La explotación minero-energética y la agropecuaria operan en escenarios de ruralidad donde se combinan  factores de producción como tierra, agua y mano de obra, entre otros, los cuales pueden ser operados con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental para generar riqueza económica y capital social o, por el contrario, pueden ser objeto de prácticas generadoras de pobreza. 

El manejo sostenible y productivo de la tierra y el agua son temas de tal nivel de importancia estratégica y de intrincados intereses que, desde el punto de vista de la gestión integral del territorio, no debe reducir su tratamiento a escenarios locales, municipales y departamentales. Al contrario, en su concepción y diseño y en sus grandes decisiones se requiere de una visión nacional capaz de tejer, en una agenda común, la pluralidad de agendas territoriales. 

En la perspectiva del tiempo, el tema no se puede acotar al período de un gobierno. Más bien requiere ocupar un lugar relevante en la construcción de políticas de Estado, cuyos horizontes de tiempo trasciendan cuatro años de un gobierno nacional, departamental y local o dos años de las autoridades ambientales a nivel regional.

Los conflictos asociados al uso de las tierras y las aguas con fines productivos y/o de conservación están al orden del día en toda la geografía colombiana. En éstos confluyen los intereses de la actividad minera-energética, agropecuaria, ambiental y de aquellos que velan por los intereses de grupos poblacionales como pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, las comunidades indígenas y afrocolombianas y, en no pocas veces, las agendas de los sectores vinculados al sector institucional de la defensa. 

En el Tolima, basta con las explotaciones de oro en Cajamarca y Ataco, para mostrar como el tema está a flor de piel, generando grandes sensibilidades frente a los dilemas acá planteados.

Colombia necesita una institucionalidad en el orden nacional que vele por  la necesaria y estratégica administración de los factores tierras y agua, para que estos puedan ser gestionados con criterios de competitividad social, económica y de sostenibilidad ambiental, con visión nacional y perspectiva de Estado, por tratarse de una tarea en la que no puede permitirse que se impongan los criterios unidimensionales de uno u otro sector.

Por ello, se requiere un Consejo  Nacional de Tierras y Aguas, con capacidad y facultad para condicionar y orientar la gestión de estos dos recursos en las escenarios más locales, intermedios y nacionales, que dirima los conflictos que se avizoran y oriente al país hacia una conducción de las locomotoras minero-energéticas y agropecuaria por los rieles de la competitividad social y económica y de la sostenibilidad ambiental.