Una investigación a quienes hicieron parte de la identificación de las víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, fue ordenada por la magistrada del Tribunal de Bogotá, Teresa Ruiz, quien además informó de la decisión al Ministerio de Defensa para que cesen los pagos a las personas que se declararon afectadas por esta masacre perpetrada en julio de 1997 a manos de los paramilitares.

La decisión se da a raíz de lo expuesto por una Fiscal de Justicia y Paz, durante una audiencia de imputación de cargos contra integrantes del bloque ‘Héroes de los Llanos’, en la que se señaló que de las 26 personas a las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, reconoció como víctimas, 16 siguen rodando por este mundo.

Cabe recordar que por esta masacre, el Estado colombiano ya fue condenado por la propia Cidh en 2005. En su providencia, el organismo había señalado que a las víctimas antes de ser ejecutadas fueron “privadas arbitrariamente de libertad y sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Agrega la sentencia que “los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare”.

No obstante, para la Fiscalía apenas están plenamente establecidas tres desapariciones, tres homicidios, cuatro muertos en el sector de Cooperativa, a la salida de Mapiripán y tres secuestrados.
 
Algunas de las ‘falsas víctimas’

Según conoció Caracol radio, Mariela Contreras, quien acudió a Costa Rica, sede del organismo internacional, para dar testimonio de la muerte de su esposo, Gustavo Caicedo Rodríguez, y de sus dos hijos, Hugo Fernando Rodríguez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras, reconoció que a su conyugue lo mató la guerrilla.

Uno de sus hijos se encuentra desaparecido pero hay un reporte en las bases de datos del Estado que indican que sacó su cédula en el año 2001 mientras que el otro de sus hijos está vivo e hizo parte de la guerrilla.

Justamente, esta posible ‘falsa víctima’, reveló a la Fiscalía que Rugo Fernando se desmovilizó en el año 2008 y cuando lo presentó ante el colectivo de abogados José Abelar Restrepo, le sugirieron que no informara nada a las autoridades sobre el paradero de su hijo, por quien ya habían recibido una indemnización por parte del Estado.

Otro caso documentado en la audiencia fue el de los hermanos Enrique Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López, así como su familiar Jaime Riaño Colorado, quienes recibieron mil 258 millones de pesos.

Un tercer caso tiene que ver con Wilson Molina, quien figuró como desaparecido pero que apareció reportado en las bases de datos del Estado tramitando un duplicado de su cédula el 8 de febrero de 2003 e incluso como desplazado de acuerdo a un reporte del primero de enero de 1999. Esta persona recibió 394 millones 660 mil pesos.