Con el relato de cómo sucedieron los crímenes se reanudó ayer, y en medio de la polémica, la audiencia contra los paramilitares que estuvieron involucrados en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997.

Uno de los casos que se relataron fue el de José Roland Valencia, funcionario de la Alcaldía de ese municipio para la época de los hechos y quien tenía a su cargo los despachos de la pista de aviones del municipio.

De acuerdo con la exposición, Valencia estaba en su casa cuando un grupo de hombres llegó a su vivienda golpeando puertas y ventanas de manera violenta.

Cuando él salió, de inmediato lo amarraron de las manos y le dijeron que se lo llevaban porque “lo andaba buscando el patrón”.

Su esposa, Marina Sanmiguel, les rogó a los integrantes de las AUC que no se lo llevaran, pero fue en vano. Al día siguiente le avisaron que lo habían matado. Valencia fue degollado. A 10 metros del cuerpo fue hallada la cabeza. Dejó una viuda y cinco huérfanos.

Por estos hechos, una Fiscal de la unidad de Justicia y Paz les imputó, en principio, los delitos de homicidio en persona protegida, tortura, violación a domicilio y en calidad de coautoría, desplazamiento forzado. No se descarta que a los postulados implicados les endilguen secuestro.

El de Valencia fue uno de los tres casos que explicaron en la audiencia de ayer, dado que la diligencia se retomará hoy.

Ante ella comparecerán Dúmar Jesús Guerrero Castillo, alias ‘Carecuchillo’, Julio Enrique Flórez González, José Antonio Hernández Pérez, Elkin Casarrubio Posada, Humberto Antonio Aguilar, Francisco Manuel Jiménez Hernández, José Efraín Pérez Cardona, Agustín de Jesús Sánchez Mejía y José Baldomero Linares.
 
La polémica

En la sesión del martes, la fiscal Yolanda Prado sostuvo que de las 26 personas a las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, reconoció como víctimas, 16 están vivas.

De acuerdo con el listado que se maneja en el Tribunal, las personas que fueron asesinadas son Antonio María Barrera, Wálter Mosquera, Sinaí Blanco, Óscar Alberto Madrid, José Roland Valencia, Carlos Harvey Beltrán, Wineyer Torres, Orlando Martínez y Álvaro Tovar Muñoz.

Cabe recordar que por esta masacre, el Estado colombiano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2005. En su providencia, el organismo había señalado que a las víctimas antes de ser ejecutadas fueron “privadas arbitrariamente de libertad y sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

A raíz de esto, el Estado fue condenado a pagarles a las víctimas, pero algunos se hicieron pasar como tal y exigieron del Gobierno millonarias sumas.

Uno de esos casos es el de la familia Martínez Pinto a la que le entregaron mil 135 millones de pesos. Sin embargo, se comprobó que la persona que se hizo pasar como asesinado en esa masacre obtuvo una casa el año pasado, en 2003 hizo el cambio de cédula de ciudadanía y en 2005 se afilió a una EPS.

MINDEFENSA DEBE SER CONSIDERADO COMO VÍCTIMA

El ministro Juan Carlos Pinzón sostuvo que a raíz de las irregularidades que se presentaron en el reconocimiento de las víctimas de la masacre de Mapiripán, por las cuales el Ministerio de Defensa fue obligado a indemnizar a los familiares de los ultimados, el  Gobierno solicitará a la Fiscalía le sea declarado víctima en el proceso.

“El Ministerio de Defensa tendrá que hacerse parte en el proceso como víctima para evaluar los caminos jurídicos que permitan, dependiendo de cómo concluyan estas investigaciones, restablecer el patrimonio público”.

Pinzón afirmó que “es muy positivo que se esté avanzando en las investigaciones porque es importante que se llegue a la verdad, de eso se trata la justicia y de eso se tratan los procesos”

‘FALSAS VÍCTIMAS’ DEBERÁN SER JUDICIALIZADAS

Como “un engaño preocupante, doloroso y sumamente grave” calificó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, lo revelado por una Fiscal de Justicia y Paz sobre el caso de la masacre de Mapiripán en el sentido de que había falsas víctimas que se hicieron acreedoras a una indemnización millonaria por cuenta del Estado.

Sobre estas personas, Esguerra exhortó a la Fiscalía para que se actúe con celeridad y sean puestos ante la justicia.
“Estas personas incurrieron en fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir”, precisó el alto funcionario al tiempo que consideró que las falsas víctimas son unos “sinvergüenzas” que se aprovecharon del trabajo que Colombia está haciendo en el trabajo de reparación con las víctimas.

De igual forma, Esguerra sostuvo que se va a pedir la aclaración para establecer quiénes asesoraron a estas personas y las motivaron para pedir la indemnización. “En caso de que se haya tratado de abogados, es más grave aún. No hay derecho a que exista una minoría de abogados dedicados a ese tipo de actividades”, enfatizó el titular de la cartera.

REBAJAN PENA AL GENERAL USCÁTEGUI

La Corte Suprema de Justicia redujo la pena de 40 a 37 años de cárcel al general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado como coautor en la masacre de Mapiripán

La Sala Penal avaló el recurso de casación interpuesto por la defensa con el cual se avaló la prescripción del cargo de falsedad en documento público, uno de los delitos por los que fue condenado el oficial.

Además, el Alto Tribunal pidió a la Procuraduría emitir un concepto por los delitos de homicidio y secuestro debido a las nuevas pruebas allegadas por la Fiscalía, en las cuales se revela que entre el 15 y el 20 de julio de 1994 sólo fueron asesinadas 13 personas a manos de las AUC en complicidad con el Ejército y no 49.

La Sala Penal tendrá que analizar el caso para determinar si confirma la condena del General en retiro o lo absuelve por este caso, acogiendo entonces la sentencia de primera instancia.


LA RESPONSABILIDAD FUE DE LA FISCALÍA

Luego que la Fiscalía ordenara investigar si hay falsas víctimas en el caso de la masacre de Mapiripán, Meta, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, que fungió como representantes de las mismas, pidió que las autoridades judiciales sean las que investiguen los hechos.
“Si algún o algunos demandantes solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la

autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. Estamos en total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos”, señaló el colectivo en un comunicado.

El documento asegura que siempre han actuado creyendo en la buena fe de las víctimas y que para este caso asumieron la representación de las personas que se declararon afectadas por los hechos, que “rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido”.

El Colectivo señaló que hizo defensa de cinco grupos de personas que se identificaron como tal por los hechos perpetrados por paramilitares entre el 15 y 20 de julio de 1997 y admitió que entre estas, está Mariela Contreras, quien fue reconocida como víctima en las instancias nacionales luego que rindiera declaración ante la Fiscalía y que, al parecer, no habría sido víctima y fue reparada por el Estado.

Una condena señala que la metodología usada para la ejecución de la masacre y de la destrucción de los cuerpos “ha obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar de que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997”, destaca el comunicado y recuerda que el Tribunal Interamericano endilgó la obligación al Estado colombiano de identificar plenamente a las víctimas.

El Colectivo afirmó que siempre ha insistido en la necesidad de que se esclarezcan la cantidad de víctimas del hecho y que esa responsabilidad es de la Fiscalía “y no de las víctimas ni de sus representantes legales”.