La Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá exigió a los ministerios de la Defensa y del Interior junto con el Ejército nacional a pedir perdón a la población de Cajamarca por la masacre en que la que murieron cinco campesinos a manos de la Fuerzas Armadas del Estado.
La decisión se tomó en la audiencia de segunda instancia, en la que se pretendÃa revisar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, que en 2009 sentenció a penas de 40 y 35 años de cárcel a cinco militares, adscritos al batallón contraguerrillas Pijao de la Brigada Sexta del Ejército, al hallarlos culpables del crimen.
De acuerdo con Semana, los hechos se presentaron el 10 de abril de 2004 en la vereda Postosà de ese municipio, en donde efectivos del Ejército balearon a un niño, un bebé y tres adultos quienes, al parecer, confundieron a sus vÃctimas con guerrilleros.
Según la publicación, los soldados profesionales Noel Briñez Pérez, Jhon Jairo Vizcaya RodrÃguez, Albeiro Pérez Duque y Luis Fernando Ramos MartÃnez deberÃan purgar una pena de 35 años de cárcel y pagar dos mil salarios mensuales vigentes.
El fallo emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Ibagué, también, sentenció al soldado profesional Jhon Jairo Guzmán Gallego, a 40 años de prisión por haberle disparado a uno de los sobrevivientes que habÃa quedado levemente herido y estaba pidiendo ayuda. El examen forense determinó que habÃa sido rematado a corta distancia con un tiro de gracia.
Según la versión de los militares, los soldados se encontraban en la vereda en la noche del sábado 10 de abril. Como la guerrilla les habÃa prohibido el paso a los campesinos a esa hora, los soldados dispararon “hacia el ruido†que salÃa de la espesura del monte.
Sin embargo, quienes estaban allà no eran guerrilleros. Eran Albeiro Mendoza y su esposa Yamile Urueña, los dos de 17 años; su hijo Cristian, de seis meses; César Santana Gutiérrez, de 14 años; y Norberto Mendoza Reyes, de 24 de años, quien fue rematado por el soldado Guzmán, quien le dijo a la FiscalÃa que el suboficial que los dirigÃa rifó quién debÃa rematar al sobreviviente: “Mi cabo Gómez nos dijo que los muertos no hablaban y que tocaba matarloâ€.
Después de siete años del crimen, la justicia ordenó al Gobierno corregir lo que fue calificado como “un error” de combate.
Credito
CM& Y SEMANA.COM
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