La condena interpuesta contra tres directivos y un exeditorialista del diario El Universo generó ayer airadas críticas por parte de organizaciones de defensa de la libertad de información, que calificaron la medida desproporcionada.
La organización Reporteros sin Fronteras, RSF, deploró la sentencia, que calificó de “acoso judicial”, en un comunicado difundido desde París. “Este acoso judicial pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas que busca acallar los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el presidente (Rafael) Correa”, dijo.
El exeditor de opinión Emilio Palacio y los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez, del diario El Universo, fueron sentenciados el pasado miércoles, por un Juzgado de Guayaquil, a tres años de cárcel y a pagar una multa de 30 millones de dólares tras una demanda interpuesta por el presidente Rafael Correa, que los acusó de injuria y calumnia, por la publicación de una columna que criticaba su proceder durante una manifestación.
“Aún si Palacio sostuvo una posición extrema, rechazamos la condena”, agregó RSF, que abogó por “despenalizar los delitos de prensa” en Ecuador y consideró la decisión “inoportuna”, pues fue adoptada “en pleno debate sobre la futura Ley de Comunicación”.
Palacio escribió, en un artículo publicado el 6 de febrero, que “el “Dictador”, refiriéndose a Correa, debería recordar que en el futuro, un nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarlo ante una Corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. El artículo hacía énfasis a las acciones cometidas durante una rebelión policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, al que el Jefe de Estado calificó como un intento de golpe de Estado.
Por su parte Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se refirió a la sentencia como “un grave zarpazo” a la libertad de información y se solidarizó con los periodistas de El Universo.
El gobierno de Rafael Correa “continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por ley o por vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos”, acusó Marroquín en un comunicado.
La SIP, organización de dueños y editores de medios de comunicación con sede en Miami y criticada duramente por Correa en diversas oportunidades, mostró, así mismo, su extrañeza por “la rapidez del proceso, que culminó en la condena”, e instó a “instancias superiores” de justicia a revertir la decisión, que fue apelada por los periodistas.

Por un Juez civil
Alison Bethel McKenzie, directora del Instituto Internacional de Prensa, IPI, con sede en Viena, dijo estar “escandalizada” con la sentencia, que consideró “desproporcionada” y “excesiva”.
“Estamos escandalizados por el veredicto y lo condenamos. Es desproporcionado con respecto al ‘delito’ cometido”, declaró  Bethel McKenzie, recalcando que un procedimiento ante una jurisdicción civil “habría sido más conforme con los parámetros internacionales”.
“La naturaleza excesiva de la sentencia demuestra la necesidad de eliminar en América Latina, como en el resto del mundo, las leyes penales arcaicas e ilegítimas contra la difamación”, añadió la directiva del IPI, red que se proclama dedicada a “salvaguardar la libertad de prensa, de opinión y de expresión”.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, se sumó a las críticas diciendo que la condena era “una decisión preocupante que no guarda relación con la supuesta infracción o delito”, por tratarse de una opinión editorial “que en modo alguno podría significar un acto delictivo”.
“La sentencia revela lo acertadas que estaban las dudas sobre la independencia de ciertos sectores del poder judicial de Ecuador”, dijo Ricardo Uceda, director ejecutivo de IPYS, una sociedad latinoamericana de periodistas basada en Lima y con presencia en Ecuador.