La denuncia también va dirigida contra los magistrados de la Corte Constitucional Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz, a fin de que se investiguen presuntos favores recibidos con nombramientos de sus familiares en puestos. 

La denuncia fue interpuesta por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricato, cohecho, concierto para delinquir y encubrimiento, entre otros. 

Bustos le dijo a Colpresa que “las acusaciones que hizo Pretelt dan cuenta de la injerencia indebida del Fiscal General en decisiones como el Marco Jurídico para la Paz, como en la designación de cuotas burocráticas. Lo que él llamó literalmente la “compra de conciencias” de la Corte”. 

La denuncia también pide que se investigue por qué supuestamente se “engavetó” durante varios años y solo ahora se trajo a la luz, un proceso adelantado por la adquisición de dos predios en el Urabá antioqueño por parte de la familia Pretelt, en los que, al parecer, hubo un caso de desplazamiento forzado. 

La denuncia de RedVer también pide investigar la vinculación entre el Fiscal Montealegre y la magistrada Gloria Ortíz en su nombramiento, ya que ella era su asesora personal. 

Bustos indicó igualmente que se solicitó el impedimento del Secretario General de la Comisión, Juan Pablo Duque, “quien sería cuota del Fiscal por su cercanía y grado de amistad”. 

Cabe recordar que el viernes pasado, el magistrado Pretelt dijo que el Fiscal General habría llamado a su esposa a interrogatorio por el caso de las tierras del Urabá como una forma de presionarlo para que renunciara y así “tomarse la Corte”. 

También dijo que sostuvo varias reuniones en casa de Montealegre, por invitación de él, en las que no pudo ser convencido de que los guerrilleros no pagaran ni un día de cárcel, ni de modificar su ponencia sobre una demanda al Marco Jurídico para la Paz. 

“Fueron muchas 4, 5, 6 ó 7, las veces que hemos conversado sobre el tema de los alcances y le manifesté que no daba mi brazo a torcer, en el sentido que responsables de lesa humanidad y crímenes de guerra deberían tener una pena real y efectiva”, dijo.