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Por el tema de esta columna quiero recordar que en 1985, comencé mi vida político electoral -después de ya una larga trayectoria como juez profesor y abogado litigante en penal- en una alianza que llamamos “Tolima Libre” para oponernos a la hegemonía entonces reinante. Me invitaron los reconocidos y honestos dirigentes políticos de la época Rafael Caicedo Espinosa, Alberto Rocha Alvira, y los esposos Alfonso Jaramillo Salazar e Hilda Martínez de Jaramillo. De estos últimos -mis mentores políticos en esa ocasión- en medio de los avatares propios de la vida pública, los tolimenses tenemos un buen recuerdo. Jamás, a diferencia de otros, metieron la mano en la política como dijera el maestro Echandía.
En 1986, hicimos esa alianza, los Jaramillo, un sector del nuevo liberalismo encabezado por Rubén Darío Ramírez, y la Unión Patriótica, partido que había salido de los Acuerdos de la Uribe en 1984, durante el gobierno de Betancourt. Guillermo Alfonso Jaramillo encabezó el Senado y quien escribe, la Cámara de Representantes. Desde el principio -con diferencia de personalidades- tuvimos empatía por representar un sector de izquierda dentro del liberalismo; posteriormente, Guillermo Alfonso se fue más a la izquierda y en respetable actitud política, milita hoy en el petrismo.
Han sido 38 años en los que he aprendido a admirarlo por ser un hombre de principios y de una honestidad personal a toda prueba. Ha servido a la política y no se ha servido de ella para enriquecerse. Desde el liberalismo, hice público mi apoyo para la alcaldía de Ibagué como representante de una coalición de izquierda. Y no me arrepiento en lo más mínimo.
Por eso me sorprende que lo tengan hoy sometido a un injusto proceso penal, siendo él de los pocos dirigentes políticos que como suelo decir, ni roba ni deja robar. Una decisión administrativa sobre un contrato con una entidad reconocida ampliamente por los tolimenses como la “Fundación Festival Folclórico” -dirigida por Betty García la primera reina del Folklore-, jamás ha debido ser objeto de imputación criminal. Una contratación que tenía como objeto -¡hace siete años!- el alumbrado navideño con un componente cultural, siendo él médico y no abogado, no tuvo ningún contenido doloso ni se hizo con el ánimo de apropiarse de dineros públicos, y muchísimo menos, en beneficio del alcalde.
Me animé a escribir esta columna por la forma como algunos medios registraron una petición de condena de la Fiscalía regional, sin explicar sus alcances. Se dio a entender que era inminente su captura cuando en la etapa del juicio, incluso si hay condena de primera instancia -que en mi criterio no tendría por qué haberla- habría que esperar aún dos recursos, apelación y casación que mínimo toman tres años. Se quería hacer el daño ahora cuando con razón él ha “sonado” para hacer parte del nuevo gobierno. Y no se dijo que la Procuraduría, que en el proceso penal representa nada menos que los intereses de la sociedad, pidió la absolución, no por duda razonable, sino por atipicidad, es decir, por considerar que la conducta, sin necesidad de entrar a estudiar siquiera la culpabilidad, no está prevista como delito en el Código Penal.
No deja de ser cruelmente irónico que mientras en el país a veces no se profundiza en el enriquecimiento ilícito, ni en la apropiación indebida de bienes del erario, ni en la corrupción derivada de los cupos indicativos, se haya hecho tanto despliegue, hasta el punto de hacer creer que estaba al borde de la cárcel un hombre íntegro como lo es Guillermo Alfonso Jaramillo.
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