presentado en la audiencia pública se señaló que Moreno “presionó” para que el exfuncionario del DAS no lo relacionara con el proceso penal que se estaba adelantando contra algunos miembros del DAS por las interceptaciones ilegales, por lo que le envió una comunicación con su abogado. “Se comentó por un interés que tenía Moreno para que este señor (Martínez) intercediera para que no lo fuera a comprometer en la investigación penal que se estaba adelantando en estos momentos”, manifestó el jurista.  

Por estos hechos solicitó a la Magistrada que se emitiera una orden de restricción a la libertad del exfuncionario, puesto que puede “entorpecer el proceso judicial, manipular las pruebas y ejercer una presión en contra del libre desarrollo de la justicia” de cara al juicio que empezará en los próximos meses. 

Igualmente, señaló que en varias declaraciones exfuncionarios del DAS, entre los que se destaca Martha Leal, que trabajó como subdirectora de Operaciones y el exsubdirector de Inteligencia, Fernando Lagos, reseñan los seguimientos e interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los entonces congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba.

“Estos informes fueron presionados por Bernardo Moreno, quien tenía un gran interés acerca de los movimientos de estas personas a quienes consideraban enemigos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, precisó Luis Guillermo Pérez.  Entre los informes del organismo de inteligencia que habían sido solicitados por la entonces directora María del Pilar Hurtado se encontraban viajes, movimientos dentro de la ciudad y reuniones familiares, entre otras acciones, para vincularlos a actividades ilegales.

Los seguimientos también tuvieron como objetivo a los periodistas Daniel Coronell y Carlos Lozano, quienes eran fuertes críticos de la administración gubernamental de Álvaro Uribe Vélez.