Para ello fijó el valor de la Unidad por Capitación (UPC) del primero, que es lo que el Gobierno entrega por afiliado, en $433.666.

Este anuncio gubernamental se hace en la misma onda de otros: como algo histórico, encubriendo aspectos negativos, muchos de ellos estructurales, que están incorporados. Aquí es más grave, en tanto la salud en cualquier momento puede hacer fatal estallido.
 
Las primeras voces de inconformidad vienen de las redes públicas hospitalarias, empezando por Bogotá y Cundinamarca.

En el primer caso, el nuevo POS se inicia con una acreencia de las EPS por $260 mil millones que tiene en iliquidez absoluta a los 22 hospitales y, en el segundo, se denunció que traería el cierre de por lo menos 33 de los 37 hospitales departamentales, subsistirían cuatro.

También en Antioquia se habla de una deuda de $500 mil millones. En total, los intermediarios deben $4 billones a los hospitales públicos en Colombia.

La unificación del POS tiene un agravante: coloca todos los subsidios en manos de las EPS, incluidos los correspondientes a los procedimientos no-POS y de segundo y tercer nivel.

Esto implica que tanto hospitales como clínicas privadas tendrán que financiarles una cartera todavía más voluminosa y con menor contratación. Absurdo, se les sirve más queso a los ratones.

Lo anterior conllevará a que aumente la plata de los usuarios para completar los enormes vacíos que aún quedan en la atención integral ya que, al final, se les trasladará la nueva escala de costos.

El fondo de los dos regímenes vale $28 billones anuales y el gasto total es cerca de $36 billones, el faltante, que cubren los hogares, se incrementará.

Insólito es que, aunque el POS ahora sea igual, el pago per cápita del régimen contributivo valga más: $547.639; es decir el nuevo POS – subsidiado- empezó desfinanciado.

No es error de cálculo ni hecho fortuito, es la aplicación del cicatero criterio constitucional de sostenibilidad fiscal, promovido por la administración Santos, estrenándose en el sector salud. Sucedió lo que se pronosticó.

Como el mal principal es la Ley 100, con la privatización del sistema en manos de rentistas, y el nuevo escenario la refuerza, la explosión de la Reforma a la Justicia pudo ser juego de niños frente a lo que tanto atropello en la salud podría suscitar en la indignación ciudadana.

Digámoslo con anticipación: responsable será el gobierno de Santos al aplicar remedios que no tratan la verdadera enfermedad sino que –antes bien- la empeoran.