El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, junto con Marta Lucía Olano García, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, le indicaron al Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que tienen algunos reparos en cuanto al decreto 1535, emitido el pasado 15 de septiembre.

El argumento de Martínez Neira y Olano García está basado en que “con la expedición del decreto 1535 se desborda la competencia reglamentaría del ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que administra la Sociedad de Activos Especiales”.

En la carta, dirigida al ministro Gil Botero aseguran que el presupuesto del Frisco tiene destinaciones específicas particularmente en el fortalecimiento de la justicia y de la Fiscalía, y no para sufragar los gastos necesarios para administrar y disponer de los bienes inventariados por las Farc, que tienen por finalidad un fondo distinto.

De acuerdo con el documento, las partes expresaron que este sería el único reparo que tienen frente a dicho decreto, “por lo demás, debemos manifestarle que celebramos que estén definiendo los asuntos relacionados con la efectiva entrega de los bienes que poseen las Farc, pero su administración no puede hacerse cargo al Frisco a riesgo de emplear dineros públicos en actividades que legalmente no le están autorizadas”.

El decreto 1535

El decreto 1535 fue expedido por el Gobierno nacional con el fin de reglamentar una serie de mecanismos para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pueda recibir los bienes que las Farc incluyeron en el inventario entregado al Gobierno, y de esta manera poder verificarlos, custodiarlos y administrarlos.

Dicho decreto permite que los bienes del grupo guerrillero, y que haya recibido la SAE, sean transferidos al Patrimonio Autónomo que se deberá crear en el Departamento Administrativo de la Presidencia para los bienes y que será gobernado por un Consejo Fiduciario.